Los proveedores auguran una mejora de los plazos de pago
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad,que aglutina a 1,5 millones de empresas y a 4 millones de trabajadores, se mostrómuy satisfecha con la redacción final del proyecto de ley de Fomento de la Financiación Empresarial, del que ha desaparecido una disposición adicional que suponía un cambio trascendental en la relación legal entre acreedores y deudores.
La disposición final tercera establecía que “se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la Ley cuando acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda a un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido”. En otras palabras, que la empresa que tuviera una deuda podrá pagarla a más de 60 días siempre y cuando la otra firma la cobre a 30 días. Un sistema con muchas similitudes con respecto al factoring o el del confirming bancario, mediante el que la empresa cobra en plazo su deuda y el deudor gana tiempo para hacer frente al pago. El coste financiero de esa operación es asumido por el acreedor e incluso en algunas ocasiones tiene que asumir una quita del principal de la deuda.
“Celebramos que el Gobierno haya mostrado su sensibilidad a la hora de reducir confusiones legislativas. El Ejecutivo ha escuchado la voz de las pymes y autónomos y ha eliminado una medida que complicaba la legislación en materia de morosidad y permitía legalmente el alargamiento de los plazos de pago”, explicó en un comunicado el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, quién calificó la decisión del Gobierno de “acto de responsabilidad y compromiso”.
Cañete consideró que el Gobierno “va en la buena dirección”, aunque matizó que “queda mucho camino por recorrer en la batalla contra la morosidad”. En este sentido, la Plataforma insiste en la necesidad de “avanzar” en el compromiso de crear de un régimen sancionador que normalice los pagos. De hecho, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a implantar medidas sancionadoras a las empresas que incumplan los plazos de pago, antes de que finalice este año. Para ello ha creado una comisión de trabajo de Trabajo para estudiar la cuantía de las sanciones. Para erradicar la morosidad en las administraciones públicas, el Ejecutivo pondrá en marcha un sistema para que Hacienda pague a partir del día 30 a las empresas acreedoras y posteriormente detraiga el importe de las transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos.