Niega estar precipitándose en los trámites de la nueva ley

El ICAC avisa a los auditores de que no dejará de “hacer su trabajo”

Ana María Martínez, presidenta del ICAC
Ana María Martínez, presidenta del ICAC
Palma de Mallorca

"No nos gusta sancionar y por supuesto no tenemos ningún afán recaudatorio. El dinero que captamos con las multas lo depositamos en las arcas del Tesoro”. Esta fue la respuesta que dio ayer Ana María Martínez Pina, presidenta del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, entidad dependiente del Ministerio de Economía) a Mario Alonso, presidente de la patronal de las auditoras, que el lunes acusó en el XXII Congreso Nacional de Auditoría al regulador del mercado de actuar a través de su capacidad sancionadora con un evidente ánimo recaudatorio.

No fue la única discrepancia que se substanció en la clausura del Congreso celebrado esta semana en Palma de Mallorca. Las diferencias de valoración entre la representante, por así decirlo del Gobierno, y los auditores, también se encuentran en la celeridad con la que, según los auditores, el ICAC está tramitando el nuevo texto legal que regulará la profesión de auditor a partir del 2017.

Martínez Pina negó que el ICAC se esté precipitando. “He oído el argumento de que a pesar de que las normas no entran en vigor hasta 2016, ya estamos iniciando la tramitación de un anteproyecto. No tenemos tanto tiempo. La aprobación de una nueva ley tiene en España unos trámites, primero a través del Gobierno, del Consejo de Ministros, y luego del Congreso y Senado, que llevan sus tiempos”.

La presidenta del ICAC recordó además que a finales de 2015 se disolverán las Cortes, por lo que insistió en que el proceso debe ser iniciado. Así, Martínez explicó que “elaboramos un primer borrador que remitimos el pasado 1 de agosto a las dos corporaciones de auditores para que fueran los primeros que lo vieran y nos mandaran sus comentarios iniciales”.

Y en este punto, la presidente del ICAC desveló la apertura de un nuevo plazo antes de abrirse el periodo de información pública. “Hemos tenido en cuenta sus comentarios y el lunes pasado convocamos ya al comité de auditoría del ICAC, órgano consultivo por el que tienen que pasar todos los textos normativos. Se reunirá el 20 de octubre y después se abrirá un trámite de información pública”, explicó Martínez.

La presidenta del ICAC recordó que “ninguna ley nos obliga a hacerlo, pero entendemos que es necesario, ya que esta norma afecta no solo a los auditores, sino a muchos otros interesados” y aseguró que el nuevo texto “introduce muchas novedades para las empresas y entendemos que tienen que conocerla y dar su opinión”.

La nueva normativa, explicó, va a cambiar sustancialmente lo que ahora entendemos por entidad de interés público y por tanto ser una entidad obligada a ser auditada. “La ley establecerá –así lo adelantó la presidenta del ICAC– una nueva formulación, adaptándose mejor a lo que se considera en el resto de Europa, para evitar que en España haya tantas empresas obligadas a auditarse”.
En paralelo, lamentó que la legislación comunitaria diese un margen de maniobra tan amplio a los Estados miembros para que regulen tanto los plazos de rotación de los auditores en las empresas como las actividades que se pueden prestar. Ana María Martínez añadió que “entiendo que esta forma de regular viene determinada por la dificultad de llegar a consensos en el seno de la Unión Europea en un entorno de muchos Estados miembros”.

Alonso pide evitar conflictos y trabajo conjunto

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Mario Alonso, volvió a responder a la presidenta del ICAC quejándose de nuevo de la celeridad con la que el regulador de la profesión está tramitando la nueva reglamentación. “No estoy de acuerdo con que en la tramitación de la nueva ley vayamos apretados de tiempo”, insistió. “El borrador se nos dio, por cierto, el 1 de agosto, después ha habido una sola reunión, y ya nos encontramos con que ayer se convocó el comité de auditoría para dentro de 13 días. No es razonable, nos estamos jugando el futuro de la profesión”, declaró.

Alonso argumentó que “si somos los últimos siempre, ahora resulta que vamos a ser los primeros” y lanzó una petición de unidad al ICAC, asegurando que “los problemas que atravesamos los auditores cuando en la prensa salta un escándalo, no es que sea malo para los auditores, que lo es sin duda. Es malo para nosotros, malo el ICAC, para el ministerio, malo para los políticos y malo para nuestra economía. Por lo tanto el modelo no debe ser de confrontación. “Tenemos que trabajar juntos. Y me parece que sin la auditoría, la economía desaparecía, porque somos los que damos confianza”.

Otro de los participantes en el foro fue el fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, quien recalcó la importancia del trabajo de los auditores para detectar irregularidades en el funcionamiento de la Administración. Horrach subrayó la “vital importancia” de las auditorías externas sobre la gestión pública y de que se exija a la Administración que corrija los defectos que estas detectan y no las deje “en cajones recónditos”.

El fiscal anticorrupción de Baleares declaró además que el notario es “el primer operador ajeno al propio ente, dotado de objetividad y con capacidad para detectar irregularidades”