Aprecia riesgo de nulidad por el elevado plazo de pago de la deuda

La banca recurrió antes que el Estado el convenio del concurso de la AP-36

Trazado de la autopista AP-36, entre Ocaña y La Roda.
Trazado de la autopista AP-36, entre Ocaña y La Roda.

Los bancos no confían en la viabilidad de la oferta presentada por Ferrovial para sacar del concurso de acreedores a la concesionaria Madrid-Levante, operadora de la autopista AP-36 (Ocaña-La Roda). Con una deuda de 522 millones y una crisis de tráfico que ya dura años, esta compañía participada también por Sacyr (40%) y KutxaBank (5%), es la primera en riesgo de liquidación si los bancos rechazan la propuesta de convenio. La junta de acreedores iba a tener lugar el 18 de julio y fue aplazada al 19 de septiembre después de que el abogado del Estado trasladara dudas al juez sobre la posible nulidad de la propuesta.

Pero antes de esta actuación fue la propia banca, según ha podido saber este periódico, la que presentó recurso ante el Juzgado número 2 del Registro Mercantil de Madrid por idéntica razón. La propuesta de Ferrovial, que controla la concesionaria con el 55% del capital, es pagar la deuda íntegra más los intereses en un plazo de 43 años, hasta 2057. Una de las virtudes de la oferta era que los acreedores comenzaban a cobrar desde el primer minuto.

La compañía buscaba el visto bueno de sus bancos para posteriormente dirigirse a Fomento y solicitar una ampliación del plazo de explotación por 30 años. La AP-36 fue adjudicada en febrero de 2004, se abrió al tráfico en julio de 2006 y la concesión expira en 2040.

La banca acreedora, entre la que BBVA fue entidad agente y el Sabadell tiene la administración concursal junto al abogado Vicente Flores Argente, hizo constar en su recurso que el hecho de que el plazo para pagar la deuda sobrepase la vida de la concesionaria podría derivar en un convenio nulo.

El rescate

- Las autopistas a nacionalizar son las radiales de Madrid; la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas); la AP-41 entre Madrid y Toledo; la circunvalción de Alicante, o la AP-36 que va de Ocaña a La Roda, entre otras.

- La Empresa Nacional de Autopistas nacerá con 2.250 millones de deuda, tras una quita del 50%, que se canjeará con con bonos a 30 años. Los títulos podrían ganar diez más y pagarán algo menos del 2% de rentabilidad fija anual.

Con una junta de acreedores aplazada desde abril y el escrito remitido por el abogado del Estado, el juez estimó junto a los administradores que debía posponerse la cita en que se dirimirá si la AP-36 sale adelante o es la primera autopista en abrir un expediente de liquidación. Lo que sí demandaron tanto Flores Argente como el Sabadell es que el aplazamiento no fuera sine díe. La nueva fecha es el 19 de septiembre.

De resolverse el contrato, la carretera volvería a manos de Fomento y el Estado debería atender al pago de 487 millones en virtud de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) contemplada en el contrato. Esta garantía cubre el riesgo de quiebra de la concesión por causas ajenas a los accionistas, como es la inesperada caída de tráfico por la crisis, sobrecostes en expropiaciones u obras demandadas por Fomento al margen del contrato concesional y que no han sido pagadas aún. Los accionistas de las autopistas, a su vez, pignoraron la RPA ante la banca para levantar la financiación de las obras.

El Estado se enfrenta a una factura de hasta 4.000 millones por la RPA de la decena de autopistas en concurso. De ahí que el Gobierno busque la nacionalización a un menor coste, pactando una quita del 50% en la deuda, que totaliza 4.500 millones, y el pago del saldo resultante en bonos a largo plazo emitidos por la futura Empresa Nacional de Autopistas. Se espera que este plan de rescate encare su recta final esta semana tras la mejora en el rendimiento de los citados bonos.