Deudas polémicas en el concurso de Jomaca 98

Pocoyó, un personaje mundial camino del escándalo

Personajes de la serie Pocoyó, de Zinkia.
Personajes de la serie Pocoyó, de Zinkia.

Cuentan que la pasada semana al empresario mexicano Miguel Valladares, con el 11,2% de Zinkia, la productora creadora del popular personaje Pocoyó, se le pasó por la cabeza aprovechar la visita a España del presidente de México Enrique Peña Nieto y su encuentro con el rey Juan Carlos para montar un escándalo. “Quería que todos supieran lo que está pasando en Zinkia”, dice una fuente cercana a Valladares.

El empresario mexicano accedió en 2009 al capital del grupo controlado por José María Castillejo, conde de Floridablanca, y ha ido aumentando su presencia en el accionariado hasta convertirse en el segundo mayor accionista de la compañía, después de Jomaca 98, la sociedad de Castillejo que tiene el 64,7%. Valladares contaba en realidad con ser este año el primer accionista de Zinkia. El empresario adquirió un préstamo de Bankia a Jomaca 98 por 16 millones de euros garantizado con acciones de Zinkia ejecutables el pasado mes de enero. Pero Jomaca 98 fue declarada en concurso de acreedores en diciembre, impidiéndose así la ejecución de garantías. La jugada concursal es lo que trae de cabeza a Valladares, que no logra entender por qué en un país europeo se permiten este tipo de garantías a un acreedor con deudas millonarias.

El listado del activo y pasivo con el que fue declarada en concurso Jomaca 98, al que ha accedido este diario, desvela otros acreedores y deudores además de Valladares que amenazan con convertir a Pocoyó en carne del escándalo. Zinkia ha excusado a este diario en reitaradas ocasiones en las últimas semanas comentar estas informaciones.

Entre los activos con los que Jomaca 98 dice contar en dicho listado, se encuentra un préstamo de 1,6 millones de euros en teoría concedido al exdiputado del PP Alejandro Ballestero de Diego, hoy presidente de una empresa de defensa semipública y consejero de Zinkia. Sin embargo, fuentes cercanas a Ballestero han negado a este diario que el expolítico deba 1,6 millones a la sociedad de Castillejo. “No es una deuda, desconocemos las razones por las que se ha incluido dicha cantidad”, explicaron. “A lo largo del proceso concursal esperamos poder aclararlo, la cantidad responde a una comisión de intermediación acordada en 2009 por la entrada de Valladares en el capital”, indicaron.

Entre los principales activos contabilizados por la administración concursal de Jomaca 98, el supuesto crédito concedido a Ballestero no es el mayor. Uno de los principales activos con los que en teoría cuenta la sociedad de Castillejo, siempre según la documentación de la administración concursal, es un derecho de crédito sobre 9,7 millones de euros supuestamente concedido a Ana María Chico Guzmán March, esposa de Castillejo y bisnieta del banquero mallorquín Juan March.

También en el listado de pasivo de Jomaca 98 figuran créditos que al menos requieren mayores explicaciones. El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid declaró en concurso a Zinkia el pasado mes de abril, tras no haber podido llegar a un acuerdo de refinanciación con una entidad privada titular de un préstamo de 2,5 millones de euros, según informó la compañía a la CNMV. Dicha entidad privada ha resultado ser una fundación religiosa de la familia Oriol creada con fines humanitarios, Fundación Santamaría de los Peñones.

En febrero de 2011 Zinkia comunicó a la CNMV que su accionista mayoritario, Jomaca 98, había pignorado 5,4 millones de acciones de la compañía, el 22,4% del capital, “a favor de una entidad, en garantía de un préstamo”; dicha entidad no era otra que la fundación de los Oriol, emparentados con José María Castillejo. De acuerdo a la documentación que maneja la administración concursal de Jomaca 98, la fundación prestó 2,5 millones a Zinkia, garantizados con títulos de la compañía, y 0,5 millones a Jomaca 98.

Sin embargo, la fundación, al acceder a la documentación del concurso de la sociedad del presidente de Zinkia, se ha encontrado con que la cantidad de acciones pignorada fue de cuatro millones, y no de 5,4 millones como Zinkia informó al mercado en 2011. De manera que la fundación, señalan las fuentes consultadas, se ha puesto en contacto con Bankinter, depositaria de las acciones de Zinkia, para notificar la prenda real constituida y ver qué está ocurriendo.

Próxima junta general y salida del concurso

Zinkia comunicó a la CNMV el martes pasado que el grupo cuenta con la adhesión a una propuesta anticipada de convenio de más del 50% de los acreedores, con lo que la compañía presidida por José María Castillejo estaría cerca de salir de la situación concursal en la que se encuentra desde el pasado mes de abril. La propuesta de convenio será sometida a aprobación en la junta general que la compañía celebra el 24 de junio.

En la convocatoria de dicha junta se votará también la constitución del consejo de administración del grupo, formado por cuatro consejeros: José María Castillejo, presidente de Zinkia; Jomaca 98, la sociedad de Castillejo que es primer accionista de Zinkia con el 64,7% y que designará a la persona que representará a la firma en la misma junta; también se nombrará como consejero independiente a José Carlos Solá Ballester; y como consejero dominical a Alejandro Ballestero de Diego.

El pasado mes de febrero la compañía destituyó como consejeros a Alberto Delgado y a Ángel Ortiz Bueno, representante de Miguel Valladares en el consejo.

En la misma junta se someterá a consideración la fijación de una retribución de los miembros del consejo de 400.000 euros anuales “delegando en el consejo de administración la determinación del reparto de dicho importe entre sus miembros”. De acuerdo al anuncio de la junta, dicha retribución podría repartirse de forma “desigual para cada uno de los consejeros en función de su pertenencia o no a Comisiones del Consejo de Administración, de los cargos que ocupen y/o de su dedicación al servicio de la sociedad, no estando obligado el consejo de administración a disponer de la totalidad del importe aprobado por la Junta General”.