KPMG, PwC y Deloitte investigan los mails de los exgestores de las cajas intervenidas

Luz ‘forense’ para aclarar 90 opacas operaciones de la banca asistida

La mayoría de los casos que están siendo examinados son transacciones inmobiliarias

El presidente del FROB, Fernando Restoy.
El presidente del FROB, Fernando Restoy.

Lo que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) encontró en las tripas de las entidades financieras a las que concedió ayudas públicas ha derivado, de momento, en la apertura de 18 causas penales en las que se investigan “presuntos delitos relacionados con las operaciones de tráfico inmobiliario o con la retribución irregular de exdirectivos”, según detallaba hace unos días su presidente, Fernando Restoy.

Este, sin embargo, espera nuevas actuaciones judiciales a partir del próximo otoño. El organismo dependiente del Ministerio de Economía identificó otras 90 operaciones sospechosas, que presentan “indicios de irregularidad o no responden a una finalidad económica lógica” y que tuvieron “un impacto patrimonial significativo” en las cuentas de Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia o BMN, que están siendo analizadas estos días por los departamentos forensic de algunas de las principales auditoras del país.

Los expertos independientes seleccionados para esta labor han sido concretamente KPMG, Deloitte y PriceWaterhouseCoopers pero, ¿en qué consiste esta metodología de investigación?

Los análisis forensic se basan “en procedimientos de investigación financiera e informática destinados a prevenir, detectar o investigar posibles fraudes”, aclaran desde una de las auditoras. Durante el proceso, se tienen en cuenta diversas fuentes de información entre las que destacan ordenadores que puedan contener evidencias; soportes informáticos, como discos duros o memorias externas, así como cualquier otro material documental; la contabilidad de la entidad; los movimientos de las distintas cuentas bancarias; los inmuebles en propiedad y encuentros con el personal involucrado en las operaciones analizadas, recoge una reciente presentación de KPMG.

“Al final se parece bastante a una investigación policial”, agregan desde otra auditora, donde señalan que este tipo de análisis van más allá que los procedimientos usuales de auditoría, puesto que incluyen entrevistas con los implicados, averiguaciones sobre los vínculos familiares y personales de los sospechosos o, quizás la regla básica, las pesquisas necesarias para seguir el rastro del dinero.

En el caso concreto de las 90 investigaciones encargadas por el FROB, uno de los elementos clave para el análisis, según fuentes conocedoras del proceso, están siendo las evidencias digitales, entre las que destacan la correspondencia virtual mantenida por los distintos responsables o exgestores de las entidades bajo lupa.

Entre los casos que están siendo investigados se incluyen operaciones de financiación y refinanciación, renegociaciones de préstamos, cancelación de deuda, pago de comisiones, o modificación de los contratos de los directivos que alteren sus retribuciones salariales o planes de pensiones, por ejemplo.

Las operaciones más habituales bajo sospecha son, no obstante, las de carácter inmobiliario, el pecado original de la gran crisis financiera española. Fuentes del sector exponen que un caso típico de fraude en este sentido se daba cuando un constructor compraba una finca a un agricultor por unos 100.000 euros y la vendía dos meses después a la entidad por 10 millones, repartiendo las ganancias con el responsable de la entidad que aprobó la operación.

Al tratarse de operaciones muy concretas, ya identificadas por las propias entidades o el FROB, las auditoras están finalizando sus pesquisas en un plazo medio de dos semanas por caso. Todo un trabajo detectivesco que el FROB quiere ver culminado antes de final de año, con el objetivo de enviar a los presuntos responsables ante el juez. De momento, es el turno de los forenses.

El perfil del defraudador financiero

El fraude interno es una amenaza relativamente común para las grandes empresas. Un reciente informe de KPMG, que cuenta con el mayor y más antiguo departamento forensic en España, expone que una organización media “pierde un 5%_de sus ingresos anuales por fraudes”. Una suma no menor, para un engaño que en la mayoría de los casos supone un “trabajo desde dentro”. Así, solo en el 11% de las operaciones fraudulentas están involucrados únicamente terceras personas ajenas a una entidad, si bien hay que tener en cuenta que el factor “oportunidad” es mucho más probable para un miembro de la empresa. Tal vez por el mismo motivo, la mayoría de fraudes detectados son cometidos por altos cargos de estas compañías, lógicamente con mayor acceso y control de lo que sucede en ellas. Concretamente, el 49%_de los fraudes son cometidos por personal de la alta dirección; otro 26% es perpetrado por directivos intermedios y otro 11% corresponde a miembros del consejo de administración. Los empleados, a su vez, son responsables del 14% de casos restantes. En cuanto al área en que trabajan los implicados, “el 77% pertenecían a los departamentos financieros, de operaciones o ventas, o eran el director general” de la compañía, revela el informe. Normalmente se trata de empleados con varios años de experiencia y que en el 91% de los casos llevan a cabo más de un fraude. La debilidad de los controles internos es la causa más habitual que permite la comisión del engaño.