La reforma fiscal no afectará ni al IBI ni al impuesto de circulación
La cúpula del Ministerio de Hacienda y la de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) se reunieron para tratar de resolver algunas dudas que mantenían algunos municipios con respecto al impacto que la reforma fiscal tendría en dos figuras impositivas. Se trata del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el impuesto de circulación, que representan un porcentaje muy elevado de la recaudación. Según los últimos datos oficiales, el IBI supone el 23,08% de los ingresos municipales y el de circulación el 4,93%. Hacienda les garantizó que no se verán modificados.
Despejada esa duda, los representantes municipales centraron sus ruegos en la flexibilización de las vías que tienen para endeudarse, una vez que Hacienda les dio a conocer los objetivos de deuda y déficit para los tres próximos años. En 2015, 2016 y 2017, los municipios deberán alcanzar el equilibrio presupuestario, mientras que en términos de deuda, el umbral máximo permitido bajará al 3,9%, al 3,8% y al 3,7% en los tres ejercicios anteriormente comentados. Un jarro de agua fría para los representantes municipales que contaban que la buena gestión de sus cuentas públicas en 2013 (lograron un superávit de cuatro décimas) les serviría para lograr algún guiño por parte de Hacienda. Algo sí sacaron. En primer lugar, el elogio del titular de Hacienda, que tildó de “excelente” el comportamiento financiero de los ayuntamientos. “Están permitiendo a España conseguir sus objetivos de déficit comprometidos en el Programa de Estabilidad.Les hemos felicitado por la gestión de sus presupuestos, que está permitiendo que España lograra su objetivo de déficit y está haciendo posible el acceso a los mercados financieros”, subrayó.
Hacienda crea una comisión para negociar el techo de gasto local
Los ayuntamientos sí arrancaron dos compromisos a Montoro. El presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, reveló que se crearan dos grupos de trabajos con Hacienda, que se reunirán de forma periódica para tratar dos cuestiones:el coste efectivo de los servicios que prestan los ayuntamientos (que finalmente quedó fuera de la reforma local) y el techo de gasto. Este último punto era la principal reivindicación que traían al encuentro y era que Hacienda les elevara el techo de gasto para disponer de más fondos en 2015 y así ver premiado su rigor presupuestario. La constitución de ese grupo, dos días antes de que Hacienda haga público el techo de gasto, es un gesto que fue interpretado con optimismo por parte de los representantes municipales.
La otra contraprestación que obtuvieron se refería a la petición de muchos ayuntamientos para desvincularse de los créditos que estaban pagando al adherirse al plan de pago a proveedores. La mejora de la prima de riesgo ha supuesto una rebaja muy importante de los costes de financiación y algunos consistorios habían pedido que se les diera libertad para poder negociar la refinanciación de su deuda con los mercados. “Siendo conscientes de que las condiciones son buenas, existen posibilidades de que algunos ayuntamientos puedan negociar refinanciaciones con los mercados esa deuda y la ley no permite que se hagan refinanciaciones con las instituciones financieras”, apuntó De la Serna.
Esa prohibición penaliza a algunos consistorios, que están pagando su deuda al 4,5%. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que también compareció tras la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), aclaró que el Ministerio de Hacienda estudiará ese punto. “También analizaremos las posibilidades que hay en cuanto al destino del endeudamiento, ya que todo tiene que ir dirigido a financiar inversión y no a gasto corriente, algo que algunas autonomías sí pueden hacer. El ministro ha anunciado la voluntad de estudiarlo”, remarcó Beteta.
Otro de los temas que se tocó en la reunión fue la nueva obligación de informar periódicamente sobre los períodos medios de pago de cada ayuntamiento. Esta medida es consecuencia de la aprobación del anteproyecto de ley para el control de la deuda comercial, que establece que ninguna administración podrá pagar a sus proveedores a más de 30 días. Hacienda trabaja ya en el mecanismo para controlar los pagos de todas las administraciones. La primera idea es que el Estado se haga cargo de la factura y que posteriormente la recupere detrayendo el importe de las transferencias que hace a autonomías y ayuntamientos.
La patata caliente del coste de los servicios
Hacienda también ha creado un grupo de trabajo con los ayuntamientos para tratar de definir el coste máximo que pueden tener los servicios locales. Un asunto que se cayó a última hora de la reforma local, como consecuencia de las protestas de un gran número de consistorios, en especial los socialistas, que acusaron a Montoro de una privatización encubierta de servicios. Si superaban ese umbral, la gestión de esos servicios (recogida de basuras o alcantarillado, entre otros) podía ser traspasado a mancomunidades o diputaciones. Las futuras reuniones trataran de limitar las diferencias y rubricar un acuerdo.