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Enmiendas a la Ley de Seguridad Vial

El casco obligatorio en la bici y otras normas de tráfico que debate el Senado

Concentración ciclista en Madrid.
Concentración ciclista en Madrid.

La Comisión de Interior del Senado se reunirá este miércoles para dictaminar el proyecto de Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, remitido por el Congreso, al que se han presentado una propuesta de veto a la reforma (firmada por el Grupo Mixto) y 252 enmiendas parciales a la misma. De ellas, el PP ha presentado 27, el PSOE, 36, CiU 24, PNV 16, el Grupo Mixto 84 y Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEP) 65.

 Entre las enmiendas presentadas por el PP destaca la que busca introducir una disposición adicional a la norma para evitar que los conductores extranjeros continúen eludiendo el pago de multas de tráfico, como ocurre ahora en aquellas ocasiones en que no son parados por un agente de tráfico.

El objetivo de estrechar el cerco sobre los conductores extranjeros ha sido largamente perseguido por la Dirección General de Tráfico (DGT) después de que en 2011 se aprobase una directiva europea precisamente para mejorar la comunicación entre los estados europeos de cara a evitar la impunidad con la que algunos extranjeros cometen infracciones de tráfico, sin que se les pueda identificar o notificar la sanción.

De incluirse la enmienda presentada al texto por el PP, la DGT podría solicitar a sus organismos homólogos información sobre conductores para poderles remitir a sus países las multas, del mismo modo que los países de la Unión Europea podrán hacer con los conductores españoles que cometan infracciones en sus territorios.

Del mismo modo, los 'populares' han presentado otro conjunto de enmiendas destinado a mejorar el control sobre los cursos para recuperar puntos del carné y añade que la recuperación parcial de puntos exigirá la realización de una prueba que acredite la superación con aprovechamiento del curso. Con ello se pretende asegurar un nivel adecuado de calidad que garantice los fines previstos para los cursos, según justifica en sus enmiendas el Partido Popular.

Desde la oposición, IU ha presentado una propuesta de veto al entender que el proyecto de reforma “carece de estudios, informes, antecedentes, memoria de impacto económico y ambiental”. “Ni siquiera existen previsiones en la mejora de la movilidad y la seguridad vial de las modificaciones propuestas o referencias normativas de países europeos con los indicadores más positivos en la siniestralidad y victimización”, señala en su propuesta de veto.

Asimismo, IU alude directamente al tema del casco obligatorio para ciclistas, uno de los aspectos más polémicos de la norma, y señala que “la bicicleta sigue apareciendo en la Ley como un obstáculo”. Por todo ello, considera la reforma “parcial, sesgada y un parche más” y pide su devolución al Gobierno.

El PSOE, en contra del casco

Por su parte, el PSOE ha propuesto que se elimine del texto la obligación de llevar casco a los ciclistas menores de 16 años en ciudad, tal y como se aprobó en el Congreso tras un acuerdo de PP y CiU. Según el PSOE, “desde el punto de vista de la seguridad no hay argumentos científicos que avalen la obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas en el entorno urbano”.

Asimismo, ha presentado otra enmienda para tratar de limitar otra de las novedades introducidas en el proyecto: el que los peatones también tengan que someterse a pruebas de alcohol y drogas cuando cometan una infracción. Para el PSOE, “no está justificado obligar a los peatones a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo”, salvo cuando se hallen implicados en un accidente o cuando hayan cometido una infracción “siempre que con su actuación hayan generado una situación objetiva de riesgo para la circulación”.

Por otro lado, CiU y PNV han presentado sendas enmiendas para obligar a las empresas a someter a los conductores profesionales de transporte de viajeros a controles obligatorios para la detección de ingesta de drogas o alcohol. Asimismo, CiU también propone que se obligue a usar casco en ciudad a los ciclistas que pertenezcan a un colectivo que haga “uso de la bicicleta durante su jornada laboral por ser ésta su vehículo de trabajo”.

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