La Autoridad Fiscal cree inviable cumplir el objetivo de deuda pública
Considera que debería modificarse la ley y fijar una senda de reducción "más creíble" Reclama un mayor seguimiento trimestral de las medidas para corregir los desajustes
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado hoy una nota de opinión para advertir que resulta prácticamente imposible que España cumpla la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a rebajar la deuda pública al 60% del PIB en 2020. El organismo presidido por José Luis Escrivá recuerda que el nivel de pasivo se situó en el 96,8% del PIB en el primer trimestre de este año y, según las previsiones del Ejecutivo, se situará en el 98,5% en 2017.
La Autoridad Fiscal no recomienda adoptar medidas adicionales para cumplir el objetivo de deuda y apuesta por fijar una senda de reducción "más creíble" y, por lo tanto, propone modificar la Ley de Estabilidad. De hecho, teniendo en cuenta el alto endeudamiento actual, el propio Gobierno reconoce en privado que no es factible rebajar el pasivo al 60% del PIB. Los últimos datos del Banco de España reflejan que la deuda alcanzó los 996.983 millones y la tendencia al alza se mantendrá en la medida en que la Administración Pública sigue gastando más de lo que ingresa. Es cierto, como también recuerda el organismo supervisor, que parte del incremento de la deuda pública en los últimos años no se ha debido solo al déficit, sino al rescate bancario y a los mecanismos de financiación como el FLA o el plan de pago a proveedores que aprobó el Gobierno para ayudar a comunidades y ayuntamientos.
El organismo que evalúa las cuentas públicas también critica que los objetivos de deuda de las comunidades autónomas no respondan siempre al dato real. Ello es así porque el Gobierno tiene capacidad para establecer que ciertos endeudamientos -como los ligados al FLA- no computen a efectos de evaluar el cumplimiento del objetivo. La Autoridad Fiscal considera que ello es un error.
También apuesta por elevar el control, especialmente en la Administración central, por los incumplimientos del objetivo de déficit y deuda. Actualmente, las comunidades que rebasan los límites deben presentar un plan económico-financiero que es objeto de seguimiento trimestral. La Autoridad Fiscal sostiene que el Estado central, debería aplicar la misma receta y rechaza que para ello baste la publicación del Programa de Estabilidad.