El Consejo de Ministros aprueba 32 medidas de apoyo al sector

El Gobierno ultima una segunda ronda liberalizadora en el comercio

El plan contempla una treintena de medidas, la mayor parte de ellas dan continuidad a decisiones aprobadas el año pasado.

El Gobierno ultima una segunda ronda liberalizadora en el comercio

Los responsables del Ministerio de Economía no quieren dejar pasar la oportunidad de aprovechar por un lado la mejora de la demanda interna y con ella de las ventas minoristas y, por otro, las excelentes perspectivas con las que trabaja ya el sector turístico de cara a la temporada alta.

Se trata de evitar situaciones en las que ciudades turísticas de tamaño medio (aquellas que no se encuentran en la lista de las grandes urbes por afluencia de viajeros) se llenan de visitantes y éstos no pueden comprar por encontrarse con los comercios cerrados durante los domingos y demás días festivos. Por ello, el Gobierno estudia la ampliación de la libertad de horarios comerciales, vinculando dicha ampliación a más zonas con gran potencial turístico.

Economía ya modificó la ley en el verano de 2012 para aumentar el mínimo de horas de apertura comercial en días laborables de 72 a 90 horas semanales.

También, aumentó el número mínimo de domingos y festivos de libre apertura de 8 a 10 e implantó la plena libertad horaria para los establecimientos con menos de 300 metros cuadrados de superficie. Y dentro de esta última iniciativa, eliminó la posibilidad de que las comunidades autónomas rebajen el número de metros cuadrados.

Mientras llega esta nueva ronda liberalizadora, el Consejo de Ministros aprobó este viernes por segundo año consecutivo el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, que conlleva una dotación presupuestaria estimada de 42,5 millones de euros. Esta segunda edición contempla 32 medidas para impulsar la competitividad del comercio, en particular de los pequeños establecimientos.

Tal y como explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el plan se estructura en diez ejes de actuación orientados a la innovación del pequeño comercio, el fomento de los centros comerciales abiertos y de los mercados municipales; el apoyo financiero a las empresas; la promoción comercial y el impulso del relevo generacional y los emprendedores.

A esos programas se suman otros encaminados a aprovechar mejor las sinergias entre comercio y turismo; la mejora de la seguridad comercial; la adopción de medidas legislativas de impulso a la actividad comercial y de eliminación de barreras a la actividad; el apoyo a la internacionalización del comercio y la mejora de la formación y la creación de empleo.

Este plan integra también todas las líneas ICO específicas para el sector, como son aquellas destinadas a apoyar las inversiones y mejorar la liquidez en pymes y autónomos.

Al mismo tiempo, desde Turespaña se incorporarán nuevas actuaciones para promover y potenciar la imagen de España en el exterior como destino de compra para el turismo.

Nuevo contrato centralizado para la compra de coches

El Consejo de Ministros aprobó también este viernes un nuevo acuerdo marco para el suministro centralizado de turismos por parte de las administraciones públicas, que tendrá una duración máxima de dos años, prorrogable por uno más, y que contará con un presupuesto de 70 millones de euros.

Según las recomendaciones recogidas en el informe Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en materia de contratación centralizada, este nuevo acuerdo introduce diferentes mejoras en comparación con el que estaba vigente en la actualidad y que expira en junio de este año.

De esta forma, se simplifica el catálogo y se adapta a las necesidades de los compradores, puesto que en el marco vigente solo se habían adquirido 501 de los 2.334 productos ofertados. De esta forma, se homogeneizan las características y se reducen “al mínimo” las opciones de equipamiento adicional de estos vehículos.

Así, se introducen cambios para incentivar la competencia entre las marcas y mejorar los precios, de forma que se rebaja el número de coches ofertados por los licitadores para que se presenten únicamente los más adaptados a las necesidades de la Administración y también se limita el precio máximo del equipamiento opcional. El objetivo es premiar a los coches que tengan un precio más ventajoso, incluidos sus paquetes de equipamiento. A la hora de adjudicar la compra de determinados vehículos se tendrán en cuenta criterios medioambientales y técnicos, aunque el precio tendrá la ponderación más alta. La adjudicación de contratos podrá efectuarse convocando a las partes a una segunda licitación cuando lo aconsejen las circunstancias.

Este acuerdo se aplicará en la Administración Central y en sus organismos y a él se podrán adherir las comunidades autónomas y las entidades locales, además de las sociedades, fundaciones y otros entes del sector público. El valor de este acuerdo se sitúa en 70 millones de euros sin IVA y la vigencia del mismo será de dos años, con la posibilidad de prorrogarlo uno más. La previsión del Gobierno es que durante su vigencia se registre un ahorro de 16,4 millones.