El Gobierno aplazará hasta septiembre o enero la subida del IVA sanitario
El Tribunal Europeo de Justicia fijó ese cambio en una sentencia de enero de 2013. Cada día que se demore la aplicación de la sentencia, empresas y autonomías se ahorran 2,7 millones de euros.
Balón de oxígeno para las empresas sanitarias y las comunidades autónomas. La subida del IVA que grava una gran parte de los productos sanitarios del 10% al 21%, fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia del 17 de enero de 2013, podrá retrasarse aún unos meses más. El fallo establecía que productos como las gafas, las lentillas y los equipos médicos dedicados a diagnosticar o curar enfermedades (TAC, resonancias magnéticas o radiografías, entre otros) debían ser gravados con el tipo general del 21%, lo que suponía un golpe en la línea de flotación de los fabricantes, que verían encarecido su producto (la carga fiscal de una máquina de 10.000 euros pasaría de 1.000 a 2.100 euros), y para las autonomías, que verían reducido de forma abrupta su presupuesto para gasto médico.
Un año y dos meses después, la sentencia sigue sin aplicarse y todo apunta a que así se mantendrá al menos hasta después del verano. Los planes del Ejecutivo pasan por que la propuesta para reformar el sistema fiscal, una vez analizadas y seleccionadas las recomendaciones del comité de expertos dirigido por Manuel Lagares, inicie su tramitación parlamentaria en junio y que culmine después del verano para que todas las medidas entren en vigor el 1 de enero de 2015. Fuentes del Ejecutivo apuntan a que la subida del IVA sanitario, pese a no formar parte de la reforma fiscal y sí de una sentencia de las autoridades comunitarias, se tramitaría al mismo tiempo que el rediseño del resto de impuestos. Eso otorga, al menos, un plazo de cinco o seis meses más para los principales afectados por esta medida, que son las empresas de tecnología sanitaria asociadas a la patronal Fenin. En la actualidad, son 520 compañías que facturan en torno a 7.200 millones anuales y que fabrican productos y maquinaria para especialidades como cardiología, odontología, electromedicina, implantes, nefrología y oftalmología. La patronal ha estimado que el impacto de la subida del 10% al 21% sería de 1.000 millones anuales o de 2,7 millones de euros al día.
No obstante, también existe una segunda posibilidad y es que el Ejecutivo logre el visto bueno de Bruselas para que el alza del IVA sanitario se posponga hasta principios de 2015, lo que también supondría un alivio muy importante para las empresas, cuyas cuentas de resultados no se verían afectadas, y para las autonomías, que no verían reducido su presupuesto este año. Un detalle que no es baladí, si se tiene en cuenta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que reúne a Hacienda y a las comunidades autónomas, ha establecido para este año un objetivo de déficit para las regiones del 1%, lo que implica que deberán acometer un ajuste adicional de 3.000 millones de euros, siempre y cuando se hubiera cumplido la meta del 1,3% en 2013. Algo que todos los servicios de estudios descartan y que podría elevar finalmente el recorte de 3.000 a 5.000 o 6.000 millones.
Esas mismas fuentes revelan que Bruselas no pondría ningún problema a que el IVA sanitario entrara en vigor unos meses más tarde, siempre y cuando se elevaran una gran parte de los productos gravados con el tipo reducido del 10% al general del 21%. La propuesta elaborada por los expertos dirigidos por Manuel Lagares va en ese sentido: de los bienes y servicios que actualmente tributan al 10%, solo quedarían en ese apartado el turismo, la vivienda y el transporte público. El resto subiría al 21%. Si Hacienda accede a este planteamiento, Bruselas no pondría objeciones al aplazamiento de la subida del IVA sanitario. Las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son de obligado cumplimiento y su infracción podría conllevar sanciones económicas.
Mientras tanto, el grupo de trabajo conformado por la Agencia Española del Medicamento, la Secretaría General de Sanidad, la Dirección General de Tributos y la patronal de tecnología sanitaria Fenin, aprovechará ese plazo adicional para seguir tratando de convencer a Bruselas de que la subida al 21% afecte al menor número de productos. Y para ello utilizará un estudio de derecho comparado, en el que mostrará como existen un gran número de excepciones en el resto de países. Por ejemplo, el estudio revela que en Francia los dispositivos de punción, los de lectura de glucosa o las tiras reactivas de insulina tributan al tipo reducido, al igual que los productos que combaten la sordera o los marcapasos en Alemania. Fuentes empresariales culpan al anterior Gobierno socialista de estas diferencias, “ya que no argumentó correctamente la aplicación de los tipos de IVA”.
