Anticorrupción sostiene que la comisión de control de CAM era un “burdo instrumento” de lucro
La Comisión de Control de la CAM “fue un mero y burdo instrumento ideado” por su exdirector general Robeto López Abad para permitir que los miembros de la caja “cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho” y “sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad” que las justificara, ha sostenido la Fiscalía Anticorrupción en el primer día de juicio a la excúpula de la caja.
Dichos emolumentos ascendieron a entre 9.566 y 308.000 euros que se embolsó el propio Avilés, cuando le correspondían solo 15.000.
Por ello, solicita que los acusados y los miembros de la Comisión de Control de TI indemnicen al Banco Sabadell -que se adjudicó la CAM-, con casi 1,5 millones de euros de forma solidaria.
En esta primera sesión del juicio, los magistrados de la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional han rechazado todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de López Abad y del exdirector de la Comisión de Control de CAM Juan Ramón Avilés, y ha aplazado sus declaraciones hasta el lunes.
Los acusados habían cuestionado especialmente la legitimidad de la Fundación CAM y del Fondo de Garantía de Depósitos, representados ambos por el letrado Carlos Gómez-Jara para ejercer la acusación particular.
Los abogados de López Abad y Avilés, Jaime Bosch y Ginés Avilés -este también considerado partícipe a título lucrativo- habían expuesto que esta personación vulnera su derecho fundamental a un proceso con garantías y a la tutela judicial efectiva.
En este punto, los magistrados han expresado sus dudas respecto a la Fundación pero no sobre el FGD, aunque ha decidido mantenerla y pronunciarse en la sentencia sobre si fue perjudicada y si debe por ello ser compensada por los cobros irregulares de dietas.
Avilés era también propietario y gestor efectivo, a través de varios familiares y sociedades interpuestas, de “La Vereda de Sucina”, que recibió 16,6 millones en préstamos de la CAM, si bien por aplicación de la normativa sobre cajas de ahorro debería haber abandonado sus puestos en la entidad.
La Fundación considera por ello que, además de la pena de cárcel, Avilés debe pagar una indemnización de 4,9 millones por el “quebranto” derivado de los préstamos que le concedió la entidad, aunque cree que el dinero debe ir a parar al FGD, ya que este organismo le inyectó 5.249 millones antes de la venta de CAM al Sabadell.
En la sesión de hoy, el tribunal tampoco ha aceptado “la contaminación” del inspector del Banco de España que elaboró una de las periciales del procedimiento y ha subrayado su competencia para juzgar estos hechos, que también habían puesto en tela de juicio los letrados.
López Abad se enfrenta a unas solicitudes de pena de cuatro años por parte de la Fiscalía, de seis por la acusación ejercida por CAM a través del FROB, el fondo de rescate que la subastó por un euro, y de catorce por parte de la Plataforma de Afectados, mientras que en el caso de Avilés pasan por dos años y medio, diez y dieciséis y medio, respectivamente.
“Responderé a preguntas de todo el mundo”
Por su parte, Avilés ha afirmado que responderá a las pregutnas de “todo el mundo” para demostrar su inociencia. “Ya lo he dicho por activa y por pasiva, y aquí estoy demostrando mi inocencia; no lo afirmo yo, lo afirman los propios escritos” que constan en la causa, ha resaltado el exdirectivo.
Avilés ha hecho estas manifestaciones a los periodistas al término de la primera sesión de la vista, durante la que se han debatido las cuestiones previas planteadas por los abogados de los acusados y de los otros 18 miembros de la Comisión de Control de la participada por CAM Tenedora de Inversiones (TI), que figuran como partícipes a título lucrativo.