Telefónica gana al regulador un litigio sobre el alquiler del bucle local
El Tribunal Supremo da la razón a la operadora frente a la autoridad reguladora
Telefónica ha ganado un litigio de relevancia a la autoridad reguladora. Y es que el Tribunal Supremo ha anulado la cuota mensual que fijó la antigua CMT en noviembre de 2008 a la compañía por el alquiler del bucle local de abonado (OBA) a los operadores alternativos. El alto tribunal considera que el sistema de cálculo utilizado “no se ajusta” a derecho.
La sentencia ordena a la CMT realizar un nuevo cálculo de costes y fija como límite del nuevo precio que Telefónica puede cobrar los 7,79 euros mensuales de cuota establecidos en la resolución del 28 de noviembre de 2008 del organismo, ahora integrado en la CNMC.
El Supremo estima así el recurso que interpuso Telefónica contra la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2011 que avaló la revisión hecha por la CMT de los precios de la OBA a la luz de los resultados de la contabilidad del ejercicio de 2009.
La resolución acordaba “modificar el apartado de precios del bucle de abonado, de manera que la cuota mensual de prolongación de par en acceso completamente desagregado pase a ser de 7,79 euros, y el recargo mensual para las conexiones sin servicio telefónico pase a ser de 9,55 euros mensuales”.
Para el Tribunal Supremo, el cálculo del precio fijado por el organismo regulador “no ha arrojado un resultado fiable que pueda ser corroborado en su revisión jurisdiccional como plenamente acorde con el criterio de la orientación a costes”, por lo que lo declara “no conforme a Derecho”. La CMT deberá sustituirlo por otro más ajustado a las cifras contables, aunque establece como límite “inexorable” que la nueva cantidad no supere los 7,79 euros mensuales.
Según fuentes del sector, la sentencia podría alcanzar un impacto positivo para Telefónica de hasta 60 millones de euros por el dinero que ha dejado de recibir al establecerse el alquiler del bucle.
En esta línea, según explican otras fuentes del sector, Telefónica tiene dos opciones. Por un lado puede reclamar las cantidades afectadas al Estado vía reclamación patrimonial al haberse establecido que uno un error en la regulación. Por otro lado, Telefónica podría reclamar el dinero a los operadores alternativos, que a su vez también tendrían la opción de reclamar al propio Estado por el mismo error del regulador.