Fomento movilizará 3.000 millones de inversión privada en los puertos
Prevé captar 150 millones anuales durante 20 años, 3.000 millones en todo el periodo El gran objetivo es llevar el ferrocarril a los puertos
Fomento va a aprobar una importante prórroga en las concesiones de servicios portuarios con un doble efecto: dinamizar inversión privada a cambio más tiempo de explotación para la llegada del tren de mercancías a esas infraestructuras, y permitir un marco temporal más favorable a los operadores para rentabilizar las inversiones. Durante los últimos meses la petición de un mayor periodo de concesión ha sido un clamor entre las mayores empresas portuarias, quienes han creado la plataforma PIPE como interlocutora del Gobierno. La caída de tráfico durante la crisis, según afirman, ha puesto en riesgo el equilibrio de sus contratos.
El plan de Fomento pasa por elevar las concesiones de las terminales de 30 a 50 años, cuando en Europa este tipo de contratos supera los 80 años.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, aclaró ayer en Santander, durante su intervención en un curso sobre infraestructuras en la Universidad Menéndez Pelayo, que este paso se da a cambio de la citada inversión por parte de las empresas. Los cálculos que maneja el Gobierno estiman la movilización de 3.000 millones en los 20 años de prórroga, a razón de 150 millones anuales.
Al margen de esta novedad, Rafael Catalá avanzó la próxima creación de un fondo al que se destinará alrededor del 50% del beneficio de los puertos del Estado. Las aportaciones tendrán el tratamiento de préstamos remunerados y el fondo se utilizará para cubrir las necesidades de financiación de la red de puertos. El número dos de Fomento aseguró que aún no se ha decidido cuánto pagará el fondo por el capital aportado. El objetivo inicial de captación es de 100 millones anuales.
El foro de infraestructuras celebrado en Santander, promovido por la patronal de la construcción Seopan, coincide con el parón en la aplicación del plan de nacionalización de una decena de autopistas en quiebra. El presidente del colectivo empresarial, Julián Núñez, urgió una solución a Fomento para generar nueva confianza en el sector concesional y entre los inversores.
Una de las autopistas, la AP-36, operada por Ferrovial, celebra el 18 de julio una junta de acreedores de la que saldrá aprobado un duro convenio o se decidirá la liquidación. Catalá es consciente de ello y de que el Estado tendrá que afrontar una responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) millonaria en caso de quiebra. “Lo más deseable es que no caiga ninguna concesionaria mientras negociamos una solución que se antoja difícil”, declaró ayer.
La emergencia en la AP-36, que podría abrir una cascada de liquidaciones en las que el Estado afrontaría una factura global de 3.500 millones en RPA, mete presión al proceso.
El salvavidas esperado es la nacionalización del ramillete de autopistas, que el Gobierno propone con una quita del 50% sobre una deuda de construcción y financiera de 4.250 millones y quedándose con el 100% del capital de la sociedad. La citada deuda sería canjeada por bonos de la sociedad estatal a 30 años con un rendimiento fijo anual mínimo del 1%, que también ha sido tildado de insuficiente por la banca.
Dos problemas principales amenazan la viabilidad del plan: entidades internacionales, con casi el 40% de la masa acreedora, se niegan a una quita lineal en la deuda financiera, y la Comisión Europea tiene dudas sobre la posibilidad de que España pudiera incurrir en una ayuda ilegal de Estado.
En este contexto, Fomento sigue viendo como escenario posible la liquidación de concesiones como las radiales de Madrid, la circunvalación de Alicante, autopista Madrid-Toledo (AP-41) u Ocaña-La Roda (AP36).
Peticiones
Las empresas concesionarias, muchas representadas ayer en Santander, reclaman a Fomento un marco más ágil de resolución de conflictos, así como retoques en la regulación de concesiones que hagan más digerible el riesgo de demanda para las operadoras de autopistas.
Pago por uso, debate aplazado hasta 2016
La ampliación de las concesiones de autopistas a cambio de inversiones, tal y como se hará en los puertos, está siendo estudiada por Fomento a propuesta de Abertis, Cintra o Itínere. Sin embargo, Rafael Catalá avanza que no es fácil articular esa solución en las carreteras. Al respecto, los representantes del PP, PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Andrés Ayala y Rafael Simancas, respectivamente, se mostraron ayer reacios a la medida. Pere Macías, de CiU, cree que existen otras prioridades como la tarificación de las autovías.
Ninguno de los tres ve aplicable en esta legislatura el pago por uso, siendo Macías el más firme defensor “para acabar con la dualidad de sistemas en las carreteras de este país”. El momento crítico que atraviesa el sector del transporte por carretera desaconseja una solución que ya opera en distintos países europeos. Desde Seopan se estima que el Estado podría ingresar entre 6.000 y 7.000 millones anuales generalizando los peajes en toda la red de alta capacidad.
Simancas también propuso sacar la estrategia de infraestructuras fuera del debate político a base de “un gran pacto” entre Gobierno y oposición. Ayala, por el PP, se mostró receptivo y a renglón seguido se enzarzaron en un duelo sobre el modelo de privatización de Aena. Macías asistió atónito a tan rápida ruptura de la promesa de despolitizar el debate.
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