La crisis de la fibra, alto riesgo para la digitalización

Telefónica ha decidido reducir en un tercio el ritmo de despliegue de sus redes

Alta tensión en el mercado de las telecomunicaciones en España. La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) de proponer en su consulta pública sobre los mercados de banda ancha fija la obligación a Telefónica para que abra su red de fibra (con excepción de nueve grandes ciudades), ha provocado un duro enfrentamiento entre la operadora y la autoridad reguladora, además de generar una fuerte marejada en toda la industria.

De momento, la compañía que preside César Alierta ha advertido que va a ralentizar sus inversiones en las redes de nueva generación. En principio, y a la espera de la resolución del conflicto, Telefónica reducirá el ritmo de despliegue en un tercio de lo previsto. Bajo los planes actuales, Telefónica tenía desplegada la fibra en 8,8 millones de hogares a final del tercer trimestre, con el objetivo de alcanzar los 10 millones a final de año y los 20 millones a la conclusión de 2017. De llegar a este objetivo, tendría cubierto más del 80% de los hogares españoles.

Las dudas se centran en saber si el resto de empresas van a optar por frenar también sus inversiones en redes. Al cierre del tercer trimestre, Jazztel, en proceso de opa por parte de Orange, cerró el tercer trimestre con 2,67 millones de hogares cubiertos con su red de fibra, con el objetivo de llegar a tres millones en 2014 y cinco millones en 2015. Vodafone, a su vez, cuenta con los ocho millones de hogares de la red de cable de Ono, y tiene intención de llegar a 10 millones.

El debate entre los expertos y actores del mercado está abierto. JB Capital Markets indicó que con esta propuesta de reglamento se va a poner en cuestión tanto el plan de inversiones de Telefónica en fibra como de sus rivales. En su opinión, los operadores alternativos podrán ver una menor necesidad de tener sus propias infraestructuras si pueden competir en las mismas zonas con la red existente de Telefónica gracias a la oferta mayorista. Orange y Vodafone también podrían verse afectadas dado el esfuerzo financiero realizado en las adquisiciones de Jazztel, todavía abierta y a la espera de la aprobación por parte de Bruselas, y Ono, respectivamente. La suma de ambas operaciones supera los 10.600 millones de euros. “Pocos sectores en España como las telecos han atraído tanto dinero de las multinacionales extranjeras a pesar de la grave crisis económica”, señalan fuentes del sector.

Este escenario de incertidumbre puede afectar al proceso de digitalización de las redes en España. Así, otras fuentes del sector advierten de que si se frenan las inversiones aumentará el riesgo de incumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España. Este programa, ligado al diseñado para el conjunto del Viejo Continente, prevé que haya cobertura de más de 30 Mbps para el 100% de la ciudadanía, y que al menos el 50% de los hogares tengan contratadas velocidades de acceso superiores a 100 Mbps en el año 2020. En los últimos tiempos, España ha mejorado sus posiciones en Europa en el ámbito de las redes de nueva generación. Así, por ejemplo, mientras Telefónica contaba a final de septiembre con los citados 8,8 millones de hogares pasados con su fibra en España, Orange había llevado su fibra en Francia a 3,3 millones de hogares, mientras Italia había hecho lo propio con 1,31 millones de hogares en el propio mercado transalpino.

Ahora, además, de frenarse los despliegues, España corre el riesgo de que unas zonas queden conectadas con fibra y otras no, con lo que se crearía otra brecha digital, con mayor impacto negativo para la competitividad de las zonas geográficas no cubiertas.

Estas nuevas circunstancias también podrían afectar a los proveedores de equipos, entre los que figuran Alcatel-Lucent y Huawei, así como a las empresas instaladoras como Elecnor, Cobra, Ezentis, Abentel, Cotronic o Dominion, beneficiadas en su conjunto durante los últimos tiempos por la aceleración del despliegue de fibra por parte de las operadoras. El siguiente impacto sería para el empleo. En estos momentos, las contratas de Telefónica tienen trabajando en los despliegues a cerca de 10.000 empleados.

El movimiento, además, podría tener también un efecto directo para la propia Telefónica, que ha convertido al despliegue de fibra en un elemento clave de su actividad comercial, al convertirse en un pilar de su expansión en áreas como la televisión de pago.

De todas formas, tal y como recordaban los analistas tanto del Santander como del BBVA, uno de los factores clave será al precio al que finalmente se abra la red de fibra de Telefónica. “Es una cuestión muy delicada, en la que el precio mayorista que se pueda establecer finalmente tendrá un gran impacto en la inversión. Si es bajo, castigará la inversión”, advierten fuentes del mercado, quienes indican que no habría incentivos ni para Telefónica ni para el resto de compañías. En este sentido, estas fuentes advierten de que el impacto afectará a toda la estructura del mercado.

De todas formas, el proceso no ha hecho más que empezar. Ahora, las compañías afectadas podrán presentar sus alegaciones ante la CNMC, que finalmente también podría optar por introducir cambios. Así, el nuevo marco normativo no entraría en vigor antes de fin de año. Asimismo, el proceso también podría convertirse en un litigio jurídico, y es que las operadoras también tendrían la opción de recurrir ante los tribunales.