La nueva reforma fiscal

El cigarrillo electrónico busca su encaje impositivo

Una persona vapeando con un cigarrillo electrónico.
Una persona vapeando con un cigarrillo electrónico.

En un país en el que fumar ha quedado prohibido en todos los espacios públicos y tan solo se puede realizar en el ámbito privado o al aire libre, el cigarrillo electrónico estaba llamado a coger el testigo del tabaco. La industria que rodea este producto ha ido creciendo y ya emplea en España a 5.000 personas y factura 25 millones de euros al año. Una progresión que se puede ver truncada si el nuevo encaje fiscal que diseña el Ejecutivo le marca una excesiva presión. Algo que está tratando de evitar in extremis la industria en las semanas previas a la aprobación de la reforma fiscal.

En la actualidad, el cigarrillo electrónico, al ser un producto de consumo, está gravado con un IVA del 21%. Tanto el material como el líquido se importa en su mayoría, por lo que se le aplican dos tasas adicionales: un 3,7% por el producto sin líquido y un 6,5% por la botella de líquido con nicotina. Diversas fuentes consultadas por CincoDías apuntan a que Hacienda ya ha mostrado su interés en aplicar una tasa adicional al cigarrillo electrónico porque considera que podría ser un elemento que ayudaría al incremento de la recaudación.

Las restricciones al consumo de tabaco y la promoción de hábitos de vida saludables han provocado una fuerte caída de las ventas del tabaco y una menor recaudación para las arcas públicas. En 2011, las ventas de puros y cigarrillos aportaron 7.500 millones; dos años después, la cifra ha descendido hasta los 6.500. En ese contexto es donde se circunscribe la iniciativa de Hacienda para gravar al sustituto del tabaco, con el fin de recuperar parte de los ingresos perdidos.

La tasa que baraja Hacienda podría aportar 18 millones a las arcas públicas

Lo que no está claro es la cuantía de la tasa. Los primeros cálculos empresariales avanzan que se podrían ingresar hasta 18 millones de euros al año con la tasa que maneja el Ejecutivo, en función del número de ventas de botellas y el número de usuarios regulares que se alcanzara. Más allá de esa cifra, ínfima frente a los ingresos que aporta el tabaco tradicional, las empresas alertan de las dificultades para mantener el empleo y su actividad y auguran incluso que podrían desaparecer.

Lo que quieren evitar las compañías es que se repitan situaciones como las acontecidas en Italia, donde se aprobó un marco fiscal inasumible para los fabricantes. En agosto del pasado ejercicio se decretó una carga impositiva del 79,5%, de la que el 21% procedería del IVA y el restante 58,5% de impuestos especiales que gravarían el producto y el líquido que contiene el cigarrillo electrónico.

De los 18 millones que se podrían llegar a recaudar por las ventas en España, el grueso de los ingresos procedería de cinco autonomías (Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares), donde se concentran gran parte de ventas. Estas aportarían el 68% de los ingresos impositivos, según los primeros cálculos empresariales. La que más recaudaría sería Andalucía, con 3,5 millones, seguida de Cataluña (2,9), Madrid (2,3) y Comunidad Valenciana (1,9).

¿Dónde y cuándo se puede vapear?

La regulación del cigarrillo electrónico ya ha sido aprobada en el Congreso y en el Senado. La norma permite vapear (palabra que se utiliza como sustituta a fumar) en todos los lugares, con la excepción de centros hospitalarios, educativos y transporte público. Por su parte, el Parlamento Europeo ha diseñado una directiva en la que se regula la calidad y el contenido del producto. Así, establece que no se vendan botellas que contengan más de 0,2 gramos de nicotina. Los estados miembros tienen de plazo hasta 2016 para la trasposición de la directiva. La industria ya ha elaborado un código de autorregulación en el que proponen que solo pueden operar tiendas especializadas y estancos previamente certificados.