Los operadores portuarios, dispuestos a bajar tarifas para ampliar concesiones
Quieren reducir precios a cambio de años de explotación Las empresas hacen piña ante la nueva regulación de Fomento Hoy celebran una asamblea
Los principales inversores en los puertos españoles, agrupados en la asociación PIPE, refuerzan su alianza. Creado para unificar mensajes ante el Gobierno, el colectivo celebra hoy una asamblea en la que se contempla la incorporación de tres nuevas empresas de peso: Boluda, Marítima Davila y Nogar, que se sumarán a los socios fundadores Bergé, Grupo Toro y Betolaza, Ership, Noatum (antiguamente Dragados SPL), Grup TCB, y Algeposa.
Con Ángel Pérez-Maura, de Grup TCB, como primer presidente rotatorio, y la vicepresidencia que ocupa José Luis Almazán, quien fue director general de la Autoridad Portuaria de Melilla, PIPE trata de mantener contacto permanente con Fomento y abrir la interlocución hacia otros gabinetes del Gobierno con voz en la política portuaria y logística. Del mismo modo, el grupo de inversores sigue abierto a la incorporación de socios. Entre los ajenos aún a esta patronal figura Hutchinson, mientras OHL Concesiones o Globalvía serían bien recibidas por su experiencia en la interlocución con la Administración.
PIPE trata de ser portavoz de un sector que canaliza gran parte del tráfico de mercancías del país en un momento en que las exportaciones son clave para la economía y en el que se están introduciendo cambios de calado como ha sido la ampliación de las concesiones.
El periodo de explotación pasa de los 35 años actuales a un periodo que puede llegar a los 50 años, con lo que se hace más viable el retorno de inversiones y se homologan las prácticas españolas a las europeas. Desde Fomento se han articulado mecanismos por los que se ganan años de explotación a cabio de inversiones en la mejora de las conexiones de los puertos a la red de ferrocarril o mediante bajada de tarifas para ganar competividad frente a plazas portuarias europeas o del norte de África.
Los cálculos del Gobierno estiman la movilización de 3.000 millones en los 20 años de prórroga en muchas de las terminales concesionadas, a razón de 150 millones anuales. Sin embargo, el actual contexto de sobrecapacidad en los puertos (el grado de ocupación es del 40%) y un volumen de carga a la baja hacen previsible que muchas de las concesiones buscarán mayor periodo de explotación por la vía de la rebaja tarifaria.
En este último caso, el recorte de precios debe ser de hasta el 20% sobre las tarifas máximas previstas en los contratos concesionales. El vicepresidente de PIPE, José Luis Almazán, apunta que una de las claves para atraer tráfico de importación y exportación es la competitividad: “Con la buena situación económica de Puertos del Estado y la sobrecapacidad y nivel de desarrollo de nuestras terminales, no tiene sentido seguir invirtiendo y sí ganar competitividad por la vía de mejores precios aplicados al cliente”.
Valoraciones
Dentro del nuevo marco regulatorio se incluye la potestad de las Autoridades Portuarias para imponer un tasador que valore las concesiones y las citadas extensiones. El examen lo paga el operador privado, pero aún no está claro qué empresas pueden ser elegidas para ese trabajo, clave a la hora de determinar cuál será la contraprestación de las operadoras a la Administración.
“Lo lógico sería que el Gobierno habilitara a una selección de empresas especializadas, las más importantes en este tipo de tasaciones, y que cada operador eligiera entre ellas”, demanda Almazán ante la aparente indefinición del sistema. Otras fuentes apuntan que el Gobierno se dispone a elegir entre tasadoras simplemente homologadas por el Banco de España.
Terminales en horas bajas
En España hay muchas concesiones portuarias en una situación parecida a la de las autopistas quebradas: generan caja, pero no suficiente para atender el servicio de la deuda, por lo que al final del día el accionista pone dinero”, explica Almazán. Los tráficos previstos por el Gobierno se han incumplido en numerosos casos y, según cálculos de la plataforma PIPE, han estado este año en la mitad de lo estimado.
Desde la asociación empresarial se demanda por tanto la máxima planificación en las inversiones de las Autoridades Portuarias y la incorporación de cláusulas en los contratos de concesión para el reequilibrio económico de las mismas cuando estas atraviesan situaciones comprometidas.
El sistema portuario propiedad del Estado cuenta con 46 puertos gestionados por 28 Autoridades Portuarias. En sus muelles trabajan 35.000 personas de forma directa y 110.000 de forma indirecta, y pasan el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones. Esto es más del 53% del comercio exterior español con la UE y el 96% con el resto del mundo.
Según datos de la Plataforma de Inversores en Puertos, una de cada tres terminales portuarias españolas está en pérdidas y la rentabilidad media del sistema de terminales ha caído siete puntos porcentuales desde 2008.
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