La morosidad de la Seguridad Social, en mínimos por los aplazamientos
El 2,4% de los recibos resultaron impagados frente al 3,72% de 2008 Los aplazamientos de pago crecen un 11%
Los responsables del Ministerio de Empleo esperan arañar un par de miles de millones en las cuentas de la Seguridad Social de 2013, de forma que los números rojos estén más en el entorno del 1,2% (unos 12.000 millones de euros) que en el del 1,4% previsto inicialmente.
Sin duda, el freno a la destrucción de empleo –y a la caída de recaudación que eso supone–, con más intensidad en los últimos cinco meses, ha sido uno de los motivos fundamentales para lograr adelgazar este déficit. Pero también contribuyen otros tres factores, como son la reducción de la morosidad (con más pagos en el periodo voluntario), la mejora de la recaudación en vía ejecutiva y el aumento de los aplazamientos.
En diciembre pasado, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) registró impagos en el 2,42% de los recibos domiciliados, que es lo que se denomina la tasa de morosidad de la recaudación domiciliada. En concreto, solo en el último mes de 2013 dejaron de pagar 112,09 millones de los 4.622,94 domiciliados en dicho periodo, según datos del Ministerio de Empleo.
Esta tasa de morosidad es la más baja desde el inicio de la crisis económica, cuando en la primera oleada de la recesión a finales de 2008 el volumen de impagos de recibos domiciliados rozó el 4%. Hay, por tanto, más empleadores y autónomos que en toda la crisis que pagan sus cuotas voluntariamente en el periodo establecido para ello.
Fuentes de la TGSS atribuyen esta caída de la morosidad a la última modificación normativa, que desde hace meses estableció el recargo del 20% desde el primer día del retraso en el pago.
Si bien, la caída de la tasa de morosidad está propiciada también en parte por un aumento de los aplazamientos de pago concedidos por la Seguridad Social, que es la alternativa negociada a incurrir en la morosidad.
Así, el pasado año 2013 se otorgaron 116.383 medidas de aplazamiento de deudas a la Seguridad Social (un 11,2% más que los concedidos en 2012) por un importe de 2.176 millones de euros, lo que supuso incrementar esta mora un 9% el pasado ejercicio. Esto es, muchos empleadores no incurren en la morosidad porque optan por aplazar los pagos, lo que no conlleva el mismo recargo inicial.
Finalmente, otra de las causas que permitirá al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, exhibir un déficit menor del esperado radica en el aumento de la recaudación en vía ejecutiva en el periodo de apremio (fuera del periodo voluntario de liquidación de cuotas y cuando no se ha pactado ningún aplazamiento). En estos casos, las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social (URE) recuperaron el pasado ejercicio 1.855 millones, lo que representó un incremento de 252 millones más que en 2012, un 15,7% más.
Las URE han logrado este aumento de los cobros “por la introducción de mejoras en la agilización de los trámites recaudatorios”. En concreto, el pasado año, el plazo medio que transcurre desde que se inicia el procedimiento de apremio y el moroso recibe la notificación de que será embargado, se redujo en 93 días. Y también se recorta el plazo del embargo en 34 días, si esta notificación se produce por medios telemáticos.
Cobrar más tarde o menos, pero asegurar el pago
Pese a las dificultades que atraviesa el sistema, que habría llevado a cerrar el pasado ejercicio con un déficit superior al 1% del PIB, los responsables de la Seguridad Social tienen claro que en la actualidad prefieren recaudar menos y ampliar el número de cotizantes. Con ese objetivo se aprobó la tarifa plana de 100 euros en contingencias comunes para nuevos indefinidos. Y, de la misma forma, prefieren cobrar más tarde pero facilitar que una empresa en crisis se salve y terminar recaudando sus cuotas, por lo que han puesto todas las facilidades para conceder aplazamientos de pago de las deudas de las empresas. Esta filosofía compensa a las arcas del sistema, según ha explicado en varias ocasiones el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos y la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez. Ambos exhiben los 2.200 millones de euros concedidos en aplazamientos el pasado año como una de las principales contribuciones de su departamento a la salida de la crisis.
Dicho esto, el disfrute de la nueva tarifa plana en la contratación obliga a las empresas que quieran beneficiarse a estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, tanto en la fecha de efectos del alta de los trabajadores como durante la aplicación de la aportación empresarial reducida.
La nueva norma establece que “si durante el período de aplicación de la reducción (que se puede prolongar hasta los tres años para las empresas de menos de diez trabajadores) existiese una falta de ingreso, total o parcial, de las obligaciones en plazo reglamentario, se producirá la pérdida automática de la reducción a partir del mes en que se produzca el incumplimiento”.
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