La banca pide a Linde que suavice la provisión para las renovables
Las entidades financieras reclaman al Banco de España que flexibilice las provisiones destinadas a los proyectos de energía renovable. La banca española tiene una deuda con este sector de 20.000 millones. Además, proponen a Industria soluciones para que los inversores mantengan su capital en este sector.
Las principales entidades financieras, capitaneadas por Banco Santander, ya tienen sus propuestas para intentar mitigar el impacto que la nueva normativa tiene en los ingresos de las plantas de energía renovables. Como puntos generales, los bancos pretenden que se alarguen los plazos para refinanciar la deuda asociada a estos proyectos, que asciende a 20.000 millones de euros en el caso de las firmas españolas, cifra que sube a unos 40.000 millones si se añade la deuda extranjera.
Del total de sus créditos a este sector, la banca española cuenta con unos 1.000 millones de euros en riesgo de impago. De ahí que Gobierno y entidades busquen soluciones en común.
Una de las primeras propuestas de la banca es que los plazos de la refinanciación alcancen “como máximo su vida útil regulatoria”, punto que consideran necesario. También reclaman soluciones para que el inversor mantenga una cierta rentabilidad que permita fomentar su permanencia en el capital. Y, por último creen que es necesario valorar alternativas que traten de evitar situaciones preconcursales y concursales.
Prevención contra los posibles recursos a la normativa
La banca ha realizado una larga lista de peticiones dirigidas, principalmente, al ministerio de Industria. Además de las ya citadas, reclama que el ICO conceda líneas de liquidez para anticipar la parte de coeficiente de cobertura no pagada, que actualmente es del 68,6% con la liquidación de julio. Piden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que emita derechos de cobro o reconocimiento de deuda, con fecha de vencimiento cierta, que se puedan descontar para evitar problemas de tesorería temporales, derivado de la regulación del coeficiente de cobertura.
Considera que debe permitirse a los inversores particulares el reconocimiento de la pérdida de valor de sus proyectos sin tener que vender su participación, con reconocimiento a efectos fiscales. Mejorar la fiscalidad a la condonación de la deuda, adjudicación o dación en pago del activo, eliminando la tributación de las plusvalías generadas de carácter contable, pero no reales en términos de caja, o tener libertad de amortización para reconocer el valor de los activos, sin contar a efectos de los recursos propios negativos, a similitud del sector inmobiliario, forman parte también del listado de propuestas de la banca dirigidas al Gobierno.
Estas propuestas tienen su origen en la reunión que mantuvieron representantes de los principales bancos con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a primeros de septiembre para llegar a un pacto para minimizar el impacto del último recorte en la retribución de las energías renovables sobre el balance de los bancos y diseñar una serie de pautas que garanticen la refinanciación de los propietarios de los activos renovables y evitar una cascada de quiebras en el sector. Los expertos creen que se va a producir una avalancha de recursos contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
Uno de los escollos de las propuestas presentadas por la banca es que exigen que el Gobierno asegure una rentabilidad cerrada durante toda la vida útil regulatoria de los proyectos del 7,4% “inamovible” durante toda la vida útil regulatoria. Esta prima ya está establecida por ley, pero durante los 6 primeros años de vida del proyecto, razón por la que la banca quiere que se elimine esta incertidumbre, y conseguir “predictibilidad en los flujos”. El problema es que esta propuesta choca con el objetivo de Industria de buscar soluciones con las entidades financieras, pero sin tener que modificar la ley.
Las entidades financieras exigen, además, que se elimine la discriminación de la retribución a la inversión, derivada de la agrupación de potencia para proyectos de más de 10 MW, y habilitar mecanismos retributivos para la extensión de la vida de la regulación.
Pero las propuestas de los bancos españoles también se dirigen al Banco de España. Quieren que el supervisor suavice los criterios de provisiones dirigidas a los créditos de este sector. Piden concretamente que las provisiones destinadas a este sector sean únicamente por impago de más de 90 días (dudosidad objetiva), y que se incluya la exención de provisión en el supuesto de fondos propios negativos y concurso de acreedores.
En el supuesto de dudosidad objetiva, proponen que como garantía se considere la valoración del activo en función del valor presente del flujo de caja futuro del proyecto, descontado al coste de la deuda refinanciada. De esta forma, el importe sobre el que se aplicaría la provisión sería minorado por el valor de esta garantía.
También piden que se eliminen las dotaciones genéricas (consisten en una anticipación de las posibles dotaciones por morosidad) por sus exposiciones al sector.
Además, pretenden que el Banco de España ratifique que la conversión de los préstamos en participativos para solucionar el problema de fondos propios en algunos proyectos, no suponga variar la calificación de normal en la deuda. Las firmas con mayor riesgo en renovables son Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia.