Los bonistas responden a Codere y amenazan con ejecutar sus garantías
La carta enviada por Codere al representante de los bonistas el pasado 17 de febrero ya tiene respuesta. Después de que la empresa afirmara que la propuesta planteada por los bonistas era inaceptable desde un punto de vista legal y económico, estos se reafirman en su postura y señalan que la oferta definitiva es la que mejor se ajusta a los intereses de la “sociedad, los accionistas actuales, sus acreedores financieros, empleados, clientes y proveedores”.
Después de nueve meses de negociación para alcanzar una solución consensuada, las posturas entre unos y otros continúan alejadas y el concurso parece inevitable. Ante esta situación, los bonistas consideran que el consejo y el accionista mayoritario no está “actuando de buena fe” y amenazan con llevar a cabo las “actuaciones que sean necesarias” para proteger sus intereses “y recuperar todas las cantidades pendientes” que se les debe, tal y como se desprende de la carta enviada a la multinacional del juego. Entre las posibles medidas a tomar se encuentra "declarar el vencimiento de los bonos" y ejecutar las garantías sobre todos los activos que son las acciones de casi la totalidad de las subsidiarias de Codere menos una pequeña parte de las acciones en México. Estas últimas acabarían siendo adquiridas tarde o temprano.
En la contrarrespuesta a Codere, los bonistas desmienten punto por punto las razones en las que se apoyaba la empresa para rechazar la oferta definitiva. Respecto al supuesto trato discriminatorio a los accionistas minoritarios el representante de los bonistas señala que su propuesta "trata a todos los accionistas de manera igualitaria y les aporta un mayor valor al que recibirían" en caso de que se ejecutara el concurso.
Según lo detallado en la oferta definitiva, la estructura de capital estaría compuesta de la siguiente manera: el 82% del total pasaría a manos de los bonistas, después de haber canjeado deuda, la familia Martínez Sampedro se quedaría con el 14% y un 3,2% para los accionistas minoritarios, siguiendo la tendencia de otras empresas como Colonial.
En referencia a la afirmación de que la oferta final contraviene a la ley española y obliga al consejo de cometer fraude de ley, los bonistas aclaran que "la oferta definitiva establece en numerosas ocasiones, que la propuesta en ella contenida está sujeta a ley española, así como a cualquier otra ley aplicable". "De hecho, nosotros incluimos la celebración de la Junta como un compromiso necesario de la Sociedad", matiza.
Por último respecto a la reestructuración de la deuda, los bonistas se muestran sorprendidos después de comprobar que Codere no necesita 400 millones de euros en dinero nuevo. En la carta, los bonistas afirman que en un principio les llegaron a pedir hasta 500 millones. El objetivo de la inyección de liquidez propuesta por los tenedores de deuda es el dotar a la compañía del dinero necesario para evitar lo que está sucediendo en los últimos meses: impagos, incapacidad de cumplir con las obligaciones vencidas y el preconcurso.
Junto a la inyección de 400 millones, los bonistas están dispuestos a admitir una quita de 325 millones. Los acreedores confían en que la situación se desbloquee y se llegue a un acuerdo. De no ser así, la empresa entraría en concurso el 2 de mayo y a muy tardar en el plazo de dos años, los bonistas se harían con el negocio. Lo que quieren evitar con un acuerdo es que la compañía se erosione.
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