El superávit de los municipios presiona a Hacienda para que eleve su techo de gasto
El Ministerio de Hacienda hizo públicos ayer los saldos no financieros de todas las entidades locales de 2010 a 2013, calculados con criterios meramente presupuestarios y sin tener en cuenta los ajustes de contabilidad nacional. La medida se produce para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Estabilidad y arroja cifras que muestran cómo se ha revertido la situación. En su conjunto, se ha pasado de un déficit de 1.441 millones de euros a finales de 2010, a una situación positiva de 7.271,8 millones. Esto da como resultado que la evolución global ha mejorado en 8.712,80 millones.
En opinión de Hacienda, esta notable mejoría de las cuentas de los ayuntamientos ha sido posible gracias a las medidas de consolidación fiscal que se han adoptado, así como por la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012. Esta norma, según fuentes del Gobierno central, ha permitido desde entonces un mayor control de las cuentas públicas y un seguimiento más riguroso de la ejecución presupuestaria.
Si en términos agregados los datos son suficientemente elocuentes del cambio que se ha producido, un detalle más en profundidad de los mismos avala la mejoría. De hecho, si a finales de 2010 un total de 3.559 entidades presentaban un saldo presupuestario negativo de 3.161,2 millones, a finales de 2013 ese número de entes se ha desplomado casi a la quinta parte, al pasar a 773, que apenas arrojan un déficit de 179,9 millones.
Tipos de entes
En cuanto a las entidades locales que presentan saldos positivos, su número se incrementó un 60%, al pasar de 3.874 entes a 6.413. Respecto a los importes de esas cuentas en números negros, la evolución es todavía más espectacular. Su saldo positivo agregado de 1.717,1 millones en 2010 se multiplicó por 4,33 hasta alcanzar los 7.451,7 millones.
Aunque el balance es positivo en términos generales, fuentes de Hacienda subrayan que la mejoría ha sido más significativa en las diputaciones, los consejos y cabildos insulares y en los municipios incluidos en el modelo de cesión de impuestos estatales, que son aquellos que cuentan con más de 75.000 habitantes o son capital de provincia o de comunidad autónoma. Entre las localidades de más de 75.000 habitantes, mientras en 2010 se contabilizaban 51 con saldo negativo o déficit, a finales del año pasado ya solo eran tres. En el lado opuesto, 39 municipios de ese volumen de población tenían en 2010 superávit (por un importe de 374,6 millones), cifra que se ha elevado hasta los 94 en 2013. Y lo que es mejor, ese casi centenar de municipios con cuentas en negro arrojan un saldo total de 3.125,6 millones.
Precisamente esta notable mejora de los ayuntamientos más grandes fue uno de los hechos que más destacó ayer Hacienda. Y es que del importe de saldo positivo de 2010, solo el 25,7% fue generado por las grandes entidades y el 74,3% por los municipios no incluidos en el modelo de cesión de impuestos estatales. Sin embargo, el año pasado el 57,6% de los saldos positivos ya se debió a las grandes corporaciones (4.289,6 millones sobre un total de 7.451,7 millones), proporción más acorde con su relevancia financiera en el ámbito local.
Con todos estos datos recién publicados, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, aseguró que las cifras son el “aval perfecto” para que el Gobierno acceda a su solicitud de flexibilizar el techo de gasto fijado para las entidades locales. Reivindicó el esfuerzo realizado y recordó que la deuda también se está reduciendo.
Hacia una central única de contratación
El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, a la vez que elevó ayer la presión sobre Hacienda para que flexibilice el techo de gasto establecido para las entidades locales, no dejó pasar la oportunidad de recordar que los ayuntamientos “van a seguir ayudando a consolidar la senda de la recuperación ya iniciada”. En este sentido, recordó como la FEMP está aportando su granito de arena mediante la implementación de su central de contratación que proporciona a los gobiernos locales “una plataforma para ahorrar costes y simplificar sus procedimientos de contratación”.
El objetivo de esta herramienta es que las entidades locales que se adhieran a la misma tengan un protagonismo enorme en la selección final del contratista, pero reduciendo al máximo posible la carga administrativa asociada a todo el proceso de contratación. En este sentido, fuentes de la FEMP recordaron que se trata de preservar los principios de transparencia, competencia y no discriminación. De la Serna quiso poner de relieve que son ya 313 las entidades locales que han formalizado su adhesión a la central. Si a esta cifra se añaden las corporaciones que ya hacían uso de alguno de los servicios actualmente centralizados, el número total asciende a 526. Ese volumen de entes representa casi 18 millones de habitantes repartidos por todas las comunidades autónomas, alcanzando en alguna región un porcentaje de adhesiones que supera el 40%.
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