¿Las gasolineras ‘low-cost’ son ilegales?
“Las unidades de suministro (de gasolina) no atendidas y las de autoservicio -es decir, las llamadas low cost- presentan dificultades para cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y pueden atentar contra los derechos básicos de consumidores y usuarios”. Estas son las conclusiones de un informe realizado por FIDE Asesores Legales y Tributarios a petición de la Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona.
La asociación ha remitido el estudio al Ministerio de Industria, Energía y Turismo “para denunciar la posible ilegalidad de las citadas unidades”, como se puede leer en un comunicado emitido por el organismo. El informe detalla los riesgos y demás situaciones críticas a los que se expone el usuario de las gasolineras low cost, todos ellos consecuencia de la falta de personal “en pista”, “especializado en la manipulación de mercancías peligrosas, como es el caso de los hidrocarburos”.
¿Quién vigila al usuario?
“No se puede detectar ni evitar que algún cliente reposte fumando, con las luces encendidas, el motor en marcha o hablando por el teléfono móvil”, reza la nota de la Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona.
Envases no homologados y derrames
“No es posible controlar el uso de envases no homologados, ni evitar posibles derrames o comprobar que no haya peligro después de una pequeña fuga”, añade el comunicado.
Manutención y abastecimiento
La asociación señala que, en las gasolineras sin personal, “no se puede detectar si hay mangueras en mal estado ni sustituirlas rápidamente, ni es factible garantizar el permanente abastecimiento”. ¿En qué condiciones se lleva a cabo el abastecimiento en este tipo de “unidades de suministro”? “Se pueden producir accidentes y vertidos como el sobrellenado del tanque y posterior vertido, o el vertido superficial del producto en la zona de descarga”, lo que acarrea, según dicha entidad, un riesgo adicional.
Discriminación hacia los discapacitados
“Este tipo de establecimientos” -prosigue la nota- “puede resultar discriminatorios para personas con algún tipo de discapacidad”. Asimismo, “resulta difícil cumplir con la normativa que afecta a derechos básicos de consumidores y usuarios, como facilitar el acceso a hojas de reclamaciones o a facturas de compra”.
“Por todo ello”, concluye el comunicado de la Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona, “el citado informe se cuestiona la legalidad de las unidades de suministro de carburante no asistidas. Y en algunos casos, los incumplimientos también son extrapolables a las unidades de suministro que, aunque no estén desatendidas totalmente, no cumplen con todos los requisitos legales analizados, si la persona que puede atender el servicio no está debidamente formada o no tiene plena dedicación durante todo el tiempo que la unidad de suministro se encuentra abierta al público”.
