El Ejecutivo ampliará el control sobre las fundaciones
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado este viernes el Anteproyecto de Ley de Fundaciones que sustituirá a la normativa vigente y que, entre otras novedades, introduce medidas de lucha contra el fraude como la obligación de contar con una página web en la que publiquen sus datos más relevantes sobre actividad, cuentas, cargos y subvenciones.
Según ha informado el Ministerio, la nueva norma nace con el objetivo de garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundación y del cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan, tanto respecto de la sociedad a través de los fines que justifican su existencia, como de las administraciones públicas, al supervisar su actuación y otorgar, cuando corresponde, beneficios fiscales.
El anteproyecto, formado por 44 artículos distribuidos en 10 capítulos, garantiza la agilización de la constitución de las fundaciones mediante el asesoramiento que proporcionará el Protectorado Único en el ámbito de la Administración General del Estado. Con ello se acabará con la dispersión existente con distintos protectorados en función de los fines de la fundación, lo que generaba dudas sobre a cuál acudir, según el Ejecutivo.
Para luchar contra el fraude y evitar la utilización instrumental de la fundación para el desarrollo de actividades que no guarden relación con los fines que justifican su existencia, la norma diferencia entre las actividades propias, que la fundación desempeña para el cumplimiento de sus fines, y las mercantiles, que se pueden realizar como forma de financiación de la fundación. Sólo las fundaciones que cumplan con las exigencias legales se beneficiarán de las subvenciones y beneficios fiscales que a menudo reciben las entidades sin ánimo de lucro.
Por otra parte, la Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha manifestado su “rotunda oposición al anteproyecto de Ley de Fundaciones’ En una nota asegura que se trata de una reforma “que el sector fundacional no ha pedido” y que supone un modelo intervencionista por parte de los poderes públicos, pues lleva a un régimen concesional en el que existe una exigencia de autorización previa de actos y negocios jurídicos por parte de la figura del protectorado”.