Las radios comerciales reclaman al Gobierno una Ley de Propiedad Intelectual “equitativa”
La Asociación Española de Radios Comerciales (AERC), que agrupa a más de 2.000 emisoras, reprochó ayer al Gobierno que el Proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual no tome en consideración su papel de pilar básico de la industria cultural, creativa y digital. Igualmente, criticó que no se haya analizado el impacto de la crisis económica en el sector, los problemas derivados de la transición hacia nuevas modalidades de explotación y de distribución, ni la aparición de nuevos agentes y operadores, “que disfrutan de distintas ventajas competitivas y menores obligaciones”, así como el encarecimiento de las tarifas fijadas por las entidades de gestión de manera unilateral e injustificadas.
Las radios ven esencial que la nueva Ley implante competencias efectivas de control, tanto en la determinación de tarifas de derechos de autor como en su aplicación, y tanto respecto de las fijadas unilateralmente por las entidades de gestión, como de las exigidas por las majors fonográficas, en el caso de internet. En este contexto, la AERC apuntó que los precios de los derechos no pueden ser superiores a los derechos de autor, ni ninguno de ellos ser incrementados unilateralmente o de manera no equitativa, como tampoco debe la futura ley permitir que los usuarios se vean obligados a pagar dos veces por un mismo derecho o acto de explotación. “No puede haber discriminación de la radio comercial frente a las radios públicas por parte de las citadas entidades y las tarifas de aplicación”, añadieron en la nota.
La AERC pidió igualmente que las cantidades abonadas por las radios que no sean repartidas a sus titulares, por problemas de identificación, de falta de acreditación o por inexistencia de derechos en terceros países deben ser devueltas a las radios, y no quedarse en los ingresos de las entidades o en los pendientes de identificación de la misma. Y ve indispensable que la ley encare la situación de los derechos de titulares que no son reconocidos como tales en países extracomunitarios, pero cuyo pago es exigido por las entidades de gestión.
Por último, la AERC considera determinante una protección eficaz contra la piratería, y exige medidas eficaces contra los enlaces, descargas, aplicaciones y webs ilegales, con especial alcance a las emisiones y retransmisiones de las entidades de radiodifusión.