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La empresa acumulaba deudas tributarias desde 1997

Coca-Cola paga 42,3 millones por impuestos no abonados desde 1997

La empresa aduce "discrepancias históricas" en la tributación de su actividad Los beneficios cayeron en España un 88% en 2013

Sede de Coca-Cola en Madrid.
Sede de Coca-Cola en Madrid.

Tras años pleiteando con Hacienda, Coca-Cola se ha rendido. El consejo de administración de la filial española, presidido por Marcos de Quinto, hoy ya fuera de la linea de gestión en España, decidió que 2013 fuera el ejercicio en el que abonó a las arcas públicas 42,3 millones por el retraso en el pago de los impuestos de sociedades e IVA durante 14 años. Ha habido que bucear hasta la página 21 de las cuentas de dicho año, presentadas por Refrescos Envasados, sociedad a través de la que opera The Coca-Cola Company en España, para descubrir el hecho. La empresa contextualiza esta importante cifra con lo largo del período impositivo recurrido.

La compañía ha tenido que satisfacer las deudas contraídas con Hacienda por el impuesto de sociedades entre 1997 y 2011. Para ello, ha abonado ya casi 41 millones, incluyendo los intereses de demora. A esta cifra se añade, los 1,6 millones por el IVA no abonado de los ejercicios 1998 a 2000. Según figura en las cuentas, estos pagos se efectuaron entre finales de 2013 y comienzos de 2014.

Si acuerdo por los salarios de tramitación

Los trabajadores de las embotelladoras de Coca-Cola despedidos en el ERE, declarado nulo por la Audiencia Nacional, llevan tres meses y medio sin recibir ningún ingreso. Desde que el tribunal ejecutase la sentencia de nulidad, quedaron sin derecho a paro y a la espera de los salarios de tramitación tras haber tenido que ser readmitidos por la empresa.

La semana pasada acabó con un anuncio filtrado por fuentes cercanas a la empresa en el que se afirmaba que se había alcanzado un “acuerdo total” con los trabajadores sobre las cantidades adecuadas. Sin embargo, esta cuestión pilló por sorpresa a los sindicatos que negaron dicho acuerdo.

Las cantidades planteadas por la compañía se situarían en torno a los 7,5 millones de euros para los 351 trabajadores afectados. Sin embargo, Juan Carlos Asenjo, representante de CCOO en la planta cerrada de Fuenlabrada, afirmaba al respecto que en algunos casos la oferta se quedaba a la mitad de lo que correspondía a los trabajadores.

El acuerdo que anunciaban las fuentes cercanas a la compañía, incluía la novedad de no obligar a los trabajadores a tener que devolver las indemnizaciones por despido hasta que el Tribunal Supremo dictamine sobre el ERE. Pero dicho acuerdo está lejos de alcanzarse y es la Audiencia Nacional la que deberá tomar una decisión. Fuentes cercanas a la operación plantean la posibilidad de nombrar un experto por parte del tribunal para dictaminar la cifra definitiva de la deuda salarial.

La empresa insiste en que estas cifras tienen su raíz en “discrepancias históricas” con la Agencia Tributaria a la hora de medir el efecto fiscal de su negocio que, al producirse durante un periodo de 14 años, se ha acumulado en el total de 42,3 millones. Dichas fuentes han querido desvincular el fuerte desembolso realizado en 2013 con Hacienda, gran parte del cual se encontraba provisionado, de la importante caída de los beneficios en la empresa. La compañía ganó en dicho ejercicio 1,2 millones de euros, un 88% menos que en 2012, cuando los extraordinarios dispararon las ganancias.

Las cuentas de 2013, que han sido auditadas por EY, son las últimas presentadas por la compañía y fueron aprobadas en el consejo de administración el pasado verano. En el escrito, la empresa afirma que recibió un requerimiento de la Agencia Tributaria el 19 de febrero de 2013 y cuya acta de conformidad fue firmada en septiembre del mismo año. Las cantidades de la deuda tributaria, salvo las referentes al impuesto de sociedades de 2008 a 2011, estaban aprovisionadas en las cuentas de 2012. La compañía informa en su balance que salvo el citado periodo de 2008 a 2011, las demás actas levantadas por la Agencia Tributaria, aunque hayan sido abonadas, se encuentran “recurridas o en vías de serlo atendiendo a las distintas fases de alegaciones en las que se encuentre cada uno de los procesos”.

La fuerte caída en los beneficios de la marca de bebidas en España contrasta con la facturación de la compañía durante el año 2013. Las ventas de la sociedad comercializadora de Coca-Cola en el país aumentaron un 12% hasta los 40,6 millones de euros. Aunque en balance soporta aún 43 millones de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

Las cuentas todavía no registran el impacto que haya podido tener el ERE de su embotelladora, ya que fue planteado a comienzos de Coca-Cola, y el boicot organizado por los sindicatos al consumo de las marcas. Hasta dentro de un año, cuando se conozcan las cuentas de 2014, no se podrá apreciar si el duro conflicto desplegado por los trabajadores despedidos está afectando a la actividad de la chispa de la vida.

Una filial al 100% para gestionar el día a día

La embotelladora de la multinacional en España, Coca-Cola Iberian Partners (CCIP)ha tomado una decisión un tanto original y extremadamente novedosa en España para organizar los recursos de gestión a todos los niveles de la compañía.

El primer grupo alimentario español ha decidido crear una sociedad limitada que se encargará exprofeso de la dirección de la empresa. La sociedad comenzó a operar el pasado 14 de diciembre. Según el texto de su registro “constituirá el objeto social de la sociedad la prestación de servicios administrativos y de gestión, incluyendo, sin limitación, los servicios en materia de recursos humanos, fiscalidad, facturación, gestión de cobros, gestión contable y financiera”. En definitiva un objeto social que recoge las funciones de cualquier equipo directivo de cualquier empresa de su dimensión pero canalizado a través de una subsidiaria.

Su capital social es de 3.000 euros. Su accionista único y su administrador único, es Coca-Cola Iberian Partners, precisamente la empresa cuya actividad tiene que tiene que gestionar, y su primer ejecutivo es Víctor Rufart, a la sazón consejero delegado en la actualidad del grupo embotellador.

Fuentes oficiales de la compañía aseguraron a Cinco Días que la pionera decisión de crear una filial de gestión, busca unificar las estructuras que hasta ahora se duplicaban en cada una de las empresas embotelladoras que en 2013 se fusionaron precisamente para crear Coca-Cola Iberian Partners. Los mismos medios no descartaron que próximamente se cree alguna que otra filial para centralizar más líneas de gestión. En paralelo negaron que la creación de esta empresa tenga algo que ver con el duro conflicto laboral que enfrenta a la empresa con parte de su plantilla.

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