Ofertas eléctricas fracasadas

Reuters

Las expectativas creadas ante el anuncio de los precios fijos anuales que las cinco comercializadoras de referencia (filiales de las grandes eléctricas de Unesa) debían ofrecer a los pequeños usuarios a partir del 15 de abril, han servido casi únicamente para sembrar la confusión (si es que cabe aún más confusión en el caótico sistema eléctrico)y, sobre todo, la frustración de los consumidores. Estos habían entendido que las ofertas alternativas de las que tanto venían hablando los medios de comunicación y el Gobierno eran sinónimo de rebaja.

 Pero nada más lejos de la realidad, como bien sabía el Ministerio de Industria cuando decidió exigir a las empresas que realizaran dichas ofertas (del verbo ofrecer, no de rebajar)a un precio libre y que forman parte del nuevo sistema de fijación de los precios de la electricidad a los pequeños consumidores (el PVPC). Este nuevo sistema, que entró en vigor el 1 de abril y puso fin a las antiguas subastas Cesur, establece el cobro de precios por horas y precios fijos anuales alternativos para paliar la posible volatilidad de aquellos.

Para poner orden en la nueva maraña eléctrica, hay que advertir que los citados precios no afectan a todos los usuarios, sino solo a los que tienen menos de 10 kW de potencia contratada:unos 25 millones, de los cuales, 16 millones siguen ejerciendo su derecho a contar con los precios cuyo cálculo establece el Gobierno, y el resto, unos nueve millones, han optado (conscientes o no) por pasar al mercado libre al aceptar las ofertas de las comercializadoras que actúan en dicho mercado, entre las que se encuentran también las correspondientes de los cinco grandes grupos eléctricos (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Eon y EDP).

El ministerio, o mejor, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, artífice de la medida, ha creado una doble paradoja: exigir a las comercializadoras de referencia un precio libre, cuando la función de estas por ley es suministrar en el mercado regulado. Esa libertad no afecta al usuario, que queda atado al contrato durante un año y, además, las empresas no pueden ofrecer otros servicios. Además, las ofertas irán variando en función de los precios de los mercados a plazo (un año) a los que comprarán las comercializadoras para suministrar a sus clientes. No se trata de una tarifa plana, pues no se garantiza una factura cerrada al margen del consumo o para un consumo de terminado.

La pasividad de los usuarios, el nulo interés de las eléctricas en captarlos y la evidencia de que son más caras, conducen al fracaso a las nuevas ofertas

Aunque las eléctricas han sido duramente criticadas por haber presentado ofertas de precios fijos anuales superiores a los precios regulados vigentes y a los del mercado libre, es difícil que el mecanismo tuviera éxito. Al fin y al cabo, con el nuevo engendro, el ministerio ha recuperado en cierto modo el sistema de subastas eléctricas que decidió dinamitar en diciembre por considerar que los usuarios españoles habían pagado una prima excesiva por recibir un precio garantizado por periodos trimestrales.

Y si la cobertura de riesgo para tres meses resultaba cara, la correspondiente a un año será lógicamente superior. La sorpresa que se atribuye a los responsables de Industria por el resultado, no solo por los precios tan elevados sino por la escasa diferencia entre las ofertas de las cinco compañías en liza, no resulta verosímil, pues el departamento que dirige José Manuel Soria, era consciente de la situación. Eso sí, en un discurso sumario, siempre podrá acusar a las eléctricas de lo que se considera un rotundo fracaso, del que ha dado cuenta la propia CNMC. Así, en su nota presentación de las ofertas señaló que estas “son superiores a otras ofertas disponibles en el mercado con precios fijos para un año” y “considerablemente superiores al PVPC” y al alertar además a los consumidores sobre su posible contratación. Una actitud que, según interpretan entre las compañías, resulta más propia de una asociación de defensa de los consumidores que de un organismo regulador.

¿Boicot empresarial?

Los precios presentados por las cinco eléctricas, cuya aspiración última es que desaparezca cualquier tipo de precio regulado, están en línea con lo que era previsible: ni se van a arriesgar a que sus comercializadoras pierdan dinero (precisamente, la ley las protege contra ello) ni van a hacer que compitan con sus propias comercializadoras del mercado libre.

Las empresas consideran que han cumplido estrictamente con la norma, mientras que en otros ámbitos lo interpretan como un boicot en toda regla. En cualquier caso, aunque las críticas deberían ir dirigidas al ministerio por idear un sistema “sin pies ni cabeza”, ante la duda, el consumidor arremeterá contra las eléctricas.

Sea como fuere, y en tanto no se aplique definitivamente el sistema de precios horarios y se compruebe la temida volatilidad, los fijos anuales quedarán hibernando en la web de la CNMC, salvo que los contrate algún despistado. El que este organismo haya dejado claro que son ofertas mucho más caras es una ventaja para los consumidores, que no caerá en la tentanción de aceptarlas, como ocurre con tantas y tantas del mercado libre que aceptan sin ser conscientes de que se les encarece la factura, ya que la comercializadora les incluyen el coste de servicios innecesarios.

Dada la habitual pasividad del usuario eléctrico y de que, en este caso, las compañías tampoco están dispuestas a mover un dedo para captarlos y competir en un mercado regulado, la supervivencia de las ofertas alternativas está en juego. Queda por ver si también lo está el sistema de precios horarios en su conjunto.