La OCDE avala los ajustes de Rajoy y reclama seguir con las reformas

La OCDE hizo una valoración muy positiva del proceso reformista de la economía española. El secretario general de este organismo, Ángel Gurría, matizó que se trata de un punto de partida y no de llegada e insistió en que se debe mantener el impulso reformista que ha devuelto a España a la senda del crecimiento.

Cada dos años, la organización que aglutina a los 34 países más desarrollados hace un informe sobre la evolución de cada una de sus economías. El de España se gestó en 2012, en plena crisis de deuda, con la prima de riesgo rozando los 650 puntos y con la economía al borde del rescate. Dos años después, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, certificó los profundos cambios que ha experimentado España en el citado período gracias al impulso de las reformas estructurales. Gurría centró sus elogios en la reforma laboral, “que ha reducido el umbral mínimo para crear empleo, ya no son necesarios crecimientos del 2 o del 2,5%”, y en el ajuste de la balanza por cuenta corriente que en los seis años de crisis ha pasado de un déficit del 10% del PIB a un superávit del 1% del PIB. “Ese paso es similar a escalar el Everest”, señaló.

En su opinión, la economía española ha vuelto a tasas positivas gracias al repunte del crecimiento de la demanda doméstica y el consumo privado. No obstante, el informe advierte que el crecimiento potencial será bajo (no superará más allá del 1%) y que el principal problema de la economía española (la elevada tasa de desempleo) seguirá durante muchos años. Por ello, Gurría instó al Ejecutivo español, representado en la presentación por el titular de Economía, Luis de Guindos, a centrar sus esfuerzos para que la recuperación sea sostenida y continuar con el impulso reformista.

El informe reclama cambios fundamentales en el marco tributario y en el mercado del empleo. En el primero, de hecho, presenta un catálogo de propuestas que parecen más una enmienda a la reforma fiscal que se está tramitando. Entre otras cuestiones sugiere la eliminación de la deducción por compra de vivienda con carácter retroactivo por el elevado coste que supone (1.800 millones en 2014) “y porque solo beneficia a un grupo de hogares”. Entre sus recomendaciones, la OCDE también ataca otro de los tabúes intocables en el sistema tributario, con la revisión de la regulación de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav). Este instrumento, creado con Zapatero y mantenido por Rajoy, es del que se benefician las grandes empresas para tributar al 1% en Sociedades. El informe apunta que el “Gobierno debería considerar revisar, junto a otros países de la UE, el tratamiento de estos instrumentos”. Finalmente, exige la aplicación del tipo general del IVA (21%) a un gran número de productos y servicios que se benefician de reducciones. En este capítulo no excluye al turismo y afirma que el daño que podría generarse a la actividad, se podría mitigar “si se redujeran las contribuciones a la Seguridad Social a los trabajadores con menor retribución, de gran prevalencia en el sector turístico”.

Estas recomendaciones, sin embargo, tienen bastantes pocas posibilidades de salir adelante. En primer lugar, porque alguna de ellas, como la deducción por vivienda o el alza del IVA turístico, ya se presentaron en el informe de la Comisión Lagares (el grupo de expertos que eligió Hacienda para diseñar la reforma fiscal) y fueron desechadas. En segundo porque el propio Gurría se encargó de sugerir que eran solo eso “recomendaciones” surgidas a partir de los estudios de derecho comparado con otras legislaciones. Yfinalmente porque el ministro de Economía, Luis de Guindos, al ser interpelado por los medios de comunicación sobre si iba a adoptar algunas de las propuestas de la OCDE, fue tajante. “España ha tomado muchas medidas, tanto en materia fiscal como para reducir la factura que pagan los empresarios por tener a los empleados en plantilla”, dijo.

En materia laboral, el informe exige una reforma de los servicios públicos de empleo “para fortalecer sus capacidades” y una rebaja generalizada de cotizaciones, centrada en aquellos trabajadores con menor retribución. “Proceder en ese sentido requeriría financiar parcialmente la Seguridad Social mediante ingresos tributarios generales”, apunta.

Un cuadro macro más conservador

El informe presentado por la OCDE iba acompañado de un cuadro macroeconómico con las previsiones del citado organismo de España para este año y el que viene. Y el primer titular que se puede extraer es que el club de los países desarrollados es menos optimista que el Gobierno, ya que prevé que el PIB crezca un 1,2% este año y un 1,6% el que viene. El Ejecutivo aún mantiene sus previsiones de un crecimiento del PIB de un 1,2% y de un 1,8% para este año y el que viene, aunque prevé revisarlas al alza este mes.

El organismo dirigido por Ángel Gurría prevé que las administraciones públicas sí cumplirán este año con el objetivo de déficit pactado con Bruselas (5,5%), pero que se quedarán tres décimas por encima el año que viene. En cuanto a la deuda pública, las perspectivas de la OCDE son mejores que las que maneja el Gobierno. Así augura que la deuda cerrará este año en el 98,4% del PIB, frente al 99,5% que prevé el Ejecutivo. Una diferencia que también se refleja en las perspectivas para el próximo ejercicio, en el que el pasivo de las tres administraciones llegará al 101,4% del PIB, tres décimas por debajo de la previsión oficial.

Nuevas propuestas de impulso

Salarios: La pasada semana, la OCDE sorprendió al apuntar en un informe que la bajada de salarios en España podría resultar contraproducente en estos momentos. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, matizó sus palabras al recordar que para mejorar los salarios en España es “condición previa” aumentar la productividad. Así explicó que la moderación de salarios era “necesaria” en la “primera etapa de ajustes” y defendió que, sin ese proceso, “no tendríamos los resultados que ya está empezando a tener España” en el mercado laboral.

Dividendos: En el informe se recomienda a la banca española que limite el reparto de dividendos más allá de 2014, el plazo fijado y posteriormente ampliado por el Banco de España. El estudio añade que el objetivo de esta recomendación es “velar por que los bancos estén suficientemente capitalizados” para sustentar la recuperación económica.

Ley concursal: Este organismo considera que son imprescindibles los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencia y elevar sus incentivos para que las pymes acudan a ellos y eviten su desaparición. Asimismo considera necesario un nuevo régimen de insolvencia particular que sea negociado y extrajudicial.

Empleo: el estudio de la OCDE resalta que España es el segundo país que menos personal destina para atender las oficinas públicas de empleo. En concreto cuenta con 269 demandantes de empleo por cada trabajador del servicio público, cuando la equivalencia es de 22 en Reino Unido, de 47 en Alemania, 54 en Bélgica o 169 en Grecia.