Economía descarta forzar a que todo el sector se fusione

El Banco de España reforzará el control sobre las rurales

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos EFE

Las cooperativas de crédito recuperan la calma. La reforma que emprenderá el Gobierno a la vuelta de vacaciones será mucho más laxa de lo que preveía el sector. No habrá tantas fusiones como estimaban. Eso sí, el Banco de España pretende imponer un nuevo fondo de reserva para reforzar el rescate y solvencia de estas instituciones. Deberán mejorar su gobierno corporativo, transparencia y endurecer las condiciones para suscribir las aportaciones de capital.

 Las cooperativas de crédito, entre las que destacan las cajas rurales, ya conocen gran parte de las reformas que quiere emprender el Gobierno tras la vuelta de las vacaciones. Representantes del ministerio de Economía se reunieron con la patronal del sector, la Unacc, el miércoles de la semana pasada, justo un día después de que Luis de Guindos anunciará que elevará al Consejo de Ministros el 29 de agosto o en septiembre la modificación de la Ley de Cooperativas de Crédito para “mejorar su gobierno corporativo y su régimen de aportaciones sociales”. Esta fue la primera reunión en la que el Gobierno expuso ya con un borrador en la mano los cambios que acometerá en el sector tras recibir las recomendaciones realizadas por las propias entidades.

Uno de los objetivos de esta reforma es mejorar la composición, estructura y funcionamiento de sus consejos rectores; o lo que es lo mismo, el conocimiento y competencia de sus miembros para asegurar la función de control de estas instituciones. Será una completa transformación de su gobierno corporativo.

Otro asunto que abordará la reforma del sector será el de la capitalización y solvencia de estas entidades, que por su pequeño tamaño serán las únicas casi que quedarán al margen de la supervisión europea, a excepción de Cajamar. El proyecto transmitido al sector por parte de Economía es la creación de un nuevo fondo de reserva destinado a prevenir futuras situaciones de crisis que pudieran afectar a estas entidades.

Este fondo deberá ser cubierto por todas las cooperativas de crédito. En el sector, de hecho, ya existe algo similar, creado por las propias rurales para cubrir la falta de solvencia puntual de alguna entidad y evitar así que sea adquirida por otra entidad ajena a las rurales. Es un fondo defensivo.

El nuevo fondo de reserva deberá contar con las aportaciones de las entidades en un porcentaje en función de su capital social, explican fuentes del sector que añaden que el asunto no está aún “maduro” por parte de Economía. Varias fuentes financieras coinciden en recalcar que el Gobierno parece que ha rebajado sus pretensiones de transformación del sector. Así, el temor a crear uno o dos rurales forzando los procesos de fusión y de su posterior bancarización se ha alejado. Estas fuentes afirman que el Gobierno permitirá las fusiones frías, es decir, sin la mutualización total de las entidades y por tanto de sus beneficios, y permitirá que las firmas que tengan voluntaria u obligatoriamente (por cuestión de solvencia) que fusionarse puedan mantener sus marcas de origen.

Estas fuentes coinciden en que tras las elecciones europeas y la presión del sector y de varios políticos de peso dentro del PP, el Gobierno ha aflojado sus pretensiones con respecto a estas entidades. Pese a todo, la nueva norma da más poder al Banco de España para obligar a estas entidades a fusionarse o convertirse en bancos. “Es lo que se llama la discrecionalidad del supervisor. Será el organismo que dirige Luis María Linde el que tendrá la última palabra para la transformación o no de una rural”, explica un directivo.

Otro de los cambios que impondrá Economía será el de aumentar la vigilancia en la comercialización de las aportaciones de los socios al capital de las cooperativas de crédito. El proyecto es evitar episodios dramáticos como el vivido con las participaciones preferentes. Economía quiere así asegurarse que los clientes que contraten estas aportaciones de capital sepan verdaderamente en lo que están invirtiendo y no lo confundan con un depósito o cualquier otro producto de ahorro. Por ello, antes de poder suscribirlo, deberán responder a “un cuestionario de adecuación”, en el que quedará de manifiesto su experiencia inversora y su conocimiento respecto a lo que es el capital social de la cooperativa. Estas instuciones han llegado a pagar hace un año un 6% de rentabilidad.

En la actualidad hay 64 cooperativas en España, de las que 59 son cajas rurales. Tienen una plantilla de 18.910 empleados y 4.645 oficinas.

Tienen 84.759 millones de euros en crédito, y 93.631 millones en depósitos. Sus activos suman  135.347 millones de euros.

Estas entidades cuentan con la nada despreciable cifra de 2,76 millones de cooperativistas, o lo que es lo mismo, socios que han suscrito aportaciones de capital.