Supresión de Patrimonio
Los expertos designados por Hacienda para diseñar la reforma fiscal proponen que para “evitar los problemas territoriales que han surgido respecto a los impuestos patrimoniales, debería procederse a la supresión completa del impuesto sobre el patrimonio y a la reforma de los restantes”, señalan en el informe presentado este viernes. “Hay que gravar el patrimonio y nosotros hemos pensado que la mejor forma no es el impuesto anual, sino el impuesto sobre sucesiones. En Europa, muy pocos tienen un impuesto sobre el patrimonio neto –solo se aplica en 12 de los 34 países de la OCDE y en los últimos años ha sido eliminado en Dinamarca, Alemania, Finlandia, Luxemburgo y Suecia–, en España no funciona, y además afecta a una pequeña parte de la población”, afirmó el presidente del comité de expertos, Manuel Lagares, en la presentación del informe. Actualmente, solo Madrid ha renunciado a aplicar el impuesto. Con carácter general grava el patrimonio neto de los contribuyentes cuando supera los 700.000 euros. Algunas comunidades, como Cataluña, han rebajado ese umbral hasta los 500.0000 euros.
El impuesto sobre el patrimonio es un tributo que el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suprimió en 2008. Junto a esa medida se decidió compensar a las comunidades por la pérdida de recursos derivada de la supresión del impuesto. Sin embargo, con la caída de los ingresos, el anterior Ejecutivo recuperó el impuesto y estableció que la recaudación que obtuvieran las comunidades se reintegraría al Estado en la medida en que la compensación se mantuvo vigente. Tienen que devolver la cantidad ingresada a Hacienda dos años después, cuando se cierra el sistema de financiación, es decir, el pasado ejercicio tendrían que haber devuelto lo recaudado en 2011.
El Gobierno de Mariano Rajoy, –que prorrogó la vigencia del tributo– ha permitido que las comunidades no devuelvan el impuesto sobre el patrimonio, si bien el departamento que dirige Montoro debe decidir si la medida es temporal o permanente. En 2012, Hacienda recaudó por este impuesto un total de 731 millones de euros. Con un mínimo exento de 700.000 euros, en 2011 el número de contribuyentes fue de 125.000, frente a cerca de un millón de 2008, con un mínimo exento de 108.000 euros.
Los patrimonios medios de entre 500.000 y 2,5 millones de euros soportan el grueso de la recaudación: unas 245.000 personas aportan el 48% de los ingresos. Si se toman como referencia los patrimonios más elevados, de entre un millón de euros y 2,5 millones, estos suponen el 31% de los ingresos.
El informe resalta las fuertes diferencias que existen ahora en el impuesto de patrimonio entre las distintas comunidades autónomas españolas, “que han introducido tramos de tarifa propios, cambiado el mínimo exento o aplicado bonificaciones que llegan al 100%”. En el caso de los patrimonios altos, de cuatro millones de euros, las regiones donde se paga más son Asturias, Cataluña, Andalucía y Extremadura, mientras que en los patrimonios medios, de unos 800.000 euros, la brecha es aún mayor. En Cataluña, por ejemplo, se paga casi cuatro veces más que en la mayoría de las comunidades autónomas, debido, sobre todo, a su menor mínimo exento.
Emisiones, vertidos o canon eólico
El comité de expertos también aboga por suprimir algunos de los impuestos medioambientales autonómicos, así como por extender a un ámbito de aplicación estatal otros, tal y como adelantó CincoDías. Hay tributos “aparentemente medioambientales, como el de grandes superficies, que a los economistas nos causa una cierta sorna”, señaló Manuel Lagares. Este impuesto existe en estos momentos en Asturias, Aragón, Canarias, Cataluña, La Rioja, Navarra y Canarias. El presidente del comité de expertos mencionó otros tributos “curiosos”, como el de emisiones atmosféricas, que deberían tener un ámbito estatal, aunque posteriormente se ceda su gestión a las autonomías. También plantea sustituir los actuales cánones autonómicos de vertidos por un impuesto estatal, cedido a las comunidades. Del mismo modo, propone eliminar el impuesto sobre el canon eólico y sobre el agua embalsada.
Riesgo de deslocalización del ahorro
El informe reclama que se quiten las tasas autonómicas a los depósitos bancarios –estas se aplican en Extremadura, Cataluña, Asturias, Vizcaya, Navarra y comunidad valenciana– y las estatales “de manera definitiva”. El comité considera que estos impuestos “perjudican el crecimiento económico y la solidez del sistema financiero”, además del riesgo de “deslocalización del ahorro”, al fomentar que los ahorradores lleven su dinero a aquellas comunidades autónomas donde obtengan un mejor tratamiento fiscal. El informe señala que uno de los objetivos de la reforma propuesta es el restablecimiento del mercado único y la neutralidad fiscal territorial.