Responde al Tribunal de Cuentas

Economía reitera que las ayudas a la banca han sido de 60.000 millones

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha calculado hoy que las ayudas a la banca han ascendido a unos 60.000 millones de euros, y ha recordado que los 108.000 millones de los que habla el Tribunal de Cuentas son “recursos públicos puestos a disposición”, no necesariamente usados.

Latorre se ha referido así en la comisión de Economía del Congreso al informe conocido ayer, según el cual el volumen de dinero público “comprometido” por España en tres años con el rescate de su sistema financiero ronda los 108.000 millones de euros, de los que más de la mitad, unos 57.000 millones, se ha gastado en aportaciones directas al capital de las entidades financieras.

Latorre ha recalcado que en lo que se refiere al cálculo de las ayudas a la banca “hay cifras más acertadas”, en concreto las del Banco de España.

Los alrededor de 60.000 millones provienen de unos 20.000 millones inyectados previamente y otros 40.000 de la ayuda de Bruselas.

Los datos del Tribunal de Cuentas, ha insistido Latorre, señalan “otra cosa”, ya que incluyen conceptos como garantías cubiertas, lo que “abulta sensiblemente lo que hay detrás”, además de líneas de crédito y préstamos que en algunos casos no se han usado y en otros se han devuelto.

“En la medida que son cosas distintas dan cifras distintas”, ha reiterado en posteriores declaraciones, y “en términos de ayudas públicas entendidas por transferencias del presupuesto, las cifras del Banco de España son las correctas”.

Además, a su juicio, la valoración de estas transferencias dinerarias “no debe hacerse sólo en términos presupuestarios, también de resolución de problemas”, ya que “se han restablecido las condiciones para dar créditos”.

Al respecto, ha recalcado que el Gobierno espera que este año el crédito a pymes y al consumo acabe por reflejar cifras positivas, mientras sigue creciendo “mucho” la financiación alternativa a la bancaria.

Latorre ha expresado la intención del Ejecutivo de seguir creando valor en las sociedades nacionalizadas para minimizar costes contribuyentes, y a continuar el fortalecimiento de la supervisión del sistema bancario.