Hacienda solo ha pagado al sistema eléctrico un 2% de lo que le corresponde
Lo atribuye a la burocracia recaudatoria Las empresas afectadas denuncian la situación
La situación del sistema eléctrico sigue siendo insostenible”. Así lo aseguran fuentes empresariales que subrayan que hasta finales de mayo el Tesoro Público solo había pagado un 2% de los fondos que está obligado a aportar al sistema y que proceden de los nuevos tributos energéticos y de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO2. Así, según la liquidación quinta de 2014 (que corresponde a los cinco primeros meses del año) aprobada por la CNMC hace dos semanas, el Estado solo ha desembolsado 169 millones de euros sobre los 3.256 millones que debe pagar este ejercicio, tal como figura en la orden de peajes eléctricos para este año aprobada en enero.
Según esta norma, los ingresos previstos por el sistema eléctrico en 2014 ascienden a 18.202 millones de euros, de los cuales, un 82% provienen de los peajes que pagan los consumidores en la factura de la luz y el 18% restante, de ingresos externos, los citados 3.256 millones que debe sufragar Hacienda. Según el informe de liquidación de la CNMC, mientras los ingresos por peajes de acceso han representado hasta mayo el 58% de los costes liquidados (4.888 millones de euros), los ingresos del fisco solo supusieron el 2%.
En los cinco primeros meses del año, los ingresos obtenidos por el sistema solo han cubierto un 58,07% de los costes regulados que deben cobrar las empresas del sector, con lo que el desajuste provisional en ese periodo (déficit de tarifa) es de 3.232 millones de euros. La situación se agrava teniendo en cuenta que la demanda se ha comportando peor de lo que previsto en la orden ministerial de peajes, lo que se traduce en menores ingresos. Según la CNMC, la demanda en consumo en la citada liquidación ha sido un 3% inferior al valor promedio de años anteriores. Ylos ingresos por peajes, un 5,8% menor.
Con la reforma energética el sistema de financiación de los déficit cambia radicalmente. Así, según la nueva Ley Eléctrica del 26 de diciembre, las desviaciones que se vayan produciendo en el sistema “serán soportadas por todos los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a la retribución que les corresponde en cada liquidación mensual”. Esto significa, que no solo las soportarán las grandes eléctricas como hasta ahora, sino todas las compañías que reciben ingresos regulados, como las pequeñas distribuidoras y las de renovables, la mayoría de pequeño tamaño. Además, mientras las eléctricas recibían unos intereses por financiar los déficit, ahora nadie es compensado por los retrasos.
Por tanto, la falta de pago del Tesoro, denuncian las afectadas, ha provocado que solo hayan cobrado hasta mayo, por término medio, la mitad de lo que les corresponde. Cuando, además, en el caso de las renovables, deberán empezar a devolver el dinero recibido de más desde julio del año pasado, según su nueva retribución. Desde esa fecha, las compañías han cobrado primas a cuenta del nuevo sistema de estándares, que implica en general un recorte de ingresos.
La CNMC, al igual que el propio Ministerio de Hacienda, atribuyen los retrasos a “los diferentes devengos del impuesto” y a la demora en su certificación por parte de la Intervención General del Estado (IGAE).
Un déficit de tarifa soterrado y permanente
La reforma eléctrica que arrancó hace un año, tenía por objeto acabar con la lacra del déficit de tarifa. Pero, a pesar de la multitud de normas que se aprobaron (hasta 14), el quid de la reforma diseñada por el secertario de Estado de Energía, Alberto Nadal, fue una ley anterior a su llegada al Ministerio de Industria: la que establecía nuevos tributos energéticos, que entraron en vigor en enero de 2013.
Un dinero del sistema eléctrico para el sistema eléctrico con la intermediación de Hacienda. Además, el Estado aportaría otros fondos: el año pasado ninguno (de ahí que el déficit de tarifa 2013 alcanzara los 3.200 millones) y este, 900 millones para los sobrecostes de las extrapeninsulares.
Amén de los recortes de los costes, cuyo efecto se verá este año, los llamados ingresos externos (los procedentes de los tributos), que suponen un 18% del total de los costes (la retribución de las redes, el servicio de la deuda eléctrica, incentivos a las renovables y los gastos de funcionamiento del sistema) son clave para la sostenibilidad del sistema eléctrico. Un sistema acostumbrado a la gran liquidez de unos peajes que pagan religiosamente los consumidores, que se ha topado con un pagador externo que ha distorsionado los plazos de cobro (ahora arbitrarios), en parte, por la propia burocracia recaudatoria y, en parte, según denuncian las empresas afectadas, por demoras no justificadas. Aunque en Hacienda, atribuyen los retrasos a las certificaciones, lo cierto es que en octubre del año pasado había acumuló una deuda de 1.500 millones, cuando la IGAE tenía certificados 1.300 millones de cuatro impuestos energéticos. El del 7% a la generación se recauda trimestralmente y el del gas (el llamado céntimo verde) cada mes.
El Gobierno libera los 900 millones para los sobrecostes de las islas
Además de la recaudación de los impuestos energéticos y de parte de los ingresos de las subastas de derechos de CO2, el Estado contribuye al sostenimiento del sistema eléctrico financiando la mitad de los sobrecostes de los sistemas de las islas, de Ceuta y Melilla. Un compromiso, que incumplió en 2013, pero que este año estaba atado y bien atado en la Ley de Presupuestos.
La liberación de esta partida dependía de la aprobación de un procedimiento al que el Consejo de Ministros dio vía libre el viernes. Así, el Gobierno aprobó ese día un real decreto para establecer el procedimiento de liquidación de los extracostes del suministro eléctrico de los sistemas eléctricos no peninsulares, de los que el 50% será financiado con cargo a los Presupuestos del Estado de cada ejercicio por medio de la ejecución de un crédito de 903 millones.
De esta manea, se da cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico de 2013, y establece el procedimiento presupuestario, de control, reconocimiento y liquidación correspondiente a la mitad del extracoste de 1.806 millones, de la actividad de producción de los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares, que serán financiados con cargo a las Cuentas Públicas.
Ello permitirá iniciar la ejecución del crédito por esa cantidad consignada en los Presupuestos de este año. La norma regula la intervención y procedimientos a seguir por los diferentes departamentos ministeriales y la CNMC.
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