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El Departamento del Consumidor sospecha de abusos

Nueva York pide datos al Santander sobre sus préstamos para coches usados

El Departamento del Consumidor de Nueva York (DCA, en sus siglas en inglés) ha pedido datos a dos filiales del Banco Santander en Estados Unidos sobre los contratos firmados entre los clientes y los concesionarios de coches usados en los últimos tres años.

La oficina del consumidor investiga supuestas prácticas “abusivas e ilegales” de los concesionarios en la gestión de los préstamos de alto riesgo o “subprime” firmados con los clientes menos solventes y, por tanto, a los que se les aplica mayores intereses.

Según explica un comunicado de la DCA, la legislación de Nueva York requiere que los vendedores de coches, al recomendar un método de financiación, especifiquen el interés al que será concedido el préstamo, pero las investigaciones sugieren que no sucedía así.

“Los vendedores dirigían a los consumidores a préstamos muy costosos que solo beneficiaban al vendedor y, finalmente, perjudicaban al consumidor”, asegura el comunicado.

Por eso, la comisaria del DCA, Julie Menin, anunció ayer que ha requerido información a las financieras Santander Consumer USA Holdings y a Santander Consumer Funding 3, ambas del gigante español, sobre sus acuerdos con los concesionarios de coches usados.

El Banco Santander ha concedido préstamos a más de dos millones de estadounidenses en colaboración con 14.000 vendedores de coches, docenas de ellos en Nueva York.

“Para muchas familias, especialmente aquellas con pocos ingresos, la compra del coche es una de las más importantes que realizan y si recurren a préstamos de alto riesgo es porque ya tienen problemas económicos”, apuntó Manin.

Además, “los estudios demuestran que los préstamos de alto riesgo, que han sido culpados por la crisis hipotecaria de Estados Unidos, están creciendo a un ritmo preocupante de más del 130 % desde la crisis financiera”, añadió.

La DCA asegura que este caso va a ser llevado con un “método de investigación innovador y agresivo” para estudiar las prácticas de venta de coches de segunda mano y su vinculación con las entidades bancarias.

La investigación, abierta el pasado julio, ha revisado las actividades de 500 vendedores de coches, de los cuales 200 han sido citados ante las autoridades para que presenten documentos para aclarar más de 170 violaciones registradas solo el año pasado.

“La DCA quiere asegurarse de que los neoyorquinos pueden comprar coches usados con seguridad, sabiendo que el coche que compran y el préstamo que usan para pagarlo no tendrán problemas ocultos”, concluye el comunicado.

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