Hacienda limita las ayudas a las familias monoparentales

Jarro de agua fría para numerosas familias monoparentales con al menos dos hijos a su cargo. En el caso de que su situación sea consecuencia de un divorcio y uno de los dos cónyuges o los dos (en casos, por ejemplo, de custodia compartida de los hijos) reciba una pensión o ayuda alimenticia de su expareja para contribuir a la manutención de los hijos no podrán beneficiarse de los nuevos cheques familiares puestos en marcha por Hacienda este año.

Desde el 7 de enero pasado, las familias numerosas y aquellas con ascendientes o descendientes discapacitados a su cargo pueden solicitar el llamado impuesto negativo o cheque familiar de 1.200 euros al año por el que se deducen esa cantidad en el IRPF, de forma que pueden cobrarla mes a mes, a razón de 100 euros al mes o bien descontársela de manera íntegra al realizar la declaración de la renta correspondiente a este ejercicio 2015, que presentarán en 2016.

En el debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que dichos cheques familiares se ampliaban a más colectivos vulnerables: las familias monoparentales con al menos dos hijos y los desempleados y pensionistas que tuvieran a su cargo familias numerosas o algún discapacitado.

Estos tres colectivos pueden solicitar la ayuda de 1.200 euros desde el pasado lunes 9 de marzo y, una vez aprobado su expediente, pasarán a cobrar los 100 euros mensuales (200 en caso de familias numerosas de categoría especial u hogares donde se den ambas circunstancias de familia numerosa y algún discapacitado a su cargo) con carácter retroactivo desde enero.

En el caso de divorciados, Hacienda ya explicó que la ayuda de 1.200 euros se repartiría a la mitad entre los dos cónyuges con al menos dos hijos a su cargo. La novedad estriba ahora en que si en el acuerdo de separación o en la sentencia de divorcio se establece el pago de cualquier ayuda por parte de uno de los cónyuges o de ambos para la manutención de los hijos, ya no tendrán derecho al cheque familiar.

“La medida trata de beneficiar a los colectivos con alto grado de dependencia o que son más vulnerables, de ahí que si reciben cualquier tipo de ayuda o anualidad por alimentos para los hijos deban ser excluidos de esta deducción”, explicaron ayer fuentes de Hacienda. El departamento que dirige Cristóbal Montoro elaborará un reglamento para desarrollar la orden ministerial que aprobó estas ayudas, con el objetivo de dar respuesta a todas las casuísticas que puedan plantearse.

Hasta el momento, la Agencia Tributaria ha abonado unos 60.000 cheques a familias numerosas y con discapacitados a su cargo de un total de 113.000 solicitudes tramitadas. En cuanto a las familias monoparentales, parados y pensionistas todavía no se han hecho públicos los datos, puesto que apenas se ha iniciado el plazo de solicitud.

El Pleno del Congreso tiene previsto convalidar hoy el decreto ley de segunda oportunidad que además de medidas de apoyo a autónomos y pymes sobreendeudados, contiene las nuevas ayudas familiares, la supresión de las tasas judiciales a las personas físicas o los nuevos requisitos para adherirse al código de buenas prácticas bancarias, entre otras iniciativas.

Con el decreto ley ya ratificado por el Congreso, a partir de ahora, todos aquellos particulares o pymes que emprendan cualquier actividad empresarial, así como todos aquellos que ya están embarcados en una, van a poder contar con mayor protección legal en caso de que sus negocios vayan a pique. El texto prevé actuar desde el comienzo del conflicto, en el momento y hora en que la sociedad entra en serias dificultades para hacer frente a sus deudas. Es decir, que revisa la fase de negociación extrajudicial con el objetivo de que el deudor pueda acordar con sus acreedores una reestructuración de la deuda, apoyado por un mediador concursal, que podrá ser un notario o personal de las Cámaras de Comercio, de manera que el procedimiento se ajuste a las especificaciones de pymes y personas físicas.

Si este primer intento por llegar a un acuerdo no saliera adelante, el decreto contempla acudir al concurso de acreedores. Este proceso podrá culminar con la exoneración de las deudas pendientes tras la liquidación de la empresa, siempre y cuando se hayan pagado los créditos no privilegiados, contra la masa y, si no se intentó alcanzar el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios.

Si no se cumplen esos objetivos, el juez podrá imponer al deudor un plan de pago a cinco años, durante los cuales el crédito hipotecario tendrá un tipo equivalente al euríbor más el 0,25%. Y si este plan se cumple, a la finalización del mismo, el ciudadano quedará liberado del resto de su deuda. No quedarán exoneradas las deudas contraídas con la Administración Pública (Hacienda o la Seguridad Social), ya que el Ejecutivo entiende que los créditos públicos “son de todos frente al deudor”. Eso sí, acogerse a este nuevo sistema supondrá también figurar durante un plazo de cinco años en un registro público.

La memoria económica que acompaña al decreto ley que será convalidado hoy establece un coste para el Estado de todas estas medidas de 545 millones de euros. Para que estas ventajas para los emprendedores y pymes sobreendeudados no afecten a la cultura de pago de las deudas o encarezca los costes de financiación se han introducido una serie de salvaguardas. La principal es que la posibilidad de acudir a estos mecanismos de segunda oportunidad se podrá repetir solo cada 10 años, además se introduce el control jurisdiccional y se refuerza la exigencia de buena fe del deudor, como controlar que dicho deudor no ha rechazado una oferta de trabajo apta para él en los últimos cuatro años.