La lotería de la subasta del incentivo eléctrico
Como ya viene siendo tradicional, los meses de diciembre suelen ser propicios para algún fiasco eléctrico. Aunque nada comparable con lo ocurrido hace un año, cuando los precios del mercado rompieron todas las barreras ante la mirada impotente del Gobierno, que reaccionó eliminando las subastas Cesur (unos sucesos que, por cierto, nunca se aclararon convenientemente),este año le ha tocado el turno a la subasta del servicio de interrumpibilidad.
En el marco de la reforma eléctrica, el Ministerio de Industria decidió modificar el sistema de reparto de este incentivo eléctrico a la gran industria que, hasta ahora, se sufragaba a través de los peajes de la luz que pagan todos los consumidores y, a partir de enero, como un coste de la energía que pagan los mismos.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mantenido una posición oscilante respecto a la interrumpibilidad. Así, mientras en su primer año de gobierno la mejoró en 200 millones, hasta 750 millones, la reforma (diseñada personalmente por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal) puso en jaque el polémico incentivo.
El mayor importe de la interrumpibilidad en 2012 fue obra, según distintos testimonios, de las presiones que Alcoa ejerció a través de Alberto Núñez Feijóo aprovechando las elecciones gallegas. Pero todo cambió el año pasado cuando el ministerio que dirige José Manuel Soria optó por un sistema de subastas “competititivas” para adjudicar un incentivo que se traduce en descuentos significativos en la factura eléctrica de la gran industria.
Si la nueva puja no colma las necesidades de Alcoa y de otros participantes, seguirá el fiasco
Ofendido por las críticas tras “el desastre” de la primera subasta que se celebró en noviembre, Soria dijo haber actuado a las órdenes de Alcoa cuando aprobó el mecanismo de subastas, cuyo objetivo era eliminar las sospechas de ayuda de Estado que penden sobre este incentivo. De esta manera, desligaba la decisión de la multinacional del alumino de tramitar un EREpara despedir a los 800 empleados de sus fábricas de Avilés y La Coruña, después de que estas quedaran fuera de la subasta.
El ministro canario vino a insinuar que la compañía no había pujado adecuadamente con el fin de quedar excluída y justificar así el cierre de estas dos plantas. Y una prueba de ello, indicó, es que sí logró los megavatios que prácticamente necesitaba para su fábrica de San Cripián, en Lugo. Alcoa, que ha evitado enfrentarse a Soria, aclara que para la tecnología de Avilés y La Coruaña, mucho más antigua, el precio resultante no era competitivo.
El Gobierno aún no ha explicado por qué la interrumpibilidad deja de ser una ayuda de Estado por repartirse en una puja abierta, cuando, en cualquier caso, la pagan también los consumidores eléctricos.
Sea como fuere, no resulta muy verosímil que Alcoa o el resto de la industria electrointensiva reclamaran a Industria semejante sistema de subastas, ya que este fue recurrido de inmediato tras su entrada en vigor.
Pese a las advertencias de las empresas y de la propia CNMC, que reclamaron una simulación previa, el ministerio convocó la primera subasta en la tercera semana de noviembre, de cuya organización se ocupó REE y se celebró en Feria de Madrid. En ella se ofertaron nueve bloques de 90 MW interrumpibles con un precio de partida (descendente)de 350.00 euros MW/año y otros 238 bloques de cinco MW a 260.000 euros MW/año. Los grandes bloques se adjudicaron e, incluso, resultaron insuficientes, ya que Alcoa, que aspiraba a siete, se quedó con cuatro. De los de 5 MW quedaron por adjudicar 113 y, el resto, lo logró tras un hundimiento del precio, hasta 95.000 euros MW/año (a menor precio menos incentivo).
En definitiva, la interrumpibilidad se ha repartido entre un mayor número de plantas y su coste ha resultado inferior (casi 200 millones de euros menos, sobre los 550 millones). Aunque de poco ha servido dicho ahorro cuando, a la vista de la exclusión y las presiones de Alcoa, el ministerio ha decidido convocar una subasta extraordinaria entre hoy -día del sorteo de la Lotería de Navidad- y mañana.
Varias preguntas flotan en el aire: ¿habría organizado el ministerio una nueva puja de no haber quedado fuera de la primera la multinacional del alumino? ¿Qué ventaja tiene para el consumidor eléctrico una subasta si el Gobierno está dispuesto a donar sí o sí 550 millones a la industria en forma de incentivo eléctrico? Al fin y al cabo, la ventaja de la subasta es obtener el servicio de interrumpibilidad a un precio inferior, no que dicho servicio lo proporcione un mayor número de instalaciones. Por otro lado, el Gobierno debía haber medido las consecuencias:si no iba a ser capaz de aguantar el pulso de Alcoa, ¿por qué no mantener el antiguo sistema de adjudicación en lugar de lanzarse a onerosas aventuras subasteras?.
En la nueva puja, esta vez en Zaragoza, solo se ofrecerán bloques de 5 MW en rondas de 50 bloques, a un precio de 195.000 euros MW/año. Alcoa, que ha decidido acudir, necesitará 54 bloques. Industria se ha reservado el dato de la potencia total a adjudicar y el importe global, que ha ocultado en la resolución aprobada el jueves. En el sector calculan que se adjudicarán unos 900 MW hasta completar los casi 200 millones perdidos en la primera convocatoria.
Queda por ver si el resultado colma las expectativas de Alcoa; del resto de participantes y, lo que es más importante, de los que intervinieron en la primera. Si el precio resulta ahora más ventajoso, podrían sentirse estafados, y, lejos de resolverse el fiasco de la subasta, esta podría terminar como el rosario de la aurora.
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