La auditoría nacional y la SEPI subrayan el incierto coste de reestructurar Hunosa

Tres meses después de la firma de un pacto con los sindicatos para poner en marcha el plan industrial en Hunosa para el periodo 2013-2018, la minera y su accionista público, la SEPI, siguen tratando de calcular el coste de aplicarlo, según reconoce esta última sociedad en su informe sobre los resultados de 2013, publicado el viernes en el BOE.

El acuerdo de viabilidad, alcanzado en la madrugada del 16 de mayo, viene recogido como uno de los hechos acontecidos tras el cierre del ejercicio, por lo que la Oficina Nacional de Auditoría, que es el órgano que supervisa las cuentas de la SEPI, llama la atención al respecto añadiendo que por el momento no influye en su valoración de las cuentas de 2013.

“La empresa [por Hunosa] se encuentra en fase de evaluación y cálculo de costes de lo que supone la adopción de las medidas”, explica la SEPI en el documento. La dirección de la minera y los sindicatos dejaron sentado que el plan 2013-2018 evitaría los despidos, sobre una plantilla de 1.600 trabajadores (la empresa llegó a tener 28.000 empleados). La empresa está abierta, eso sí, a prejubilaciones y bajas voluntarias indemnizadas; apuesta por la diversificación de actividades con la condición de que sean rentables, y las reubicaciones de plantilla. Además, tiene en cuenta la reducción de subvenciones del Estado, así como el cumplimiento del Marco de Actuación Nacional del Carbón, por el que la actividad se concentra en los yacimientos más productivos.

En este contexto, en el que Hunosa ya ha visto rebajadas este año el volumen de subveciones en un 77%, los equipos financieros de la compañía y de la propia SEPI tasan aún el coste de unos planes operativos que deberán pasar el filtro de la CE.

La hoja de ruta que busca la viabilidad de la minera llegó en un momento de máxima incertidumbre sobre el futuro de las explotaciones. De hecho, dos de cada tres euros ingresados por Hunosa, en la que se tratan de minimizar las pérdidas, tienen como destino cubrir los conocidos como costes eternos. Se trata de partidas que el Estado debe atender independientemente de que los yacimientos estén en operación o clausurados, como los pagos que sufragan anteriores despidos, prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, o los que atienden la seguridad de las minas.

Hunosa restó 118 millones al beneficio de la SEPI en 2013, desde los 103 millones en rojo de 2012. El ente que reúne las participaciones empresariales del Estado, por su parte, cerró el pasado ejercicio con un beneficio de 500 millones, frente a las ganacias de 48 millones de 2012.

Hunosa nació en 1967 como un banco malo de minas de carbón. La SEPI cuenta con el 100% del capital y la tiene en la actualidad, junto a Navantia, como las empresas que presentan mayores pérdidas.

Las primeras pérdidas de Tragsa se acercan a los 18 millones

La caída de encargos de las distintas administraciones públicas a Tragsa en 2013 se ha saldado con las primeras pérdidas de la compañía en sus 37 años de historia. Con cerca de 10.000 empleados y presencia en todo el país, Tragsa ha lastrado el resultado de la SEPI con 17,3 millones en rojo. El holding público de participaciones empresariales controla la ingeniería medioambiental con el 51% del capital, siendo el Fondo Español de Garantía Agraria su segundo accionista, con el 38,96%.

Tragsa superó los 1.000 millones en adjudicaciones en 2009, en comparación con un volumen inferior a 500 millones el año pasado. Con todo, la compañía y su filial Tragsatec presentaron en noviembre de 2013 sendos ajustes de empleo por un total de 1.300 trabajadores. Los despidos de Tragsa fueron declarados nulos por la Audiencia Nacional y Tragsatec desistió de ejecutar su recorte y readmitió a los despedidos.