Fomento suprime el canon de acceso a la red

Guiño al sector privado con la nueva ley del ferrocarril

La ministra de Fomento, Ana Pastor.
La ministra de Fomento, Ana Pastor.

Cambios regulatorios en la antesala de la liberalización del transporte de pasajeros por ferrocarril. El anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario, dado a conocer hoy, establece un nuevo sistema de cánones que supondrá la supresión del canon anual que las operadoras afrontan por el acceso a la red de Adif. El nuevo texto incluye la bonificación de la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios.

Fomento reconoce que el anterior canon de acceso suponía "una importante barrera de entrada" a nuevos operadores. Esta era una de las peticiones de las empresas interesadas en trabajar en competencia con Renfe en el corredor Madrid-Levante. Con la recién superada estructura de cánones las empresas calculaban unas pérdidas de 70 millones en los siete años en que un primer operador autorizado por Fomento podrá ofercer servicios en el citado corredor.

La estructura actual, prevista en la ley de 2003, incluye el citado canon de acceso, otro pago por la reserva de capacidad, un canon de circulación y el canon de tráfico. La transformación del modelo supondrá a Renfe y sus rivales afrontar un canon por adjudicación de capacidad que fluctuará en función de un sistema de bonus y penalizaciones; un segundo pago por utilización de líneas y el canon por el uso de instalaciones de energía eléctrica de tracción.

Se mantiene el canon por las estaciones de viajeros o el del paso por cambiadores de ancho, entre otros.

El Gobierno ha aprobado hoy este documento, que supone “el primer paso” de una ley con la que se busca un modelo ferroviario de máxima calidad e incorpora la directiva 2012/34 de la UE por la que se establece un espacio ferroviario único europeo, y que está en plazo de transposición.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el objetivo del nuevo sistema de cánones es incrementar el uso de la red de ferrocarriles española, que cuenta con 15.215 kilómetros de longitud, de los cuales unos 3.000 son de alta velocidad, tanto en el ámbito de viajeros como en el de mercancías.

Según Pastor, la nueva ley consolida el rigor en la planificación y construcción de nuevas infraestructuras y propicia la apertura de la red para potenciar el uso de la alta velocidad mediante la mejora de la calidad y el aumento de la oferta.

La nueva ley promueve la creación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria -organismo independiente que iniciará su actividad el próximo 1 de abril-, reforzando todos los mecanismos relativos a la seguridad.

También refuerza los mecanismos para una planificación “rigurosa” de las infraestructuras ferroviarias, exigiendo que existan las fuentes de financiación suficientes, para lo que se establecen tres instrumentos. Fomento desarrollará la “Estrategia Indicativa” como instrumento de planificación de la infraestructura (desarrollo, mantenimiento y renovación), a partir de la cual los administradores de infraestructuras (Adif, Adif-AV) elaborarán un “Programa de Actividad”, que deberá recoger la previsión de actuaciones a realizar y una previsión orientativa de sus cánones para los próximos cinco años.

Asimismo, Fomento y Adif suscribirán un convenio que establecerá los objetivos a alcanzar por el administrador de infraestructuras ferroviarias y las aportaciones económicas del Estado.

La nueva ley busca también mejorar la competitividad del transporte ferroviario de mercancías, liberalizando los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas, lo que supondrá una reducción de costes y simplificando el régimen tarifario y de las autorizaciones necesarias, entre otras medidas.

Requerimientos

En materia de transporte de viajeros, se imponen a los operadores condiciones para garantizar un funcionamiento transparente del mercado, como son la obligación de aportar a Fomento información estadística y contable.

A ello se suma la obligación de llevar cuentas separadas entre las actividades de mercancías y viajeros, y dentro de estos últimos, entre los servicios comerciales y los declarados de obligaciones de servicio público.

Además, se establece que las empresas deben contar con un plan de asistencia a víctimas y se recogen los derechos de las víctimas de accidentes.

Por último, se plantea un régimen sancionador más proporcional, reforzando las sanciones sobre derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad.

A partir de ahora, se inicia un trámite de audiencia pública a todos los actores del sector, con objeto de asegurar el mayor consenso posible, y, tras el análisis de todas las alegaciones recibidas, se elaborará un nuevo texto que se remitirá en abril al Consejo de Estado y, posteriormente, al Consejo de Ministros para su aprobación como Proyecto de Ley y su remisión al Congreso.

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