Insiste en la nacionalización y confía en tener margen

Fomento ultima un recurso para frenar la liquidación de radiales

Autopista AP-36, entre las localidades de Ocaña y La Roda.
Autopista AP-36, entre las localidades de Ocaña y La Roda.

Vuelven a saltar chispas, con batalla judicial incluida, entre el Gobierno y las empresas y bancos involucrados en la crisis de las radiales. La primera concesionaria abocada a la liquidación, la AP-36, que va de Ocaña (Toledo) a La Roda (Albacete) y está participada por Ferrovial y Sacyr, tiene ya sentencia de un juzgado de lo Mercantil en Madrid. Abierta la fase de liquidación, tras rechazarse la propuesta de convenio de Fomento, el propio ministerio prevé recurrir la próxima semana. La solución para esta autopista, y otras siete concesionarias, volverá a estar en el aire durante meses.

Se trata de un tiempo extra que en Fomento estima esencial para llevar a cabo el plan de nacionalización de autopistas, que lleva coleando toda la legislatura. En el sector de las infraestructuras se aprecia, sin embargo, un fuerte riesgo reputacional tanto para el país como para el propio negocio si la solución a la insolvencia de las concesionarias –por el incumplimiento de las previsiones de tráfico, sobrecostes de construcción y expropiaciones– sigue dilatándose en el tiempo o termina por no llegar.

Los tribunales, por tanto, elevan la presión para que sector privado y Gobierno lleguen a un acuerdo. La parte pública confía en tener margen para sacar adelante su proyecto de nacionalización antes de que finalice el actual mandato de Mariano Rajoy y de que se produzca una cascada de liquidaciones, situación ante la que el Estado debería indemnizar a la banca que financió la construcción de las citadas infraestructuras al ser titular de la garantía de cobro. Como es sabido, las concesionarias pignoraron la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) como aval a la hora de levantar los créditos para la construcción de las carreteras.

A este pulso legal se suma el malestar reinante en Fomento tras la advertencia de la patronal de las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan, sobre el coste de dejar entrar en liquidación a las ocho autopistas en crisis.

Ante la reiterada afirmación de la ministra de que el rescate “no costará un solo euro a los contribuyentes”, el presidente de Seopan, Julián Núñez, señaló la semana pasada en rueda de prensa que la crisis de las autopistas podría costar caro al bolsillo de los españoles: el pago de la RPA por la liquidación de las concesiones se iría a los 5.700 millones, a lo que habría que sumar la amenaza de costes superiores a los 2.300 millones por litigios, según cálculos del colectivo empresarial. La factura final superaría los 8.000 millones, según sus cálculos.

La legislatura está en su recta final y el plan de nacionalización está varado ante la negativa de la banca extranjera a aceptar una quita del 50% en la deuda de las concesionarias y la posterior remuneración del saldo pendiente, agrupado en un bono y que ya colgaría de la nueva empresa nacional de autopistas, a un interés garantizado mínimo del 1% durante 30 años.

Hacienda ha trabajado sobre escenarios de rendimiento del bono de hasta el 3%, pero fuentes del ministerio de Fomento aseguran que su oferta no se mueve. Desde el Seopan, así como los bancos, reclaman un rendimiento similar al del bono del Tesoro.

Más de 6.200 millones entre capital y deuda

- Las autopistas candidatas a ser nacionalizadas son las radiales 2,3,4 y 5 de Madrid; la M-12 o Eje Aeropuerto de Barajas; la AP-41 entre Madrid y Toledo; la AP-36 que va de Ocaña a La Roda; el tramo Cartagena-Vera de la AP-7, y la circunvalación de Alicante.

- La inversión prevista en esas autopistas se disparó en más de 1.000 millones por mejoras solicitadas por la Administración. Sobre esta deuda ya se produjo una quita del 50% en la pasada legislatura. Actualmente las constructoras demandan 473 millones, una deuda comercial sobre la que Fomento persigue una nueva rebaja del 50% en el marco del plan de nacionalización.

- Las concesionarias llevan toda la crisis denunciando el incumplimiento de las previsiones de tráfico e ingresos que Fomento planteó durante la licitación de las autopistas. Las infraestructuras han sufrido tanto la recesión como la apertura de alternativas gratuitas, imprevistas en los pliegos. Además, el coste de las expropiaciones se fue de los 388 millones previstos que calculó Fomento a 2.250 millones. El equilibrio económico de las concesiones quedó roto por razones ajenas a sus accionistas, lo que implica el reequilibrio o la asunción de la RPA por parte del Estado.

- Los consursos de acreedores han sido generalizados y los casos se han agrupado tras los recientes cambios en la Ley Concursal. Tras el rechazo judicial a la oferta de convenio de Fomento, la AP-36 entra en liquidación y existes requerimientos de subsanación del convenio para las radiales 3 y 5, así como para la circunvalación de Alicante.

- La oferta de Fomento pasa por reunir las ocho concesionarias en una empresa nacional de autopistas. Esta partiría con una deuda de 2.240 millones, tras una quita de 2.000 millones en la deuda bancaria y de 240 millones en la de construcción. Los accionistas de las concesionarias perderían los 1.760 millones de capital aportado y los acreedores cobrarían con un bono a 30 años con un cupón del 1% garantizado.

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