El presidente de los auditores acusa al ICAC de multar con ánimo recaudatorio
Cerca de 400 auditores dieron comienzo en Palma de Mallorca su congreso nacional. Organizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, éste hace ya el número 22, pero es quizás uno de los más trascendentales que han celebrado hasta el momento. De hecho en esta ocasión el lema de la reunión que les llevará dos días de intensas reuniones y mesas de trabajo, es nada más y nada menos que "Comprometidos con la transparencia", algo consustancial con la labor del auditor, pero que los organizadores del congreso han decidido subrayar a la vista de los abundantes y recientes escándalos de corrupción en España.
Fueron las dos preocupaciones troncales que Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, manifestó ayer durante la intervención que sirvió para abrir el citado Congreso. Alonso se centró en la falta de ética, la corrupción y los cambios legales que desde Europa amenazan con poner patas arriba la profesión de auditor en nuestro país.
"Y en este momento, explicó, hay sobre la mesa muchas cuestiones que nos preocupan de la nueva legislación y que desde el Instituto trasladábamos continuamente al regulador. Entre ellas nos interesa mucho la definición de entidad de interés público, el principio general de independencia, en el que vemos la necesidad de una concreción mucho más precisa. Todo el régimen de incompatibilidades, muy difícil de cumplir porque es muy difícil de interpretar, y el sistema de sanciones"
En este punto, Mario Alonso, sí criticó con dureza la labor del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, entidad dependiente del ministerio de Economía y Hacienda) organismo que controla y supervisa el trabajo de las empresas de auditoría en España. Así, el presidente de la patronal de las auditoras, explicó que el ICAC ha realizado a través de sí mismo o a través de convenios un total de 464 controles en el último ejercicio. "Pero aunque a nosotros, ya por sabido, no nos llama la atención, quizá lo más sorprendente para la opinión pública sea que de los 133 controles técnicos realizados 48 han acabado con sanción. Yo creo que esto no favorece a nadie, desde luego a la profesión no, creo que a los auditores tampoco y creo que a la calidad de nuestro trabajo evidentemente tampoco", subrayó
Alonso quiso ir más allá, "desde que hay información, el ICAC, ha impuesto 529 sanciones, de ellas 510 han sido graves y 17 muy graves. Por eso cuando se oyen opiniones en el sentido de que hay que controlar más a los auditores, acentuar los trabajos de supervisión, entiendo que hay que facilitar estos datos sin ningún tipo de problema".
"Porque en este punto, explicó de forma contundente, hay que hacer una profunda revisión del modelo sancionador. Al final una sanción lo que hace es impedir el dialogo entre el reguladores y lo propios auditores. Tenemos que lograr un modelo que mejore realmente la calidad del trabajo y que no simplemente sea una manera de imponer un régimen, que más que otra cosa es un régimen recaudatorio".
Finalmente Alonso se permitió una reflexión, "no es razonable que en un país como España no exista una obligación de auditar al sector público. En una economía como la española, en donde el sector público representa el 45% del PIB no es razonable que se exija una auditoría obligatoria a empresas que cumplan con ciertos parámetros y el sector público esté insuficientemente auditado. Si se hiciera de forma sistemática, seguro que habría menos casos de corrupción y redundaría en mayor eficacia y eficiencia".
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