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La UE tiene que decidir si excluye algún artículo

Hacienda trata de salvar las gafas graduadas de la subida del IVA sanitario

Alfonso Simón Ruiz

El Gobierno quiere mitigar la subida del IVA sanitario desde el 10% al 21%, obligado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso ha preparado una lista de productos a los que quiere excluir de este alza con un doble objetivo: evitar un incremento del gasto público que tienen que realizar las comunidades autónomas para presta servicios sanitarios y mitigar el desplome de la facturación del sector de tecnología sanitaria.

De hecho, un grupo de trabajo, formado por la Agencia Española del Medicamento, la Secretaría General de Sanidad, la Dirección General de Tributos y la patronal Fenin, que aglutina a 500 empresas, ha elaborado una propuesta conjunta presentada a la Comisión Europea, donde se aporta un listado de productos para excluir.

La subida del IVA sanitario se produce por una sentencia del Tribunal europeo de enero de 2013, que obligaba a España al alza del tributo desde el tipo reducido (10%) al general (21%). La justicia comunitaria consideró que la aplicación española de la Directiva 2006/112 era demasiado laxa. Esta norma dice que solo se puede aplicar un gravamen menor en los productos farmacéuticos ya acabados y en los equipos médicos utilizados para uso personal y exclusivo de personas con discapacidad. Y se apuntaba a que el Gobierno había utilizado el atajo de la discapacidad para englobar usos para otras patologías comunes.

En la lista de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se han incluido las gafas graduadas como excepción a la subida, ya que sería una medida que afectaría a millones de españoles. Aunque fuentes conocedoras de la propuesta reconocen que la petición a Bruselas en este caso tiene muy pocas probabilidades de prosperar.

Respecto a las gafas graduadas, la única excepción de un IVA al tipo general se da en Eslovaquia tanto para lentes de contacto como para las lentes graduadas, excluyendo las monturas.

Junto a las gafas graduadas, el criterio de Hacienda se ha centrado en incluir en las excepciones a todos aquellos productos que eviten una discapacidad, como puedan ser prótesis e implantes. En concreto, fuentes de la patronal aclaran que estos artículos incluidos en la lista suponen entre un 30% y un 35% del volumen total de la facturación del sector, de 6.800 millones de euros en 2013.

La parte española en la negociación espera que la respuesta de Bruselas tarde unos meses en llegar, con lo que se deje sin aplicar la sentencia unos meses más. Desde la patronal Fenin se espera que hasta finales de 2014 o principios de 2015 no se comience a cobrar el nuevo IVA.

Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS, el lobby que agrupa a las aseguradoras y clínicas privadas, lo definía muy gráficamente en la presentación del Barómetro Sanitario elaborado por esta institución: “Cruzamos los dedos para que la subida sea en 2015”.

Fenin considera que es probable que el alza no llegue hasta que no esté aprobada la reforma fiscal que prepara el departamento de Montoro, lo que se prevé para principios de 2015.

Aún así, el plazo vendrá determinado por la negociación con Bruselas, porque España se enfrenta a posibles sanciones si la comisión decide que se aplique ya la sentencia europea.

Un problema para el gasto de las comunidades

La sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas y que supone buena parte de su presupuesto. El alza del IVA sanitario, aunque beneficie a la recaudación de Hacienda a corto plazo, provocará un aumento del gasto regional y una piedra en el camino en los objetivos de cumplimiento de déficit.

Los productos más afectados por la subida serán los ligados a la tecnología sanitaria (como los equipos de diagnóstico) que no se pueden incluir en el criterio de que sean productos que eviten una discapacidad. En el momento que suba el IVA, si las regiones no quieren aumentar el gasto, deberán reducir su capacidad de compra en los hospitales y otros centros sanitarios.

La derivada de esto es que el sector de tecnología sanitaria se verá afectado por una menor compra pública, pero también de la privada. “La subida afecta al sector sanitario en su conjunto, tanto a nosotros como la compra del sector público”, reconoció ayer Javier Murillo, presidente de IDIS y consejero director general de SegurCaixa Adeslas.

En el sector privado, en principio serán las clínicas quienes tengan que soportar la subida del IVA, pero según reconocía Manuel Vilches, director general de IDIS, al final se tendrá que negociar con las compañías aseguradoras los márgenes de la actividad. “Al final quien lo terminará pagando será el ciudadano”, aseguraba Murillo.

En la propuesta se ha aportado un estudio de derecho comparado, analizando los productos sanitarios que van al tipo reducido en otros países de la zona euro, con el fin de argumentar ante las autoridades comunitarias que existen muchas excepciones al IVA sanitario. Y se achaca a la “falta de habilidad” del anterior Ejecutivo a la hora de negociar con Bruselas haber llegado a esta situación.

Sobre la firma

Alfonso Simón Ruiz
Graduado en Economía y máster de Periodismo UAM / EL País. En Cinco Días desde 2007. Redactor especializado en información empresarial, especialmente sobre el mercado inmobiliario, operaciones urbanísticas y, también, sobre la industria farmacéutica y compañías sanitarias.

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