La bancarización de las rurales a partir de los 14.000 millones
No puedo evitarlo. Creo que no es lo correcto, pero por una vez quiero saltarme todos los cánones de estilo y dejar de ser políticamente correcta para expresar mi opinión sobre un asunto que me parece de trascendental importancia. Me refiero a la sentencia emitida el jueves por la Audiencia Nacional y por la que condenó a prisión a la excúpula de Caixa Penedès por embolsarse 31,5 millones de euros en planes de pensiones y pólizas de seguros a espaldas de la entidad financiera. Era, lo que parecía la primera condena contra exdirectivos de una caja de ahorros.
Pero se ha quedado en eso, en parecía, ya que todos los españoles quisieran el mismo trato de favor. Devuelvo lo sustraído y así reparo el daño y la condena es virtual. Y es que el juez considera que los cuatro exdirectivos encausados han reparado el daño causado al devolver gran parte de esas pensiones (28,6 millones). Por ello, no entraran en prisión.
Y mientras, Economía ya tiene diseñado el plan que deben seguir las cooperativas de crédito, un pequeño sector que, pese a su tamaño, trae de cabeza al Gobierno. Y es que en él se vuelven a repetir todos los clichés de los bancos y de las cajas de ahorros, además de alguna peculiaridad. Su cuota de mercado en conjunto es pequeña, no llega al 5%, pero en algunas provincias o pueblos son la primera entidad financiera y fuerza fáctica. Todas deben cumplir con la normativa del Banco de España, como el resto de las entidades financieras, y además, su influencia política es vital en varias comunidades autónomas. A todo ello hay que añadir el hecho de que las cooperativas nacieron y trabajan para financiar a uno de los sectores claves de nuestra economía, el agroalimentario.
Y ahora que todos podemos, una desavenencia con el Gobierno central o regional en una de las principales cooperativas de crédito puede llegar a desestabilizar el cómputo político en algún que otro feudo. Y nadie está para perder votos, menos cuando queda menos de un año para que se celebren las elecciones autonómicas y municipales.
A todo ello, se une el hecho del examen que va a realizar en octubre el BCE a la banca europea. De este grupo solo tiene que pasar por las pruebas de solvencia la de mayor tamaño, Cajamar, que cuenta a nivel consolidado con 42.000 millones de euros. Un suspenso de esta entidad supondría un duro golpe para el modelo de las rurales. De ahí la importancia de la nueva normativa que quiere aprobar el Gobierno de este sector, y los insistentes desmentidos que está lanzando Cajamar sobre su salud ante también, los insistentes comentarios sobre su débil solvencia.
Economía quiere tener aprobado el proyecto de ley a finales de este mes o en la primera semana de julio. Quiere irse de vacaciones con los deberes hechos tanto con la venta de Catalunya Banc, como con la nueva regulación de las rurales, y si es posible con la venta en los mercados de otro paquete de Bankia, la joya de la corona del FROB. De momento, todas las cooperativas confiesan que han hecho unas pruebas de estrés internas “a petición del Banco de España. Y todas hemos aprobado”, dicen en el sector.
El jueves, además, el Banco de España pidió datos a estas entidades, lo que las dio por pensar que la nueva regulación estaba cerca. Esperan, no obstante, que Economía tenga en cuenta –como les comunicó hace unas semanas–, sus propuestas, que entregarán a mediados de este mes. De momento, y según varias fuentes, Economía tiene previsto que se creen cuatro o cinco grupos de rurales (ahora hay 59). Fijará un corte en los 14.000 millones de euros de balance para obligarlas a bancarizarse, explican varias fuentes. De ahí, para abajo podrán mantenerse como cajas rurales (lo mismo sucede con las cajas de ahorros, ahora integrado por Caixa Ontinyent y Colonya Caixa Pollença). Eso sí, para ello tendrán que cumplir una serie de exigencias de capital, gobernanza y supervisión, lo que llevará a muchas a fusionarse. Eso sí, el modelo no desaparecerá.
Banco Santander, mientras, sigue tomando posiciones en las regiones rurales. Tras crear Agrosantander, el banco firmó el viernes con la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) un acuerdo de colaboración mediante el cual sus afiliados se beneficiarán de productos y servicios en condiciones preferentes. El director general de Santander, Enrique García Candelas, aseguró tras la firma que su idea es “estar muy cerca de la agricultura y la de ganadería y del sector agroalimentario en general. Cercanía física con nuestra red de oficinas y de agentes colaboradores que nos permiten tener presencia con 2.000 puntos de venta en ámbito rural, proximidad y sensibilidad a un sector que requiere soluciones específicas para seguir en su senda de crecimiento y consolidarse como la semilla de la recuperación económica”.
Los sindicatos, por otra parte, han empezado a amargar el estreno del fondo estadounidense Apollo como banquero en España. ¿O será al revés?. La cosa es que la decisión de Evo Banco, filial de Apollo, de cerrar cinco oficinas de las 80 que tiene en el país y despedir a nueve trabajadores por correo electrónico, ha provocado que los sindicatos convoquen para el próximo día 4 una concentración en la oficina central de esta entidad en Madrid.