El papel de las auditorías, en tela de juicio
En España hay 1.411 sociedades de auditoría Los expertos coinciden en que los auditores españoles están muy preparados
El pasado 1 de julio, no una tormenta de verano, sino una auténtica gota fría llegaba inesperadamente a las finanzas españolas con el demoledor informe de la consultora Gotham City Research, que valoraba en cero euros las acciones de la tecnológica Gowex y la comparaba con la farsa Pescanova (Pescanova Charade), otro de los grandes fiascos que en los últimos meses han sacudido el mercado en España.
Este caso ha vuelto a poner en el foco de atención el valor de la auditoría en las empresas y, con ello, la solvencia de las entidades auditoras. En sociedades aparentemente solventes y supervisadas, están llegando muchas sorpresas en poco tiempo, las cuales están abonando la desconfianza sobre las auditoras, encargadas de certificar la veracidad de las cuentas de las empresas. Los inversores se encuentran desconcertados y desconfiados. No son pocas las voces autorizadas que reconocen un “evidente daño reputacional”, que tendrá consecuencias en la composición del sector a corto plazo. Y eso a pesar de que “el porcentaje de fallos es mínimo”, como dicen en una de las principales compañías.
Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), instó a las firmas del sector el pasado 4 de julio (en el marco del 24 Forum del Auditor Profesional) a “una mayor colaboración y a fusionarse, ya que la auditoría es una actividad compleja, multidisciplinar y con necesidad de equipos para su óptimo desarrollo”. La fotografía de la auditoría en España traslada la existencia de 1.411 sociedades de auditoría, de las que solamente 650 facturan más de 120.000 euros, según el ICJCE.
A esto se añade la muy reciente directiva de la Unión Europea de abril de 2014, que parece haber cogido bríos en la mesa del Consejo de Ministros, sobre todo después de los recientes acontecimientos que dan otra vuelta de tuerca a una actividad “ya de por sí muy regulada”, según fuentes del sector.
Esta normativa establece, entre otras medidas, la limitación a las auditoras para contratar otros productos con las firmas que audite, o un plazo máximo de diez años sin alternancia o concurso en la firma auditora. A pesar de ello, ninguna norma establece niveles de graduación en la habilitación de los auditores, que por otra parte deben superar –para obtener su licencia y poder registrase en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Ministerio de Economía– una prueba “especialmente dura y exigente”, según afirman todas las fuentes.
Así que, teóricamente, cualquiera puede auditar a cualquier empresa y esta circunstancia hace reflexionar a Carlos Blanco, socio del bufete especializado en inversiones Blanco & Silva. “Hay que ser más exigentes con los auditores y con su responsabilidad, ya que el mercado descansa en muchas ocasiones en su informe”, explica Blanco. Para este letrado y economista “se está burocratizando la función de la auditoría y eso hace perder seguridad jurídica. Es muy peligroso ir por ese camino”. En esta dirección, Carlos Blanco propone medidas que limiten el riesgo de verse limitado por deberse a quien paga. Sin querer proponer una auditoría publica, queda camino por hacer en esta dirección.
Coinciden en la existencia de este riesgo de pérdida de independencia fuentes de las Big Four, aunque lo centran en las empresas “de poco músculo”, ya que “ninguna de las grandes auditoras pone en riesgo su credibilidad por no perder un cliente. De hecho, dicen estas fuentes, se rechaza a muchos clientes que no ofrecen garantías. En este contexto puede enmarcarse el rechazo de PwC, según informó CincoDías, a la auditoría forense de Gowex “porque no se han dado las condiciones mínimas necesarias”, según hizo público la compañía.
Buscando referencias comparadas en otros mercados, Víctor Cortizo, socio director de Cortizo Abogados, firma especializada en el mercado secundario de Londres, ve “mucho más difícil” que en ese mercado se produzca un caso como el de Gowex. Y reflexiona que “quizás este caso sea lo mejor que le pueda pasar al mercado alternativo español, porque se va a someter a las empresas a un rigor mucho mayor en su control”. Hace una llamada a redoblar el elemento ético de estos profesionales. “Los auditores tienen que ser conscientes de que de su informe dependen vidas y trabajos”, concluye Víctor Cortizo.
En todo caso, coinciden los expertos en determinados aspectos, como que en España hay unos auditores “excepcionalmente preparados” y con una “altísima cualificación profesional que mantienen un nivel de formación del más alto nivel”.
También es común la llamada a “no demonizar a las pequeñas auditoras, ya que cumplen un papel impecable en muchas empresas”, como reconocen en las Big Four, ya que el propio mercado regula en la mayoría de las ocasiones la asociación de empresa y auditora. “Nadie se imagina a una pequeña auditora firmando las cuentas de una empresa del Ibex 35. Ni los inversores ni los accionistas lo valorarían correctamente”, dicen las fuentes consultadas en el parqué. Aunque dicho esto, reconocen que lo sucedido en casos como Gowex “esta haciendo volver a las Big Four a empresas que habían optado por auditoras más pequeñas. El valor de la seguridad que el prestigio de una marca global ofrece ante los inversores prima sobre una –no tan elevada– diferencia de factura”, dicen.
También es una opinión generalizada la de que el sistema de supervisión “funciona bien”, como dice Carlos Blanco, de Blanco & Silva. Pero “sus recursos están asignados de forma desequilibrada”, añade. Y es que “el 80% de los recursos de inspección se dedica a supervisar a las pocas grandes auditoras, ya de por sí con sólidos mecanismos internos de control. Por ello, para los cientos de pequeñas firmas quedan pocos recursos”, reconocen otros expertos.
En todo caso, auditoras, inversores y asesores coinciden en la importancia de que “no se resquebraje la confianza en el sistema y no perder seguridad jurídica para no ahuyentar a los capitales. Para ello hay que llevar al límite los principios de responsabilidad, transparencia e independencia de la auditoría”, dicen de forma unánime.
“En el año 2012 se realizaron en España más de 62.000 auditorías. Es posible imaginar el catastrófico escenario al que hubiera llegado nuestra economía si los auditores, durante los peores años de la crisis, hubieran sido laxos con las tentaciones de muchas empresas de maquillar su situación. Esto es lo que, a pesar de la dureza de la situación, ha salvado la confianza en el mercado y en las empresas. Y ha sido fruto del trabajo riguroso de los auditores”, defienden con vehemencia en un sector al que la gripe provocada por el virus de Gowex puede favorecerle en reconfiguración, mercado y solvencia. Aunque, como en otras muchas cosas, la fiesta no suena igual en todos los barrios.
Aunque las fuentes difieren –por la contabilización de inscritos no realmente activos–, las principales auditoras cifran en unos 6.000 el número de auditores habilitados que ejercen en España.
En este escenario destacan sobradamente las llamadas Big Four (Deloitte, KPMG, EY y PwC), marcas de dimensión mundial que acaparan la auditoría del Ibex 35 y las principales empresas.
La Ley de Auditoría de Cuentas de 2011 y su reglamento supusieron un esfuerzo de organización y sistematización a los sucesivos parches legislativos que sufría la regulación de una actividad que en los últimos años ha crecido notablemente en volumen y competencias.