Fomento prevé para 2016 el despegue del tráfico de las autopistas en quiebra
Las constructoras buscan reducir la quita del 50% en la deuda por obras impagadas El plan de rescate no admite contrapropuesta
El rescate de las diez concesiones de autopistas arruinadas por la caída de tráfico y por sobrecostes en expropiaciones, va acompañado de un plan de negocio en el que el Gobierno esboza la reactivación de esas infraestructuras a partir de 2016. Las concesionarias son la Radial 2, Radial 4, Radiales 3 y 5, AP-36, AP-41, M-12, AP7 (Aucosta, Ciralsa y Ausur) y Aulesa.
Las previsiones manejadas por Fomento y Hacienda resaltan para ellas una caída del 3% en la intensidad media diaria de vehículos en el presente 2014; el tráfico habrá tocado fondo en 2015, cuando se espera un comportamiento plano, y para 2016 se augura ya un incremento cercano al 5%. La evolución sería del 7% en 2017 y se acercaría al 8% en los años posteriores, hasta 2021. Pese a ser positiva, la marcha será lenta a la vista de que se parte de algo menos de 4.000 vehículos diarios en el ramillete de autopistas hoy desiertas.
El proyecto de nacionalización presentado el martes a la banca, concesionarias y constructoras por la ministra de Fomento, Ana Pastor, no admite réplica. “La ministra hizo hincapié en que las medidas del rescate eran inflexibles”, cita un asistente al encuentro. El Gobierno espera la respuesta el lunes, pero antes se verán las distintas partes implicadas para consensuar una postura.
Las líneas básicas del rescate pasan por la creación de una sociedad pública titular del 100% del capital de las concesionarias. Nacería con 2.300 millones de deuda, tras la aplicación de una quita del 50% a la deuda comercial (473 millones) y la deuda financiera (4.000 millones). A continuación la propia empresa de autopistas emitiría bonos a 30 años, por la misma cantidad, que irían a los acreedores con un rendimiento anual garantizado del 1% más un variable que dependerá de la evolución del tráfico. Al final del plazo, los bonistas obtendrían un rendimiento máximo anual del 4%.
Petición a Hacienda
Fuentes cercanas al encuentro aseguran que una de las bazas de concesionarias y constructoras, representadas por la patronal Seopan, es pedir aclaraciones sobre el plan a Hacienda y tratar directamente con el departamento de Cristóbal Montoro una reducción en la quita.
Los accionistas de las autopistas, entre los que figuran las mayores constructoras del país, dan por perdido el capital aportado a las autopistas. La batalla está en cobrar los 473 millones por obras que las concesionarias adeudan a empresas como Ferrovial, ACS, Sacyr o FCC. Estas tuvieron que atender modificaciones de los proyectos solicitadas por Fomento y llevan años sin cobrar. Esta deuda comercial, como la que las concesionarias tienen con más de medio centenar de bancos, también sufriría un tijeretazo del 50% en caso de nacionalización. Y llueve sobre mojado: la deuda era de 1.000 millones en 2010, cuando el anterior Ejecutivo socialista la rebajó a la mitad a cambio de un plan de viabilidad para las concesiones que se mostró ineficaz.
La banca nacional, liderada por Santander, BBVA, CaixaBanc, Sabadell, Popular y Bankia, está por aceptar la citada quita del 50% en sus créditos. Cuatro de esas seis grandes entidades españolas tienen el 90% de su riesgo provisionado y el Banco de España ha dado luz verde para que puedan desdotar la parte que recuperen.
Y los bancos internacionales, con algo más de 1.000 millones en créditos aportados a las concesionarias para la construcción de las autopistas, tienen mejor oferta en la quita del 50% que el 70% de descuento que están ofreciendo los fondos buitre por tomar sus posiciones. Aceptando el rescate también evitarían una liquidación de las concesionarias en la que, en un principio, estarían a la cola en el cobro de la RPA recortada.
La CE pide información sobre el rescate
La Comisión Europea (CE) reclamó ayer al Gobierno español que le informe de los planes para nacionalizar la decena de autopistas quebradas. La dirección general de Competencia quiere verificar que el proyecto no supone una ayuda de estado.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, comunicó por vía telefónica al comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, los detalles del plan anunciado el martes. Fuentes europeas han indicado a CincoDías que Almunia “ha pedido a las autoridades españolas que informen a la Comisión antes de adoptar una decisión sobre este asunto”.
Bruselas, por tanto, se reserva la última palabra por si la autorización supusiera algún tipo de ayuda pública a las empresas involucradas. De ser así, este respaldo del Estado no tiene por qué ser ilegal, pero la Comisión podría imponer ciertas condiciones para su concesión.
Fuentes diplomáticas confirman que Bruselas y Madrid llevaban meses negociando los términos del rescate, aunque por ahora no hay un acuerdo definitivo. Madrid parece dispuesto a resolver el asunto antes de que expire el mandato de Almunia el próximo 1 de noviembre. Pero Bruselas no se pronuncia todavía sobre la validez del plan a la espera de conocer todos los detalles.