La votación en las asambleas será por peso en el capital no por socio

Guindos endurecerá la venta de participaciones en las cooperativas

El ministro de Economía, Luis De Guindos
El ministro de Economía, Luis De Guindos EFE

Tras las primeras alarmas sobre el futuro de las cooperativas de crédito en España como consecuencia de su nueva regulación, parece que la calma se ha instalado en el sector una vez que Economía ha dejado claro a los responsables de este colectivo que estas entidades no desaparecerán como ha ocurrido con las cajas de ahorros.

Los responsables del ministerio que dirige Luis de Guindos tienen ya finalizada la futura regulación que marcará el destino de las 64 cooperativas de crédito existentes en la actualidad en España y de las que 59 son cajas rurales. El objetivo es llevar esta norma a Consejo de Ministros este mismo mes para después pasar por la negociación parlamentaria. El calendario que maneja el Gobierno es tener cerrada la futura regulación de este sector a finales de este año.

Uno de los principales puntos de la nueva regulación presentada a las entidades del sector a través de la Unacc –su patronal–, es aumentar la transparencia y vías para captar capital para aumentar su solvencia. Así, se extremara la vigilancia para la comercialización de las aportaciones de los socios a su capital.

De hecho, no se podrán comercializar aportaciones al capital entre minoritarios si el porcentaje de reservas de libre disposición es inferior al 20%. Además, la remuneración o dividendo de todas las aportaciones deberá ser igual y su mecanismo de cálculo tendrá que fijarse en los estatutos de la cooperativa. El ser socio de una cooperativa –en la actualidad hay 2,76 millones de socios o cooperativistas– no supondrá que tengan conocimiento o experiencia en la comercialización de estas aportaciones, por lo que todas las ventas de participaciones o aportaciones al capital deberán colocarse de acuerdo a los requisitos fijados por la Mifid (acrónimo en inglés de directiva sobre mercados de instrumentos financieros, es decir, market in financial instruments directive). La norma exige que quede clara la diferencia entre aportación y depósito.

El objetivo es evitar episodios dramáticos como el vivido con las participaciones preferentes. Economía quiere así asegurarse que los clientes que contraten estas aportaciones de capital sepan verdaderamente en lo que están invirtiendo y no lo confundan con un depósito o cualquier otro producto de ahorro. Así, antes de suscribirlo, deberán responder a un cuestionario, en el que quedará de manifiesto su experiencia inversora. Estas instituciones han llegado a pagar hace un año un 6% de rentabilidad.

Otro de los cambios destacados es la desaparición de un hombre o socio un voto. A partir de ahora el sistema de aprobación de cualquier punto en una asamblea será igual que en un banco o sociedad anónima al establecerse en función del peso que el socio tenga en el capital de la cooperativa, o lo que es lo mismo, se fija el voto plural. Aunque en la futura regulación no se fuercen las fusiones o la bancariazación del sector, como se temía inicialmente, las nuevas exigencias de solvencia prevén un baile de fusiones entre las rurales más pequeñas. A éstas se les exigirá sumar un mínimo de 5 millones de euros de capital o entrar en un SIP con una mutualización total de su balance, aunque puedan operar bajo diferentes marcas en cada localidad, como ocurrió en un primer momento con las fusiones de las cajas de ahorros.

Otro mecanismo de resolución que se fijará en esta norma será alcanzar acuerdos de mutualización no completa, como ocurre en el sistema alemán, el más desarrollado. Esta vía contará con una regulación específica controlada por el Banco de España, institución que aumentará su vigilancia sobre este sector, prácticamente el único que aún tendrá bajo su supervisión, a excepción de Cajamar, que pasará a ser controlada por el BCE, al tener unos activos superiores a los 30.000 millones de euros.

Un gobierno corporativo igual que un banco

El Banco de España gana influencia en el control y exigencias de este sector. La nueva norma, de hecho, da más poder a la institución que dirige Luis María Linde para obligar a estas entidades a fusionarse o convertirse en bancos. Uno de los artículos de esta futura regulación habilita al Banco de España para poder exigir ante cualquier duda de solvencia o problemas de gobernanza su transformación en banco. Esta legislación reforzará el concepto de profesionalización en el sector y en las exigencias de honorabilidad e idoneidad en las cooperativas de crédito. De esta forma se les aplicará las mismas reglas que al resto de las entidades financieras, como contar con consejeros independientes definidos igual que a una empresa cotizada. También se les exigirá las mimas comisiones, reglas de remuneraciones e informe anual de gobierno corporativo como a las cajas de ahorros, aunque gran parte de estas exigencias ya las cumplen. Varias fuentes consultadas aseguran que este proyecto puede sufrir alteraciones significativas en función de lo que ocurra en los test de estrés con Cajamar, la cooperativa más grande del país. Este sector cuenta con una plantilla de 18.910 empleados, que trabajan en 4.645 oficinas. En conjunto, manejan 84.759 millones de euros en créditos de clientes y suman 93.631 millones de euros en depósitos. Sus activos totales alcanzan los 135.347 millones de euros. Este sector presume de haber pasado toda la crisis bancaria española sin necesidad de pedir ayudas públicas, ya que han resuelto sus deficiencias de forma privada, es decir, con fusiones. Los fondos propios de este sector ascendían al cierre del pasado ejercicio a 8.700 millones de euros, según datos de su patronal, la Unacc.