El 1 de enero pasó del 10% al 21%

Las autonomías frenan inversiones ante la subida del IVA sanitario

Máquina para hacer tomografias axiales computerizadas (TAC) en el Hospital de la Paz (Madrid).
Máquina para hacer tomografias axiales computerizadas (TAC) en el Hospital de la Paz (Madrid).

El 1 de enero entró en vigor el nuevo tipo del 21% que se aplicará a determinados productos sanitarios. Desde esa fecha, la compra de gasas, pinzas, termómetros, ecógrafos, mesas de operaciones, maquinas de resonancias magnéticas o escáneres estará gravada con ese tipo, lo que supone un incremento del 110%. En términos absolutos representará un aumento de gasto para las autonomías cercano de 400 millones, según los cálculos de la patronal Fenin, que lo eleva a 500 millones si se suma el quebranto al sector privado.

En este contexto, las consejerías de Sanidad andan echando cuentas para saber cómo van a absorber ese incremento de gasto y cómo lo van a hacer compatible con una compleja senda de consolidación fiscal, que les obligará a llevar el déficit al 0,7% cuando casi ninguna habría logrado la meta del 1% en 2014. Todas coinciden en un punto:la partida más afectada será la de la inversión de la maquinaria más costosa, que se paralizará a la espera de un mejor dato presupuestario. Por la compra de un aparato que cueste un millón de euros, la factura fiscal ha pasado de 100.000 en 2014 a 210.000 euros este ejercicio.

Valencia ha ahorrado 365 millones con la central de compras

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, valora en 60 millones el coste para las arcas públicas y reclama que ese importe se destine a financiar medicamentos innovadores o para tratar a los enfermos por hepatitis C. Andalucía no descarta poner en marcha, al igual que hizo con los fármacos y la logística, una central de compras y una subasta para la adquisición de material sanitario para tratar de impulsar el ahorro en esa materia. El que sí lo ha hecho ha sido Comunidad Valenciana, que fue pionera a la hora de poner en marcha una central de compras con la que, según fuentes de la Consejería de Sanidad, se ha logrado un ahorro superior al 20% respecto al precio de mercado. Desde su creación en 1996, las compras han ascendido a 1.500 millones y el ahorro acumulado en 18 años ha sido de 365 millones de euros. Desde la Consejería valenciana descartan que vayan a paralizar inversiones, aunque sí dejan claro que trataran de buscar precios de licitación más bajos “hasta que el Estado, a través del Consejo de Política Fiscal, determine otras alternativas, dado que el deficiente modelo de financiación estatal, no cubre el gasto sanitario real”.

Unos ajustes que van a tener que acometer algunos de los centros del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSSC), que agrupa a 154 entidades sanitarias sin ánimo de lucro que conciertan su asistencia con la Generalitat, entre ellas 42 hospitales públicos y 53 centros de atención primaria. “Dependerá de la salud financiera de cada centro. Los que estén saneados podrán absorber el incremento del gasto y los que no tendrán que apostar por reducir sus recursos y renegociar la política con los proveedores para tratar de mejorar sus márgenes”, apuntan fuentes del Consorci. Lo que parece claro es que no se va a volver a tocar los costes salariales, puesto que ya están bajo mínimos (desde 2010 los trabajadores han perdido un 27% de poder adquisitivo), y que las inversiones más costosas pueden verse ralentizadas ante el impacto de la subida del IVA.

Empleo e ingresos afectados en el sector privado

El incremento impositivo no solo afectará al sector público. La subida del IVA sanitario del 10% al 21% supondrá un golpe en las cuentas de las empresas sanitarias privadas, que verán elevados sus costes y peligrar un gran número de sus empleos, así como un recorte de sus beneficios. Un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que reúne a las grandes empresas hospitalarias y del sector asegurador, asegura que el alza del IVArepresentará un incremento de los costes equivalente al 0,8% de sus ingresos, una merma media en sus beneficios en torno al 8% y la posible destrucción de 21.000 empleos, el 21% de los puestos de trabajo en el sector privado.

Para compensar esos efectos negativos proponen la desgravación fiscal para aquellos que opten por seguros sanitarios privados y bonificaciones para aquellas empresas que tengan conciertos firmados con la Administración Pública.

Ángel Puente, presidente del Círculo de Sanidad, asociación que reúne a 20 empresas del sector, cree que la subida del IVA tendrá dos efectos. “El primero es que la Administración empezará a preocuparse por el gasto y buscará otros sistemas más eficientes que las subastas”, apunta. Puente se muestra especialmente preocupado por el impacto presupuestario que tendrá la subida en los centros sanitarios privados, como laboratorios o centros de procesos clínicos, que están exentos de IVA, pero que verán como sus costes se disparan. “Estos centros, que acogen parte de la carga de trabajo (pruebas diagnósticas, cirugía o listas de espera) del sector público verán reducida drásticamente su cuenta de resultados y eso puede tener un impacto directo en su viabilidad”, remarca.