La Comunidad la ofrece en concesión a cambio de construcción

Madrid busca 483 millones para su Ciudad de la Justicia

La adjudicataria recibirá un canon anual de 45 millones durante 26 años

El edificio que acogerá el Instituto de Medicina Legal es el único construído en la Ciudad de la Justicia.
El edificio que acogerá el Instituto de Medicina Legal es el único construído en la Ciudad de la Justicia.

El Gobierno madrileño no renuncia a uno de sus proyectos estrella, lanzado en la antesala de la crisis económica: la Ciudad de la Justicia, que fue presupuestada en 900 millones en el área de Valdebebas y contaba con la firma de arquitectos de renombre como Norman Foster, Alejandro Zaera o Rafael de la Hoz. El plan de reactivación pasa por imitar el sistema por el que Madrid ha construido sus últimos hospitales públicos: una concesión de 30 años a cambio de que la adjudicataria sufrague las obras y el posterior mantenimiento y servicios.

El presupuesto de construcción, con un proyecto más modesto, pretende rebajarse a 483 millones y la previsión de arranque de los trabajos se ha fijado para julio de 2015. El objetivo es reunir 356 órganos judiciales, dispersos en 28 edificios, en las nuevas dependencias en julio de 2019. Esto afecta a medio millar de jueces, 202 fiscales, 362 secretarios judiciales, 5.000 personas de servicios judiciales, 42.000 abogados y 1.700 procuradores. Y también a los ciudadanos.

Desde el Gobierno que lidera Ignacio González se ha resaltado que retomar y finalizar el proyecto no tendrá coste alguno para la Comunidad de Madrid. Lo que sí hará la Administración es pagar un canon anual cercano a los 45 millones en concepto de alquiler, que es la cifra que abona en la actualidad por el arrendamiento y servicios de las 28 sedes judiciales que actualmente se encuentran distribuidas por Madrid, 19 de ellas en régimen de alquiler.

El anteproyecto que avanza la concesión se publica hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, pero los pliegos no estarán hasta febrero. Con elecciones autonómicas fijadas en mayo, es muy probable que la adjudicación la realice el próximo Ejecutivo regional.

A falta de detalles concretos, está previsto que el arranque de la concesión coincida con el inicio de las obras y no con la entrega de las instalaciones. Con ello, la Comunidad de Madrid pagará 26 años de alquiler, y no los 30 que marca la propia concesión, con el fin de evitar duplicar el alquiler anual por los inmuebles que acogen las sedes judiciales madrileñas.

La retribución a la concesionaria será por disponibilidad, valorándose el estado de las instalaciones y la calidad de los servicios prestados. Finalizado el plazo de 26 años de operación, la Comunidad recibirá en propiedad las sedes judiciales agrupadas en Valdebebas.

El proyecto anterior, para el que la presidenta Esperanza Aguirre puso la primera piedra en abril de 2008, contaba con obras adjudicadas a Begar, Aldesa, Isolux, Elecnor, Comsa o Acciona. La sociedad Campus de la Justicia, que tutelaba la iniciativa, fue liquidada. Ahora se buscará con toda seguridad un único adjudicatario y se valorarán el plazo de construcción, el presupuesto de las obras y, probablemente, el precio de alquiler.

La Ciudad de la Justicia se levantará sobre 200.000 metros cuadrados de suelo y suma otros 60.000 metros cuadrados entre infraestructuras e instalaciones de servicios, como tiendas, aparcamientos y restaurantes. Su realización supondrá toda una palanca de impulso para el sector de la construcción, así como para la economía madrileña.

Fuerte impacto en la economía madrileña

Las obras de la Ciudad de la Justicia supondrán, según cálculos de la Comunidad de Madrid, la creación de 2.200 puestos de trabajo y una mejora mínima de una décima en el PIB madrileño. Una vez en marcha, la Comunidad de Madrid calcula que por la Ciudad de la Justicia pasarán unas 25.000 personas diariamente.

Desde Presidencia y Justicia se han hecho cálculos de eficiencia y se espera un incremento mínimo del 20% en la agilidad de la justicia por el ahorro en tiempos de desplazamientos y traslado de expedientes.

Esa mejoría se traduce en seguridad jurídica y, según el Gobierno madrileño, en mayor dinamismo comercial, con un incremento de actividad de 4.000 millones en los próximos 30 años. Los cálculos preliminares señalan la creación de 40.800 empleados en torno a este complejo.

Del anterior proyecto se hereda el Instituto de Medicina Legal, que será el buque insignia por su diseño. Habrá 15 edificios agrupados en tres bloques.