Las concesionarias creen que el rescate de autopistas es viable sin Ausur y Aulesa
El Gobierno analiza mejoras en el plan
Fomento y Hacienda se disponen a montar una empresa pública de autopistas con dos concesionarias menos de lo previsto: Aulesa (AP-71 entre León y Astorga) y Ausur (Cartagena-Alicante). Las dos han eludido por el momento el concurso de acreedores y son reticentes a entrar en el rescate junto a las radiales de Madrid o la autopista M-12 Eje Aeropuerto.
Fuentes cercanas a las negociaciones de la banca acreedora y constructoras con los ministerios de Fomento y Hacienda aseguran que la futura sociedad pública de autopistas es viable sin estas dos. De este modo, el Gobierno sigue adelante pese a contar con menos activos de los previstos a nacionalizar.
En el caso de Aulesa, Abertis se la quiso quitar de encima por sus problemas de tráfico. La autopista perdió un 11% de vehículos en 2011; volvió a caer un 15% en 2012, y cerró 2013 con un nuevo descenso del 9%.
Sin embargo, el endurecimiento de las condiciones del rescate, con mayor quita en la deuda (50%) y ninguna presencia de las concesionarias en el capital de la compañía resultante, ha hecho que Abertis se lo piense dos veces.
Aulesa, con plazo de explotación de 55 años y con el grupo catalán como único accionista, no está afectada por sobrecostes en expropiaciones. La autopista entró en el perímetro de Abertis como aportación de Aurea para la creación del grupo en 2003. En el sector no faltan las voces que hablan de infraestructura aislada y sin sentido. Aún así, Abertis se están planteando sacarla de los planes del Gobierno y buscar otra salida para la concesionaria.
La otra confiada en poder resolver sus problemas negociando directamente con la banca acreedora es Ausur (Alicante-Cartagena), participada por Ploder y Grupo Fuertes. La concesionaria tampoco ha entrado en concurso pese a que su situación financiera es delicada por la fuerte caída del tráfico.
Además de los activos que integrarán la futura firma pública, Fomento y Hacienda están estudiando las enmiendas de bancos y constructoras al proyecto de nacionalización. Los primeros pretenden que el Estado garantice los bonos con que se canjeará la deuda de las concesionarias con la banca. La cifra, de 4.000 millones, queda reducida a 2.000 millones con la citada quita. El interés ofertado es de un mínimo del 1% fijo garantizado que se complementaría con un variable que depende de magnitudes como el tráfico. La banca calcula que el interés máximo al que aspirarían sería del 1,5%, cifra que buscan elevar.
En cuanto a las constructoras, pretenden que se les reconozca la mayor parte de la deuda por obras demandadas por Fomento (470 millones). Y los accionistas de las concesionarias piden que el Estado asuma las garantías que tienen depositadas ante la banca.
La licitación de obra pública se duplica en enero y febrero
La licitación de concursos de obra pública procedentes de todas las Administraciones Públicas españolas alcanzó los 2.218,4 millones de euros entre enero y febrero de este año. La cifra supone duplicar la del arranque de 2013, cuando se situó en 1.005 millones, según apuntó ayer la patronal de la construcción Seopan.
De la cifra global, 320 millones están relacionados con la edificación, lo que implica un avance del 33,6%. Los otros 1.898 millones se deben a obra civil, un 147,8% más.
La Administración General del Estado licitó contratos por 1.372 millones, con un alza del 158%. Fomento avanza desde los 367 millones de enero y febrero de 2013 hasta los 1.240 millones. Las comunidades autónomas, por su parte, han licitado por 355 millones de euros, un 43,1% por encima de sus cifras comparables en 2013. Los ayuntamientos, por último, han alcanzado los 490 millones, con un aumento del 118,4%.
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