La TDT rural quiere salir de su gran lío con los nuevos concursos
Baleares adjudica su licitación mientras Andalucía y Navarra publican los pliegos
El proceso de extensión de la cobertura televisiva para llegar al 99% de la población puede salir del atolladero en el que está inmerso desde 2013, cuando la Comisión Europea anuló todas las acciones. Distintas administraciones públicas han abierto ya el proceso de licitación de los nuevos concursos, marcados por la neutralidad tecnológica.
De momento, Baleares ha adjudicado ya una solución de TDT basada en tecnología terrestre. A su vez, Andalucía y Navarra han publicado pliegos, mientras que en La Rioja ya hay un diálogo competitivo abierto. Según fuentes del sector, el resto de autonomías completarán el ciclo de nuevos concursos durante los primeros meses de 2015. Cada región debe elaborar su propio pliego y negociar con Bruselas
El proceso lleva abierto varios años. Fuentes del sector explican que en la transición de la televisión analógica a la TDT se fijaron unos objetivos de cobertura diferenciados, fijándose tres zonas en función de la cobertura por parte de los radiodifusores. Para la denominada Zona II, que incluía la población cubierta por centros complementarios de televisión analógica gestionados por administraciones territoriales, el Gobierno estableció un plan de actuaciones para completar la digitalización de estos centros. Así, el Gobierno, a través de las comunidades autónomas, facilitó ayudas por valor de 260 millones de euros.
Las administraciones territoriales realizaron concursos para digitalizar los centros y mantenerlos posteriormente. Un total de 50 empresas resultaron adjudicatarias, entre las que destacaba Abertis. El volumen de negocio de estos concursos rondaba los 15 millones de euros al año.
Sin embargo, en 2010, Astra denunció ante la Comisión Europea los concursos al considerar que se había producido un fallo de mercado al no respetar la neutralidad tecnológica entre las distintas soluciones. En 2013, Bruselas determinó la incompatibilidad de las ayudas de Estado, e instó a España a recuperarlas. La cuestión era crítica porque los adjudicatarios ya habían suministrado material y realizado los trabajos de instalación y mantenimiento. En este momento, España y Bruselas están tratando de dilucidar cuáles son las ayudas públicas para la devolución, y alguno de los adjudicatarios no descarta denunciar el resultado de esta negociación.
Además, España debía convocar nuevos concursos bajo la premisa de la neutralidad tecnológica. Entre las condiciones fijadas por Bruselas para las licitaciones figura la valoración del coste de difusión prestado por operador, bien de TDT bien de Satélite, incorporando el coste del despliegue de la infraestructura necesaria como si ésta en realidad no estuviera ya desplegada. Asimismo, tendrá que valorar el impacto que supone para el ciudadano el coste de la antenización, pero de forma que no pueda limitar un posible cambio de tecnología.
Fuentes del sector señalan que el hecho de que los nuevos pliegos regulan unos concursos que no deben repetir los errores de los anteriores podría provocar un cierto sesgo favorable hacia soluciones alternativas a las iniciales, fundamentalmente terrestres.
En este caso, fuentes de las empresas ligadas a la tecnología terrestre advierten de la posible pérdida patrimonial para las administraciones puesto que se dejarían infrautilizadas las redes de TDT ya desplegadas. Además, en su opinión, habría pérdida de inversión y de puestos de trabajo porque el satélite no precisa de personal y servicios de mantenimiento en cada zona, con el consiguiente efecto tractos sobre la industria auxiliar del sector. “Solo en el caso de Abertis, la inversión acumulada en el despliegue de la TDT supera los 400 millones de euros”, afirman.
Asimismo, creen que el ciudadano tendrá que hacerse cargo de la antenización al satélite que, según sus estimaciones, puede llegar a ascender a 500 euros por hogar, además de tener que mantener la recepción a través de TDT para garantizar el acceso a canales locales o autonómicos.
Un duelo entre las distintas tecnologías
Luis Sahún, director general de Astra, afirma que su empresa lo único que ha hecho es defender sus derechos y recuerda que Bruselas les dio la razón en este litigio. El ejecutivo señala que en España toda la estrategia de difusión televisiva se ha dirigido a que la tecnología fuera terrestre pese al coste, y recuerda que todavía no se ha devuelto ni un euro.
Sahun, que recuerda que para llevar la TDT al 99% de la población hacen falta cerca de 5.000 antenas y repetidores, indica que en 10 años el coste de equipos y mantenimiento puede rondar los 1.000 millones de euros. “Por satélite sería la décima parte”, dice. En su opinión, el coste de antenización del satélite se sitúa en un rango de entre 110 y 120 euros por usuario.
El directivo señala que Astra se irá presentando los nuevos concursos, y vigilará que se cumple la neutralidad tecnológica.
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