Las pymes protestan por el “abuso” de las cotizadas

Montoro anima a denunciar a las empresas que pagan tarde

El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antonio Cañete, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antonio Cañete, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El presidente de la PMcM, Antonio Cañete, aseguró que las empresas que cotizan en Bolsa están incumpliendo los plazos de pago fijados por ley y abonan sus deudas a pymes y autónomos en 80 días en lugar de los 60 que fija la ley. En este sentido, entienden que “abusan” de su posición dominante. La plataforma contabiliza en 68.000 millones el coste de este retraso y estima que supone un ahorro de 4.000 millones para las cotizadas. Cañete reclamó que el Ejecutivo fije un reglamento sancionador.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que clausuró la jornada organizada por la citada plataforma, emplazó a las pymes a denunciar los posibles abusos y recordó que el Gobierno prohibió expresamente los acuerdos entre partes privadas para fijar plazos de pago superior a los legales. Montoro recordó las medidas adoptadas desde el inicio de la legislatura para atajar la morosidad en el sector público. Entre el plan de pago a proveedores y el fondo de liquidez autonómica, el Estado ha inyectado más de 100.000 millones de euros a autonomías y ayuntamientos.

Además, apuntó que se ha extremado el control para evitar los retrasos recurrentes en el abono de las facturas. Los últimos datos publicados por Hacienda muestran que la Administración central, la Seguridad Social y los ayuntamientos cumplen los plazos. La morosidad se concentra en las comunidades autónomas y, en concreto, en sus organismos dependientes. En conjunto, las comunidades presentaban en noviembre un periodo medio de pago de 58,15 días, lo que significa que, en realidad, abonan sus deudas a 88 días. Este es así porque este indicador empieza a computar transcurridos treinta días desde la entrada de la factura en el registro.

 

Quejas por la aplicación de la factura electrónica

Desde el pasado 15 de enero, todos los proveedores de la Administración Pública tienen la obligación (y el derecho) de utilizar la factura electrónica. Se trata, en principio, de una medida positiva ya que debería agilizar el proceso, evitar las facturas en los cajones y recortar el período de pago. Sin embargo, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denunció que muchas administraciones no están preparadas para recibir las facturas electrónicas. La Administración General del Estado se ha puesto en marcha el llamado portal FACe, que supone un punto de entrada de facturas para los proveedores. Las comunidades autónomas o ayuntamientos pueden adscribirse a este portal para evitar el coste y gestión que implica poner en marcha el proceso.

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