Industria forzó a Roland y Boston a respaldar su recorte a las renovables

Las consultoras se resistieron a cambiar lo parámetros Boston rompió el contrato con el ministerio El informe de Roland servirá como prueba pericial para las recurrentes

Carlos Cortinas

El embrollo en el que se ha metido el Ministerio de Industria a cuenta de la contratación “de servicios de asistencia especializada” que en 2013 firmó con las consultoras Roland Berger y Boston Consulting para calcular la nueva retribución de las energías renovables, bien puede resumirse del siguiente modo: lo que se diseñó como un informe pericial en favor del Estado en posibles procesos judiciales y arbitrales, se ha convertido en una prueba (más o menos consistente) en favor de las recurrentes.

Tras remolonear casi cinco meses con excusas peregrinas, el departamento que dirige José Manuel Soria, entregó el viernes al Supremo la documentación solicitada por este tribunal sobre los trabajos de las dos consultoras. Para sorpresa del sector, el IDAE certificaba la ruptura del contrato con Boston con fecha 11 de febrero de este año, y remitía un informe de Roland Berger del 31 de octubre pasado. Muchos meses después de que el ministerio aprobase la orden con los nuevos parámetros retributivos, que han supuesto un recorte de ingresos de unos 3.000 millones a las renovables.

Fuentes próximas a las consultoras afirman que en este tiempo han recibido presiones del ministerio para que modificasen los cálculos de sus informes, de los que se derivaban unos recortes inferiores a los finalmente aplicados por el ministerio, a lo que ambas firmas se habrían resistido. De hecho, la ruptura de Boston, “por incumplimiento reiterado del contrato”, según el IDAE, responde a esta negativa y a no haber aceptado la incompatibilidad para trabajar con otras empresas energéticas que establecía el contrato.

Reacciones

La asociación fotovoltaica UNEF aseguró el viernes que “el Gobierno ha intentado justificar el ilegítimo recorte al sector con datos inventados”. Y resaltó el engaño a la opinión pública con unos informes inexistentes”.

El PSOE, por su parte, ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Industria, José Manuel Soria, explique por qué el recorte de las renovables no ha contado con el respaldo de ningún informe técnico.

IU-ICV ha ido más allá al indicar que el ministro ha podido prevaricar y ha pedido su dimisión.

Las mismas fuentes aseguran que, de hecho, el informe de Roland Berger presentado ahora no es el inicial. Y que, aún modificado en favor del ministerio, de sus datos se desprende un menor recorte, especialmente en la eólica. Las empresas estiman que el impacto económico para la eólica teniendo en cuenta la diferencia del capex (inversiones en bienes de capital que generan beneficios) utilizado por Roland y la orden de parámetros es, según las liquidaciones de primas de la CNMC, de 70 millones anuales (entre 150 y 210 millones en el primer semiperiodo regulatorio).

A primera vista, las compañías han observado que de los dos escenarios de capex que maneja esta consultora, el más alto está por encima del de la orden ministerial y el más bajo, muy por encima. Esto es así especialmente en los años en que se pusieron en marcha el mayor número de parques eólicos.

Aunque el ministerio no estaba obligado a contratar a técnicos independientes para cambiar la retribución de las renovables, los abogados del Estado así se lo aconsejaron ante la avalancha de pleitos a los que se enfrentaría. De hecho, la adjudicación del contrato estuvo condicionada a que las consultoras ofreciesen “la asistencia necesaria”, tanto al IDAE como a Industria, “en procedimientos judiciales y/o arbitrales en que pudiera ser parte el Estado”. Y es que, realmente, más que una consultora, el ministerio buscaba un perito o un auditor.

De momento, en la documentación entregada al Supremo, Roland ha dejado claro que no está obligado a ofrecerá estos servicios. Quizás tenga que acudir ante el juez como testigo.

Los expertos aseguran que, pese al ruido generado con los polémicos informes , “no hay nada definitivo jurídicamente ”, aunque reconocen que afectará “al clima psicológico del pleito, que dificultará la defensa técnica”. Y que lo que “era una pericia utilizable por el ministerio, es ahora una baza la defensa del recurrente”.

¿Quién incumplió realmente el contrato?

En una nota de prensa remitida el viernes por el Ministerio de Industria, este subrayaba lo que ya se sabía: que “los estándares de las renovables se han elaborado exclusivamente por los servicios del ministerio, en particular, del IDAE”. Y que “no se ha encargado a ninguna empresa externa su elaboración”, sino que, “con el objetivo de contar con la referencia no vinculante de otras fuentes, ese organismo contrató los servicios de dos consultoras”.

Más que aclarar, la nota siembra claras dudas: ¿por qué si los informes no eran vinculantes, el ministerio no los aceptó y pagó sin más dentro de su plazo, sin tener en cuenta las discrepancias de sus datos?. Y si solo se han utilizado informes del IDAE, ¿dónde están estos o la metodología utilizada? Además, resulta evidente que solo las presiones de Industria han dilatado el proceso mucho más allá del plazo previsto en el contrato. Según el pliego publicado por CincoDías, “el plazo de ejecución del trabajo será de seis semanas desde la firma del contrato. Después el IDAE dispondrá de dos meses para solicitar mejoras, que las consultoras deberán realizar en otras dos semanas”.

El ministerio confirma que el contrato se firmó el 18 de diciembre de 2013, por lo que los informes debían haber estado listos en marzo o abril del año pasado, mucho antes que la orden de parámetros, que entró en vigor en junio. De haber sido responsabilidad de las consultoras (a las que se amenazó con no pagar), ya en aquellas fechas Industria habría resuelto los contratos.

En julio, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal reconocía a un grupo de periodistas que había pedido a las consultoras que diesen “una vuelta de tuerca” a los informes, a los que calificó de “poco sólidos”. El ministerio alude ahora “a la negativa de las consultoras a cumplir con apartados especificados en el pliego”.