El Gobierno pagará la factura eléctrica

Hoy lunes acaba el plazo para que los miembros del consejo consultivo de la electricidad de la CNMC presenten sus alegaciones a la propuesta de real decreto por el que se establece la metodología del cálculo de los precios de la energía del pequeño consumidor. Un mecanismo que sustituirá a la subasta Cesur que, desde el minuto uno, ha puesto en pie de guerra a las eléctricas y las organizaciones de consumidores: las primeras lo han calificado de “bomba de relojería” y las segundas, de ilegal. El ambiente se ha enrarecido de tal manera que hay quien cree que el Gobierno retirará la propuesta.

 Frente a las subastas trimestrales que fijaban el precio de la energía de la tarifa de último recurso (ahora denominada precio voluntario al pequeño consumidor o PVPC) y estaban basadas en los mercados a plazos, Industria ha optado por un sistema que consiste en cobrar los precios de cada hora del mercado diario (spot) a los consumos en esas mismas horas.

Es en este punto cuando surge el primer gran problema. Como las comercializadoras solo conocen el consumo horario de los clientes con contadores de telemedida o telegestión y el mecanismo se ha de aplicar a todos los usuarios con PVPC (17 millones), a los que tienen contadores analógicos se les adjudicarán perfiles o curvas de consumo que elabora REE. En esta situación está la mayoría de los clientes, más de dos tercios, a los que aún no se les ha instalado un contador digital.

Hace unos cuatro años, el operador del sistema, a petición del Ministerio de Industria, comenzó a elaborar unos patrones de consumo de los clientes por horas en función de su tarifa de acceso o la potencia contratada (los domésticos tienen tres tarifas, aunque la mayoría están en la 2.0), cuya finalidad era acabar con los desfases en las liquidaciones del sistema y poder cerrarlas.

Estos perfiles no incentivan el ahorro:aunque un usuario pueda averiguar que en una hora determinada del día el precio del pool es muy bajo, no le merecerá la pena poner la lavadora, pues su consumo para dicha hora estará preestablecido.

Además, aplicar dos metodologías distintas a los consumidores es discriminatorio y, según distintas fuentes del sector, vulnerara la Ley del Sector Eléctrico, que establece en su artículo 44 que los precios que se apliquen a los consumidores deben ser “fáciles y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios”.

Tampoco los nuevos precios que propone el Gobierno son “claramente comparables”. Aunque la web de la CNMC habilitará un comparador para que el usuario cruce sus consumos con los precios del mercado y poder comprobar que se le ha facturado correctamente, los cálculos le serán del todo engorrosos y necesitará una hoja de excel. No en vano, en cada factura bimestral se aplicarán 1.440 precios (uno por cada hora) y quien quiera comprobar su factura deberá bajar de su contador la curva de consumo con esas miles de horas.

Según denunció la semana pasada la organización de consumidores Facua, la propuesta de Industria, a la que calificó de “aberrante”, va también contra la ley de defensa del consumidor, que considera abusivas “las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio”.

No más condescendientes se han mostrado las compañías eléctricas, que tendrán un mes de plazo, el de abril, para adaptar sus sistemas informáticos o, de lo contrario, serán sancionadas. El problema no es solo el plazo tan escaso que se les da, sino lo complicado del mecanismo en sí:aplicar millones y millones de curvas de consumo cada mes o cada dos meses “no hay sistema informático que lo soporte”, aseguran fuentes empresariales.

El Ministerio de Industria, que ha obviado las recomendaciones de las empresas del sector, a las que pidió a principios de enero opciones para sustituir a la subasta Cesur que anuló en diciembre, parece desconocer la mecánica de unas compañías poco ágiles y que deben atender a millones de puntos de suministro: entre cinco comercializadoras de referencia (propiedad de los grandes grupos eléctricos verticalmente integrados) se reparten los casi 17 millones de consumidores que aún ejercen su derecho a un precio regulado.

Según la opinión general, la medida es claramente electoralista. Al ser eliminada la alta prima de riesgo que los consumidores españoles han pagado con las subastas Cesur, el precio de la luz bajará este año un 3%, según los cálculos del Ministerio de Industria. Por su parte, al desaparecer las revisiones de los precios (los usuarios estarán ligados online a los precios del pool), desaparece cualquier noticia relativa a las subidas del recibo.

Sin embargo, que la luz baje en esa medida está por ver y el beneficio que se pueda derivar de un sistema tan complejo quizá no compense el desgaste de la paciencia de los consumidores cada vez más sesibilizados con todo lo relacionado con la electricidad. Todo ello sin descontar alguna sorpresa inesperada en los tribunales.

El Gobierno se ha echado en brazos de un pool ahora barato pero cuya volatilidad es conocida. Y aunque insiste en que lo va a reformar, sus modificaciones se van a centrar, según fuentes del sector, en los mercados de operación que gestiona REE (servicios complementarios, mercado de restricciones, etc.) con los que el operador aspira a tener más poder. El sistema español acaba de acoplarse al resto de Europa con un algoritmo único, lo que impedirá cualquier cambio relevante.