Décima tregua de los acreedores con Codere: hasta el 2 de julio
Codere ha cerrado el décimo acuerdo de prórroga con sus acreedores para que éstos no exigan las deudas y aboquen a la empresa de juego al concurso de acreedores. La última prórroga había vencido esta madrugada.
Esta vez el acuerdo es de mayor duración, hasta las 5.00 horas del 2 de julio. No obstante, si la mayoría de los titulares de los bonos lo deciden, este acuerdo podrá dejarse sin efecto, con un preaviso de veinticuatro 24 horas, a partir de las 5:00 horas del 18 de junio, ha informado la compañía a la CNMV.
Se trata del décimo acuerdo de no exigibilidad de obligaciones (“standstill”, en inglés) que firma Codere -cuya deuda asciende a 1.100 millones de euros- con los fondos titulares de una línea de crédito sénior y los dueños de los bonos que emitió en 2007 y 2012, por valor de 760 millones de euros y 300 millones de dólares, respectivamente.
El 2 de enero, Codere solicitó el preconcurso de acreedores por su complicada situación financiera y las dificultades para afrontar el pago de deudas. Desde entonces ha incurrido en el impago de dos cupones correspondientes a las mencionadas emisiones, por un valor total de unos 42 millones de euros, y de los 127 millones de la línea de crédito.
Tras la solicitud, Codere disponía de cuatro meses para negociar y evitar tener que presentar concurso de acreedores. A punto de expirar dicho plazo, ambas partes se dieron un tiempo adicional de díez días, al que posteriormente han ido sumando consecutivas prórrogas.
Mientras las anteriores prórrogas era de unos pocos días o tan sólo horas, en esta ocasión ambas partes se han dado de plazo para seguir negociando un acuerdo tres semanas.
El acuerdo de “standstill” implica que durante las negociaciones para reestructurar la deuda de un compañía el deudor se compromete a no presentar concurso y los acreedores a no emprender acciones legales ni requerir pagos.
Una de las principales discrepancias entre Codere y sus acreedores estriba en que los bonistas han propuesto saldar parte de la deuda a cambio de pasar a controlar la compañía, de la que cerca del 70 % del capital está en manos de la familia Martínez Sampedro.